El 1 de julio de 2026, se implementó una reforma del Real Decreto-ley 7/2026 que refuerza el control sobre el mercado de carburantes en España. Esta reforma, impulsada por el Ministerio de Consumo, establece la creación de una lista pública para identificar gasolineras que se benefician indebidamente de ayudas estatales, como descuentos en el precio del combustible. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervisará los márgenes de beneficio de todas las estaciones para detectar aumentos injustificados en los precios. Las gasolineras deberán habilitar canales de reclamación accesibles y proporcionar información sobre distribuidores mayoristas cuando sea necesario. Este mecanismo busca proteger los derechos del consumidor y permitirles presentar reclamaciones efectivas.
En España, el número de hogares que poseen un inmueble ha disminuido un 22% en los últimos 14 años, pasando del 79% al 63,9%. Este descenso se acompaña de un aumento del 63% en los hogares sin propiedades y del 54% en aquellos con dos o más inmuebles. La propiedad se está concentrando cada vez más en manos de grandes tenedores, quienes han cuadruplicado su patrimonio inmobiliario. El informe del Ministerio de Consumo y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas destaca una creciente desigualdad patrimonial, donde la dualización social se intensifica: menos hogares acceden a la propiedad mientras crece el número de multipropietarios.
El 61% del mercado de alquiler en España está controlado por multiarrendadores, que incluyen tanto particulares con múltiples propiedades como personas jurídicas. Un informe del Ministerio de Consumo y el CSIC revela que solo el 39% de las viviendas alquiladas pertenecen a pequeños caseros con una única propiedad. En las grandes ciudades, la concentración de multiarrendadores es aún mayor, alcanzando hasta el 65% en Las Palmas. En la última década, los multiarrendadores han aumentado su número de viviendas en alquiler un 39,9%, superando significativamente el crecimiento del pequeño casero. Este cambio en la dinámica del mercado refleja un desplazamiento hacia arrendadores con carteras más amplias, consolidando su dominio en el sector.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado que Airbnb debe pagar una multa de 64.055.311 euros impuesta por el Ministerio de Consumo debido a la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia y prácticas comerciales engañosas. La sanción fue firmada en diciembre de 2025 tras identificar infracciones en más de 65.000 anuncios, lo que llevó a la retirada de estos por parte de la plataforma. A pesar del recurso presentado por Airbnb para suspender el pago, el tribunal ha denegado la solicitud, obligando a la empresa a cumplir con la multa.
El Ministerio de Consumo de España ha anunciado un nuevo Real Decreto que garantiza que al menos el 80% de los productos en las máquinas vending de hospitales y residencias sean saludables. Esta medida busca limitar la presencia de ultraprocesados y alimentos poco saludables, que solo podrán ubicarse en filas de menor visibilidad. Entre los productos permitidos se incluyen agua, leche, frutas, frutos secos no fritos, zumos y yogures sin azúcares. Además, se implementarán fuentes de agua potable gratuita y las bebidas calientes se servirán sin azúcar por defecto. Esta normativa responde a la creciente preocupación por el aumento del consumo de ultraprocesados en el país y busca promover una alimentación más saludable en entornos sanitarios.
El Ministerio de Consumo, junto a Bélgica, Países Bajos y Noruega, ha lanzado una iniciativa para que 21 aerolíneas europeas modifiquen su publicidad medioambiental engañosa. Esta acción busca combatir el "greenwashing" y garantizar que las aerolíneas proporcionen información clara sobre sus emisiones de CO2. Las compañías afectadas deberán evitar afirmaciones engañosas, justificar el uso de combustibles sostenibles y ser transparentes en sus declaraciones ambientales. La supervisión se extenderá a todas las aerolíneas con vuelos en la UE, promoviendo la transparencia y el cumplimiento normativo en sus prácticas comerciales.
El Ministerio de Consumo y la ACB han firmado un convenio para combatir las apuestas deportivas ilegales en España. La ACB, la principal liga de baloncesto del país, se une al Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA), una red que promueve la cooperación para prevenir el fraude y la manipulación en competiciones deportivas. Este acuerdo, firmado por Mikel Arana y José Miguel Calleja, refuerza el compromiso de ambas entidades con la transparencia y la integridad del deporte. La DGOJ ya ha colaborado previamente con otras federaciones deportivas, destacando su intención de seguir incorporando nuevos actores para mejorar la eficacia en la detección de fraudes.
