El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de Umbrales, que regula la convocatoria de las becas y ayudas al estudio para el curso 2023-2024. El presupuesto estimado es de 2.520 millones de euros, un nuevo máximo histórico que refleja una de las prioridades del Gobierno: que ningún alumno abandone los estudios por razones económicas. La inversión en esta partida ha aumentado un 70% desde el último año del Ejecutivo anterior. La cuantía media de las ayudas será de 1.730 euros para los estudiantes no universitarios y de 3.130 euros para los universitarios.
Entre las novedades de la convocatoria, figura el incremento de 1.600 a 2.500 euros en las becas de residencia para estudios postobligatorios, que beneficiará a unos 125.000 alumnos y alumnas, en especial a los de entornos rurales que deben desplazarse a otras localidades para poder estudiar. Además, habrá una ayuda universal de 400 euros para los estudiantes de niveles educativos no universitarios que acrediten una discapacidad de, al menos, un 33%, trastorno grave de conducta, de la comunicación o el lenguaje o del espectro autista, con el fin de sufragar los gastos adicionales que sus familias deben afrontar. A partir del mes de marzo, los estudiantes podrán ya presentar las solicitudes de becas.
El Ejecutivo ha aprobado también el proyecto de ley que regula las Enseñanzas Artísticas, un sector integrado por 689 centros públicos y privados, 14.000 docentes y 140.000 estudiantes. La reforma facilita la simultaneidad de estudios y de la actividad profesional e investigadora de los alumnos y los docentes. Además, garantiza la homologación de las titulaciones y su incorporación al Espacio Europeo de la Educación Superior, en el caso de las enseñanzas superiores, y al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, en el caso de las enseñanzas profesionales.
El proyecto se tramitará de forma urgente para que quede aprobado antes del final de la legislatura. Junto a las leyes de Educación, Formación Profesional, Universidades y Ciencia, completa la reforma de todo el sistema educativo.
Por otra parte, en el Consejo de Ministros se ha presentado un informe preliminar de evaluación sobre los nuevos gravámenes temporales que se pusieron en marcha para empresas energéticas y para las entidades de crédito. Ayer, concluido el plazo para el primer pago anticipado, las empresas tenían que avanzar el 50% de la cuota prevista para todo el año. El primer pago en el gravamen energético ha sumado 817,4 millones; en el caso de la banca, son 637,1 millones. Esto anticipa una recaudación real anual de ambos impuestos superior a los 2.900 millones.
Igualmente, el Gabinete ha aprobado el Programa Nacional de Reasentamientos de Refugiados en España para 2023, por el que se dispone la acogida de hasta 1.200 personas refugiadas procedentes de países afectados por conflictos o graves crisis humanitarias. En 2022, cuando se fijó el mismo número máximo, 1.112 personas fueron reasentadas en España, la gran mayoría sirios procedentes del Líbano. España acogerá a principios de mayo a un primer grupo de más de un centenar de afectados por el terremoto de Siria y Turquía.
El Gobierno ha aprobado, además, el reparto entre las comunidades y las ciudades autónomas de 190 millones de euros para el desarrollo del Plan Corresponsables, que busca facilitar la conciliación de las familias y crear empleo de calidad en el ámbito de los cuidados.