Alquileres

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) se reunió con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, para discutir la crisis de vivienda en España y la necesidad de proteger a las personas vulnerables. La PAH destacó la importancia de prorrogar los contratos de alquiler y solicitó una moratoria para frenar los desahucios, que han aumentado significativamente. Bustinduy apoyó estas iniciativas y reconoció el trabajo de la PAH en la movilización y asesoría a inquilinos. La reunión subrayó la urgencia de abordar el acceso a la vivienda ante el incremento de las rentas y desalojos.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha iniciado una investigación sobre anuncios de viviendas en alquiler en grandes portales inmobiliarios que podrían estar ofreciendo precios superiores a los regulados por la nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Esta ley exige que los anuncios incluyan información clara sobre los precios de alquiler en zonas tensionadas, así como el precio del último contrato para particulares. El incumplimiento puede considerarse una práctica desleal y acarrear sanciones. La medida busca garantizar la transparencia en el mercado inmobiliario y proteger a los consumidores.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan más de 100.000 viviendas en España, recordándoles la obligación de aceptar la prórroga de los contratos de alquiler solicitada por los inquilinos. Esta medida se enmarca en el Real Decreto-ley 8/2026, que establece que los inquilinos con contratos que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 tienen derecho a renovar su contrato por dos años adicionales bajo las mismas condiciones. La comunicación busca asegurar el cumplimiento inmediato de estas normativas en el sector del alquiler.

El Ministerio de Vivienda de España ha lanzado una campaña informativa para la activación del registro único de alquileres de corta duración, que comenzará el 1 de julio de 2025. Esta iniciativa posiciona a España como el primer país en adaptar la normativa europea destinada a combatir el fraude en los alquileres turísticos, promoviendo así un acceso más equitativo a viviendas dignas.