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El Gobierno de España ha aprobado un nuevo sistema de límites conjuntos de depósito para reforzar la seguridad de los jugadores online, mediante un Real Decreto propuesto por el Ministerio de Consumo. Este sistema establece límites globales para los depósitos realizados por persona en plataformas de juego online, fijando un máximo de 700 euros diarios, 1.750 euros semanales y 3.300 euros cada cuatro semanas. La Dirección General de Ordenación del Juego gestionará esta normativa, que busca prevenir el juego problemático y proteger a los usuarios, especialmente aquellos que juegan en múltiples operadores. Además, se actualizarán aspectos técnicos de la regulación del juego online y se mejorará la información sobre herramientas de juego seguro disponibles para los usuarios.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado una carta a 541 empresas que gestionan más de 50 viviendas cada una, recordándoles la obligación de aceptar la prórroga de los contratos de alquiler solicitada por los inquilinos. Esta medida se enmarca dentro del Real Decreto-ley 8/2026, que establece que los arrendatarios con contratos que expiren entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 pueden renovar sus contratos por un máximo de dos años adicionales. La normativa busca proteger a los inquilinos ante las consecuencias económicas actuales. Según un informe, el 61% del mercado del alquiler está en manos de multiarrendadores, lo que resalta la importancia de estas medidas para garantizar derechos en el sector inmobiliario.
El Ministerio de Consumo ha activado por tercer año consecutivo el Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS) en respuesta al aumento de fraudes en el juego online, con más de 8.600 denuncias registradas en 2025, un incremento del 12% respecto al año anterior. Este protocolo facilita los trámites para quienes han sido víctimas de suplantación de identidad y se ha habilitado una web específica que ofrece orientación sobre cómo denunciar y regularizar la situación ante la Agencia Tributaria. La mayoría de los casos se concentran en apuestas, representando el 85% de las denuncias, y se ha identificado un aumento significativo en el uso fraudulento de bonos de bienvenida. Además, el servicio Phishing Alert permite a los usuarios recibir notificaciones sobre intentos de registro no autorizados en plataformas de juego.
El 80% de la población española apoya la prohibición de la publicidad de alimentos poco saludables dirigida a menores, según un barómetro del Ministerio de Consumo. El estudio también revela que el 91% de los encuestados está a favor de restringir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años. El ministro Pablo Bustinduy anunció que se presentará una propuesta normativa para regular esta publicidad, destacando su efecto nocivo en la salud infantil. La iniciativa busca alinearse con recomendaciones internacionales para combatir la obesidad infantil y proteger a los jóvenes de prácticas publicitarias perjudiciales.
El Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, ha anunciado la retirada de alimentos ultraprocesados de los menús infantiles en hospitales y residencias de mayores. Esta medida forma parte de un nuevo Real Decreto que busca garantizar una alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes ingresados. Además, se excluyen estos productos de las cafeterías y comedores públicos en estos centros. La normativa sigue el modelo del Real Decreto de Comedores Escolares aprobado anteriormente, que asegura que las comidas en colegios cumplan con recomendaciones sanitarias. Bustinduy destaca que el creciente consumo de ultraprocesados representa una amenaza para la salud pública y la sostenibilidad ambiental, subrayando la necesidad de crear entornos alimentarios saludables. En España, el consumo de estos alimentos ha aumentado drásticamente en las últimas dos décadas.
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo, se reunió con un grupo de jóvenes del Colectivo de Acción para el Juego y la Educación (CAJE) para discutir los efectos de la publicidad de alimentos poco saludables en la infancia. Este encuentro se produce tras el anuncio del ministerio sobre la protección de niños y adolescentes frente a esta publicidad, que impacta negativamente en sus hábitos alimentarios y salud. Más del 80% de los anuncios dirigidos a este grupo son de productos insanos, lo que agrava problemas como la obesidad, especialmente en contextos de pobreza. La reunión busca fomentar un diálogo para promover una publicidad más justa y saludable.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha anunciado la eliminación de más de 4.000 anuncios ilegales de pisos turísticos por parte de Booking, tras un requerimiento oficial. La mayoría de estos anuncios estaban ubicados en las Islas Canarias, un destino turístico muy popular. Esta acción se enmarca en la lucha del gobierno contra la publicidad ilícita relacionada con alojamientos turísticos, que afecta el acceso a la vivienda en España. El ministro Pablo Bustinduy destacó la importancia de regular este sector para proteger a los consumidores y garantizar la legalidad en la oferta de alojamiento. La medida sigue a una reciente decisión judicial que respaldó acciones similares contra Airbnb, donde se ordenó retirar más de 65.000 anuncios ilegales.
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