El Consejo de Ministros aprueba el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud
El Gobierno ha dado un paso significativo en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Este texto legislativo, que se encuentra en su segunda vuelta, busca consolidar la gestión directa como la modalidad preferente en la prestación sanitaria, derogando así la Ley 15/1997, que facilitó la introducción de nuevas formas de gestión privada en el sistema sanitario.
Con este nuevo proyecto, se establece la gestión directa como el pilar fundamental del SNS, llevándose a cabo a través de administraciones públicas, entidades del sector público o consorcios. La derogación de la ley anterior responde a un objetivo claro: eliminar las vías que permitieron una mayor privatización en el ámbito sanitario. Según los fundamentos expuestos por el Gobierno, diversos estudios científicos respaldan que la gestión pública asegura una mayor equidad en el acceso y mejores resultados en salud, al tiempo que promueve un control más riguroso y transparente del gasto público.
Mecanismos de control y evaluación
La nueva normativa establece que la gestión indirecta de servicios sanitarios será considerada únicamente en circunstancias excepcionales. Para justificar esta opción, las administraciones deberán demostrar objetivamente que no es viable la prestación directa y asegurar que el método elegido sea sostenible y eficiente.
Entre los mecanismos de control incluidos en el proyecto destacan:
- Evaluación previa obligatoria: Se crearán órganos compuestos por expertos, profesionales sanitarios y representantes de la sociedad civil. Estos grupos elaborarán informes sobre si la gestión indirecta cumple con los requisitos establecidos por la ley. Las administraciones deberán considerar estos informes antes de tomar decisiones. El Consejo Interterritorial del SNS establecerá directrices para garantizar criterios homogéneos en estos análisis.
- Informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE): Este informe será obligatorio para contratos de concesión, asegurando así su sostenibilidad financiera y evitando estimaciones poco realistas que puedan afectar negativamente a la atención sanitaria.
- Preferencia por el sector social: En caso de empate durante las licitaciones, se priorizarán las entidades sin ánimo de lucro.
Transparencia y apoyo a la reversión
La ley también introduce medidas orientadas al buen gobierno. Se exigirá la publicación anual de indicadores relacionados con los resultados en salud para todos los centros sanitarios, sin importar su modelo de gestión. Además, se brindará asesoramiento técnico desde la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad a aquellas administraciones que deseen recuperar servicios bajo gestión pública directa.
En un plazo máximo de un año, el Ministerio elaborará un informe evaluativo sobre las distintas experiencias de gestión implementadas en España desde 1997. Este documento será elaborado por un grupo especializado compuesto por representantes públicos y expertos en evaluaciones, incluyendo también a organizaciones que representan a pacientes.
Seguridad jurídica garantizada
El Proyecto incluye un régimen transitorio para asegurar la seguridad jurídica: los contratos y concesiones ya vigentes continuarán bajo las normativas anteriores hasta su finalización. Una vez que sea aprobada definitivamente por las Cortes, se espera que esta ley entre en vigor veinte días después de su publicación oficial.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud?
Es una norma que busca consolidar la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria, derogando la Ley 15/1997 que permitió la entrada de gestión privada en el sistema sanitario.
¿Cuáles son los objetivos principales de esta ley?
El objetivo principal es garantizar la prioridad de la gestión pública y asegurar un sistema sanitario universal, equitativo y de calidad.
¿Qué cambios introduce respecto a la gestión indirecta de servicios sanitarios?
La gestión indirecta se considera excepcional y las administraciones deben justificar objetivamente su uso, asegurando que sea sostenible y eficiente.
¿Qué mecanismos de control se implementan con esta ley?
Se crearán órganos con expertos para evaluar la gestión indirecta, será obligatorio un informe de sostenibilidad financiera por parte de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) y se priorizará a entidades sin ánimo de lucro en caso de empate en licitaciones.
¿Cómo se garantiza la transparencia en el sistema sanitario?
La ley exige la publicación anual de indicadores de resultados en salud para todos los centros, independientemente del modelo de gestión. Además, se brindará apoyo técnico para recuperar servicios a la gestión pública directa.
¿Qué pasará con los contratos ya existentes bajo la normativa anterior?
Los contratos y concesiones en ejecución se regirán por la normativa anterior hasta su vencimiento, garantizando así seguridad jurídica durante el periodo transitorio.
Si (
No(
