Regulación

El Gobierno de España ha aprobado un proyecto de ley que garantiza la supervisión humana y el uso confiable de la inteligencia artificial (IA) en el sector público. Esta normativa, que se adapta al Reglamento europeo de IA, establece un inventario de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos y promueve la transparencia algorítmica. Además, se crea un marco de gobernanza con autoridades encargadas de supervisar el cumplimiento normativo y se imponen sanciones para aquellos que no cumplan con las regulaciones. La ley también busca fomentar el buen uso de la IA en el sector público y exige responsabilidad a los responsables de IA que utilicen sistemas prohibidos por la Unión Europea. Este avance refuerza el liderazgo de España en la regulación y desarrollo ético de la inteligencia artificial.

El Ministerio de Derechos Sociales ha iniciado el proceso de información pública para un proyecto de real decreto que regulará los listados de animales de compañía permitidos en España. Este decreto establece criterios y procedimientos para la inclusión o exclusión de especies en estos listados, alineándose con normativas similares en otros países europeos. La iniciativa forma parte de la Ley de Bienestar Animal (Ley 7/2023) y busca garantizar el bienestar animal y combatir el comercio ilegal de especies exóticas. Se espera que el listado positivo se elabore con base en criterios técnicos y la evaluación del Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales.

El Congreso de los Diputados ha ratificado la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, la primera norma en España que regula estos servicios y establece estándares de calidad para proteger a los consumidores. Esta ley busca prevenir abusos como llamadas no consentidas, gastos inesperados y renovaciones automáticas sin autorización. Se aplicará a empresas que ofrezcan servicios básicos y obligará a las compañías a garantizar una atención al cliente accesible y eficaz, con plazos máximos de respuesta para reclamaciones. Además, prohíbe el uso de números de tarificación adicional y garantiza la transparencia en los costos y reseñas. La ley entrará en vigor el 27 de diciembre de 2025, con un plazo de adaptación de 12 meses para las empresas.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado una nueva norma para regular el 'sharenting', la práctica de compartir imágenes de niños en redes sociales por parte de sus padres. Esta iniciativa surge ante la necesidad de proteger la identidad digital de los menores y garantizar sus derechos en un entorno digital cada vez más presente. Rego destacó que la falta de regulación puede llevar a situaciones de violencia digital y ciberbullying, subrayando la importancia de diferenciar entre contenidos compartidos por familiares y aquellos con fines comerciales. La normativa también abordará la responsabilidad de las plataformas digitales en esta materia.

António Guterres, Secretario General de la ONU, advirtió al Consejo de Seguridad sobre los riesgos de una inteligencia artificial no regulada y enfatizó la necesidad de control humano en decisiones críticas, como el uso de armas. Durante su intervención, Guterres destacó que la IA tiene el potencial de mejorar la seguridad global, pero también puede ser utilizada para fines militares y desinformación. Propuso cuatro prioridades: mantener el control humano sobre la fuerza, establecer marcos normativos globales, proteger la integridad de la información y cerrar la brecha tecnológica entre países. Además, instó a prohibir sistemas de armas autónomas y a actuar rápidamente para regular esta tecnología antes de que sea demasiado tarde.

El Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, ha anunciado un cambio normativo para combatir las llamadas spam. Las nuevas enmiendas, registradas en el Congreso tras un acuerdo entre Sumar y PSOE, obligarán a las compañías telefónicas a identificar las llamadas comerciales con códigos específicos y a bloquear aquellas que no los utilicen. Además, se declararán nulos los contratos obtenidos mediante llamadas no consentidas y se exigirá la renovación del consentimiento cada dos años. Estas medidas buscan proteger los derechos de los consumidores y reducir el volumen de quejas sobre llamadas no deseadas.

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha abogado por una colaboración con potencias medias para establecer una "tercera vía tecnológica" y garantizar una inteligencia artificial (IA) confiable. Durante el I Encuentro Internacional de Derechos Digitales en Barcelona, destacó la importancia de regular la IA y las redes sociales, enfatizando que la discusión sobre derechos digitales es fundamentalmente política. López advirtió sobre los riesgos de concentrar el poder tecnológico en pocas manos y subrayó que España está avanzando en iniciativas como la Cartera de Derechos Digitales y regulaciones para proteger la privacidad y fomentar un desarrollo ético de la IA. La filósofa Carissa Véliz también participó en el debate, coincidiendo en que la regulación es esencial para asegurar que la tecnología sirva a la democracia y no al contrario.

El 80% de la población española apoya la prohibición de la publicidad de alimentos poco saludables dirigida a menores, según un barómetro del Ministerio de Consumo. El estudio también revela que el 91% de los encuestados está a favor de restringir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años. El ministro Pablo Bustinduy anunció que se presentará una propuesta normativa para regular esta publicidad, destacando su efecto nocivo en la salud infantil. La iniciativa busca alinearse con recomendaciones internacionales para combatir la obesidad infantil y proteger a los jóvenes de prácticas publicitarias perjudiciales.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo está promoviendo una nueva regulación dentro del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible para prohibir los incrementos abusivos de precios en situaciones de emergencia, como las denunciadas tras el accidente de tren en Adamuz. Esta normativa busca evitar que las empresas utilicen precios dinámicos para aumentar tarifas en momentos críticos. La regulación obligará a las compañías a informar con antelación sobre los precios, garantizando así la protección de los consumidores. Además, se recuerda a los pasajeros afectados por la suspensión del tráfico ferroviario sus derechos, incluyendo el acceso a transporte alternativo sin coste adicional y el reembolso de gastos razonables si no se ofrece dicha alternativa.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo, ha destacado la necesidad de regular la publicidad de alimentos insanos durante el lanzamiento de la campaña "Alimentemos otro mañana", presentada por la ministra de Sanidad, Mónica García. En un evento en Madrid, Bustinduy enfatizó que los niños reciben más de 10 anuncios diarios de estos productos, lo que contrasta con las iniciativas para promover hábitos saludables en los comedores escolares. Además, alertó sobre la brecha en la obesidad infantil según el nivel socioeconómico, subrayando que el bienestar infantil debe prevalecer sobre los intereses económicos de las grandes compañías.

Izquierda Unida ha solicitado al Ministerio de Transportes que aborde la problemática de la adjudicación de aparcamientos VIP en aeropuertos como Madrid, Barcelona y Málaga a empresas de VTC, lo que afecta negativamente al taxi tradicional. Los diputados Félix Alonso y Toni Valero han registrado una iniciativa en el Congreso para exigir soluciones ante este conflicto creciente, respaldando las demandas del sector del taxi que busca un entorno justo y equilibrado. Además, instan al Gobierno a aclarar su posición sobre la entrega de estas plazas a VTC y a considerar una regulación más justa entre taxis y plataformas como Uber.

La Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria ha presentado un proyecto de dictamen científico sobre el perclorato en los alimentos, actualizando la ingesta diaria tolerable a entre 0,3 y 1,4 microgramos por kilogramo de peso corporal. Este contaminante, que puede afectar la función tiroidea y el desarrollo neurológico en fetos y lactantes, se encuentra en productos agrícolas debido a prácticas industriales y agrícolas. La consulta pública durará ocho semanas, hasta el 11 de febrero de 2025, permitiendo la participación de interesados. La regulación actual establece límites máximos de perclorato en frutas y verduras, con estándares más estrictos para alimentos infantiles.