El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado un paso significativo en la regulación del alquiler turístico al requerir a Booking la eliminación de anuncios ilegales. Este primer requerimiento, enviado por el ministro Pablo Bustinduy, alertó a la multinacional sobre la existencia de publicidad ilícita en su plataforma relacionada con alojamientos turísticos.
Como resultado de esta acción, Booking ha procedido a retirar un total de 4.093 anuncios ilegales, siendo la mayoría de estos alojamientos situados en las Islas Canarias, uno de los destinos turísticos más concurridos del país. Esta medida se inscribe dentro de una estrategia más amplia del Ministerio para combatir la proliferación descontrolada de este tipo de ofertas, que según Bustinduy, contribuyen a las dificultades de acceso a la vivienda que enfrentan muchos ciudadanos españoles.
Acciones coordinadas contra la ilegalidad
La intervención del Ministerio llega apenas una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid respaldara nuevamente una orden similar dirigida a Airbnb, obligando a esta plataforma a eliminar más de 65.000 anuncios ilegales. Este respaldo judicial refuerza la posición del gobierno en su lucha contra la publicidad engañosa y no regulada en el sector turístico.
Aparte de los anuncios eliminados en Canarias, Booking también ha retirado publicaciones en otras comunidades autónomas como Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha. Desde el Ministerio se ha destacado la colaboración activa que ha mantenido Booking tras el requerimiento inicial para asegurar que sus anuncios cumplan con las normativas vigentes y ofrezcan garantías adecuadas a los consumidores.
Infracciones comunes detectadas
Tanto los anuncios eliminados por Booking como aquellos denunciados a Airbnb han sido identificados como infractores por diversas razones. Entre las más comunes se encuentran:
- Falta del número de licencia o registro: Un requisito esencial establecido por varias normativas autonómicas.
- Números de licencia incorrectos: Algunos anuncios presentaban números que no correspondían a los emitidos por las autoridades competentes, lo que puede inducir a error a los consumidores.
- No especificar la naturaleza jurídica del arrendador: Es fundamental para determinar si el arrendador es un profesional o un particular, lo cual afecta directamente los derechos del consumidor.
Con estas acciones, el Ministerio reafirma su compromiso con una regulación efectiva del sector turístico y busca proteger los derechos de los consumidores frente a prácticas comerciales desleales.
La noticia en cifras
Cifra |
Descripción |
4,093 |
Anuncios ilegales eliminados por Booking |
65,000 |
Anuncios ilegales requeridos a Airbnb para eliminar |
5,800 |
Anuncios incluidos en el primer requerimiento a Airbnb |
65,935 |
Total de anuncios detectados como ilícitos por la Unidad de Análisis de Consumo en relación a Airbnb |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué acción tomó el Ministerio de Consumo respecto a Booking?
El Ministerio de Consumo envió un requerimiento a Booking informando sobre publicidad ilícita en su plataforma y solicitó la eliminación de estos anuncios. Como resultado, Booking retiró 4.093 anuncios ilegales, principalmente ubicados en las Islas Canarias.
¿Cuál es la importancia de esta acción del Ministerio?
Esta acción es parte de la lucha del Ministerio contra la publicidad ilegal de pisos turísticos, que se considera una causa de las dificultades en el acceso a la vivienda en España, especialmente en áreas con alta afluencia turística.
¿Qué otros casos similares han ocurrido recientemente?
Una semana antes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldó una orden similar para Airbnb, requiriendo la retirada de más de 65.000 anuncios ilegales.
¿Cuáles son algunas infracciones comunes encontradas en los anuncios ilegales?
- No incluir el número de licencia o registro requerido por normativas autonómicas.
- Incorporar números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades.
- No indicar la naturaleza jurídica de los arrendadores (profesionales o particulares).