Carboneras

Greenpeace ha expresado su escepticismo tras la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carboneras, un paso considerado crucial para la demolición del hotel de El Algarrobico. Esta modificación reconoce que el terreno no era urbanizable al momento de la construcción del hotel, aunque Greenpeace advierte que el Ayuntamiento aún debe cumplir completamente con las sentencias judiciales pertinentes. La organización ecologista insta al consistorio a anular la licencia de obras y a finalizar el trámite de modificación del PGOU. Además, solicita a la Junta de Andalucía que inicie el proceso de expropiación de los terrenos ubicados en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, reafirmando su compromiso con la protección ambiental.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado la inminente demolición del hotel ilegal en la playa de El Algarrobico, Carboneras (Almería). Durante su visita al lugar, Montero afirmó que se pone fin a un grave atentado medioambiental y que el Consejo de Ministros aprobará una declaración de utilidad pública para facilitar la expropiación de los terrenos. Este proceso busca restaurar el paraje natural y eliminar un símbolo de depredación inmobiliaria que ha estado en pie durante más de 20 años, a pesar de las resoluciones judiciales en contra. Montero también hizo un llamado a la Junta de Andalucía para colaborar en la demolición total del hotel y recuperar el espacio natural en beneficio de todos los andaluces.

Greenpeace ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que el Ayuntamiento de Carboneras ha presentado información que podría facilitar la legalización de la licencia de obras del hotel Algarrobico. A pesar de una sentencia judicial que obliga a revisar dicha licencia, el consistorio ha utilizado un plano que clasifica la zona como urbanizable, a pesar de que múltiples procedimientos judiciales han declarado nula esta clasificación. Greenpeace considera que esta acción es un intento del ayuntamiento por eludir el cumplimiento de las sentencias y se ha personado en el expediente para supervisar el proceso y asegurar que se respeten las decisiones judiciales previas.