Acuerdan repartir 69,2 millones entre las comunidades para el sector agrario y la sanidad animal

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural acordó distribuir 69,2 millones de euros de fondos agrarios entre las comunidades autónomas. De ese total, 50.174.300 euros proceden de la reserva agrícola de la Unión Europea asignada a España.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destinará esos fondos europeos a apoyar a agricultores y ganaderos afectados por el aumento de los costes de producción derivado de la crisis en Oriente Próximo. El Gobierno ha optado por ponerlos a disposición de las comunidades autónomas, en lugar de crear una nueva ayuda centralizada, para que complementen con mayor flexibilidad las medidas ya aprobadas y atiendan necesidades específicas de sus territorios.

La financiación de emergencia está dirigida a agricultores cuya viabilidad económica se haya visto afectada por la crisis. Los recursos deberán compensar, teniendo en cuenta las pérdidas económicas sufridas, el incremento de los costes de los fertilizantes, de la energía o de ambos.

Distribución y condiciones de las ayudas

El fondo de reserva se suma al Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, financiado con fondos estatales mediante el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo. El plan incluye medidas específicas para los sectores agrario y pesquero que, con las dos prórrogas aprobadas, suman 1.174 millones de euros.

La normativa no establece un modelo único: cada comunidad autónoma podrá decidir qué sectores, superficies y beneficiarios recibirán su asignación. También podrá reforzar el apoyo a explotaciones ya atendidas por la ayuda estatal o poner en marcha otras actuaciones si detecta necesidades adicionales. Las autonomías podrán añadir fondos propios por un importe de hasta el 200 % de la asignación recibida de la reserva agrícola.

Las ayudas podrán cubrir hasta el 100 % de los sobrecostes justificados de fertilizantes y energía. Deberán evitarse distorsiones del mercado y la sobrecompensación por otras ayudas nacionales o europeas destinadas a los mismos costes. El reparto de los 50,1 millones se calculó a partir de la superficie agraria útil de 2024 comunicada a Eurostat, una fuente estadística oficial y homogénea que incluye todas las orientaciones productivas.

Plazos y fondos para sanidad animal

Todas las comunidades autónomas manifestaron su interés en utilizar los fondos y su conformidad con las asignaciones comunicadas. España trasladó a la Comisión Europea, el 30 de septiembre de 2026 y dentro del plazo previsto, las condiciones de las medidas propuestas por las autonomías.

Las ayudas de la reserva agrícola deberán pagarse como máximo el 28 de febrero de 2027. La financiación complementaria que aporten las comunidades podrá abonarse hasta el 31 de mayo de 2027.

La Conferencia Sectorial acordó además distribuir 19,1 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar actuaciones de control y erradicación de enfermedades animales. El Consejo de Ministros autorizó este reparto el 20 de octubre de 2026.

Actuaciones contra enfermedades animales

Entre las medidas financiadas figura el apoyo al programa nacional de control y erradicación de la tuberculosis bovina, para compensar la falta de cofinanciación europea. También se cubrirán indemnizaciones tramitadas en 2026 por la gestión de focos de influenza aviar y dermatosis nodular contagiosa (DNC). Estas actuaciones incluyen el vaciado sanitario de explotaciones y la aplicación de vacunas frente a la DNC, con una colaboración financiera del 50 %.

Los fondos respaldarán asimismo la adquisición de vacunas contra la lengua azul en territorios donde se detectó circulación de nuevos serotipos durante 2024: Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia.

Desde 2018, el importe total distribuido en apoyo a la lucha contra las enfermedades animales ha alcanzado los 142 millones de euros, según la información facilitada por el Gobierno.

Futura política agraria común

En el Consejo Consultivo de Política Agraria y Pesquera Común, celebrado también el 21 de octubre, el ministro informó de la posibilidad de que el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea alcance un acuerdo político la semana siguiente sobre la futura Política Agraria Común (PAC) para 2028-2032.

La última propuesta de la Presidencia irlandesa recoge la aspiración de España de obtener una dotación equivalente a la del periodo actual. Para ello contempla dos mecanismos que podrían complementar la asignación inicial; su aplicación deberá decidirse en el ámbito europeo o nacional.

Pesca y acuerdos comerciales

El Consejo de Ministros de la semana siguiente analizará el informe de la Comisión Europea sobre simplificación, aplicación y ejecución de la política pesquera. Según el ministro, el documento no refleja avances suficientes. España reclama que la Comisión avance cuanto antes en la adopción de Totales Admisibles de Captura (TAC) y cuotas plurianuales, y adelante las decisiones para que la flota no tenga que esperar hasta diciembre para conocer sus posibilidades de pesca y pueda contar con más previsibilidad y estabilidad. También pide abordar la modificación del plan plurianual del Mediterráneo.

España insiste asimismo en simplificar el reglamento de control y la Política Pesquera Común, en particular en cuestiones relacionadas con la renovación de la flota, el relevo generacional y la reducción de cargas burocráticas para acceder a líneas de financiación.

En cuanto a los acuerdos comerciales con países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, entre ellos Filipinas, España mantiene una posición defensiva respecto de las conservas y preparados de atún. El Gobierno considera que son productos especialmente sensibles para el país y que cualquier acceso preferencial al mercado europeo debe estar condicionado al cumplimiento de requisitos en ámbitos como la sostenibilidad medioambiental y pesquera y la lucha contra la pesca ilegal.

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