Entre ellos, la solicitud a las Cortes Generales de la celebración de una sesión extraordinaria para el juramento de la princesa Leonor de Borbón y Ortiz de la Constitución Española, los derechos de la ciudadanía, las CC.AA. y Su Majestad el Rey.
Además, en relación a la ronda de contactos de cara a la investidura de Pedro Sánchez, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ha asegurado que “se celebrará antes del 27 de noviembre”. “Cualquier acuerdo que adoptemos será impecable desde el punto de vista constitucional”, ha recalcado.
Asimismo, el ministro Bolaños ha hecho hincapié en que “somos muy discretos y que cuando lleguemos y alcancemos acuerdos y pactos se explicarán con toda transparencia y claridad para que lo conozca la sociedad española”.
En ese contexto, ha reiterado que “trabajamos en que haya Gobierno porque es esencial para los ciudadanos para adoptar medidas sociales, que avanza en derechos, sube el SMI y garantiza que España sea una potencia en energías renovables y garantiza derechos de hombres y mujeres”.
Finalmente, el ministro ha subrayado que “queremos hablar de un gobierno que consigue que España siga avanzando” y ha criticado que “algunos tienen prisa, pero estamos trabajando en que haya gobierno estable en España para seguir avanzando cuatro años más por el bien de la ciudadanía”.
Protección del litoral y de la Constitución
Por su parte, la portavoz ha anunciado que el Gobierno va a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra una ley aprobada por la Comunidad Autónoma de Galicia. Concretamente, la Ley 4/2023, de 6 de julio de Ordenación y Gestión Integral del Litoral en Galicia. Según Isabel Rodríguez, el Ejecutivo ha entendido que hay diferentes argumentos para tomar esta decisión. El informe del Consejo de Estado al respecto supone un aval para las tesis del Ejecutivo, que considera que se deben impugnar 31 artículos de la ley, un 40% de la misma.
La ministra portavoz ha explicado que, en primer lugar, esta ley autonómica invade competencias exclusivas del Estado a la hora de gestionar el dominio público marítimo y terrestre así como en materia de pesca en aguas exteriores. “No hay ninguna duda en el dictamen emitido por el Consejo de Estado” al respecto, ha asegurado la responsable de Política Territorial. En segundo lugar, el Gobierno gallego se ha arrogado otras competencias que no están contempladas en el Estatuto de Autonomía de Galicia en materia de costas.
Por último, el tercer motivo para que el Gobierno lleve al Constitucional esta ley es la disminución en la protección de las costas por debajo de lo que establecen las competencias estatales. Isabel Rodríguez ha recordado que las Comunidades “pueden aumentar la protección del litoral que establece el Estado, pero nunca reducir esa protección”.
La voluntad del Gobierno ha sido el diálogo permanente. “Podemos presumir de haber alcanzado muchos acuerdos en esta legislatura: 165 acuerdos totales con las Comunidades, 15 parciales, un total de 180”. Esto quiere decir que el Ejecutivo ha evitado 180 recursos al Tribunal Constitucional en los últimos años. “Cuando se producen excepciones y una Comunidad se arroga competencias que son del Estado, el Gobierno tiene que velar por el cumplimiento de la Constitución”.
Además, Rodríguez ha anunciado un acuerdo de colaboración entre los ministerios de Defensa y Educación con diferentes Autonomías para incorporar contenidos de Formación Profesional en los centros docentes militares. “Estamos mejorando la reinserción en el mercado laboral”, ha explicado Rodríguez. La ministra ha dado cuenta también del acuerdo para la reforma del Cuartel de la Guardia Civil en Cartagena, una obra que “demuestra el compromiso del Gobierno con la Guardia Civil” y que viene precedido de un aumento de los salarios, de inversiones en infraestructuras por encima de los mil millones de euros y por haber cubierto todas las plazas destruidas durante el Gobierno de Rajoy. También se ha autorizado este martes el presupuesto para las obras de construcción de la plataforma del segundo proyecto de la línea de alta velocidad Antequera-Granada, cuya licitación será inminente.
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