Biodiversidad

Organizaciones de la sociedad civil han expresado su oposición a las ampliaciones de aeropuertos incluidas en el Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031 (DORA III), recientemente aprobado por el Gobierno español. Estas ampliaciones, que implican inversiones récord de casi 13 mil millones de euros, son consideradas incompatibles con los objetivos climáticos del país y se prevé que tengan efectos negativos sobre la biodiversidad y la salud pública. Las entidades firmantes demandan una reevaluación crítica de estos planes y abogan por un modelo de movilidad sostenible que priorice alternativas menos contaminantes, en un contexto de crisis climática y energética.

Una treintena de organizaciones sociales y ecologistas han formado la Alianza por la Restauración de la Naturaleza en España, con el objetivo de situar la recuperación ecológica en el centro de las políticas públicas. Esta iniciativa surge en respuesta a la crisis ecológica y climática, promoviendo un ambicioso Plan Nacional de Restauración que debe ser aprobado antes de septiembre de 2026, conforme al Reglamento Europeo que exige restaurar al menos el 20% de los ecosistemas degradados para 2030. La alianza busca transformar la restauración en una política estructural, abordando las causas profundas de la crisis ambiental y fomentando una cultura de sensibilización y educación sobre la restauración ecológica. Además, destaca el potencial de esta recuperación como motor de empleo verde y revitalización del medio rural.

Las principales organizaciones ambientales de España, incluyendo Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han solicitado a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, que no modifique la Directiva Marco del Agua. Estas entidades expresan su preocupación por la desregularización ambiental y la posible reducción de estándares que podrían comprometer la calidad de los ecosistemas acuáticos y la protección de hábitats y especies. Además, advierten sobre iniciativas legislativas que podrían debilitar normativas clave para la biodiversidad y el medio ambiente. Las organizaciones piden un refuerzo de las regulaciones existentes para asegurar una transición ecológica efectiva.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de España ha lanzado su primera campaña de concienciación sobre el cambio climático, titulada "Cambio climático, el gran desafío de vuestra era". Esta iniciativa busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de actuar colectivamente ante la crisis climática, destacando el papel crucial de la ciencia, la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad. La campaña, que cuenta con un presupuesto de dos millones de euros, se difundirá en redes sociales, medios digitales y tradicionales. La vicepresidenta del Gobierno, Sara Aagesen, enfatizó que somos la última generación con capacidad real para frenar los efectos del cambio climático.

El Congreso de España ha reafirmado su compromiso en la lucha contra el cambio climático al aprobar una iniciativa socialista en la Comisión de Transición Ecológica, enfocándose en la participación del país en la COP 30. La portavoz socialista Isabel Pérez destacó que el cambio climático ya está causando muertes y que es crucial centrar la salud pública en las políticas climáticas. La proposición busca mantener la ambición de España en la Unión Europea y promover acciones para restaurar ecosistemas y fomentar energías renovables. Además, se aprobó otra iniciativa para proteger al visón europeo, considerado el mamífero más amenazado del continente, subrayando la importancia del compromiso político y social para evitar su extinción.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha lanzado una convocatoria de ayudas de 28,5 millones de euros para la renaturalización y restauración ecológica en el ámbito agrario del entorno de Doñana. Esta iniciativa busca apoyar al sector agrícola en su transición ecológica, permitiendo la renaturalización y reforestación de hasta 400 hectáreas. Las solicitudes estarán abiertas hasta el 15 de enero de 2026 y están dirigidas a titulares de derechos sobre terrenos agrícolas en los 14 municipios cercanos a Doñana. Las ayudas pueden cubrir hasta el 100% de los costes, con un máximo de 70.000 euros por hectárea. Esta acción forma parte del Marco Socioeconómico de Actuaciones para Doñana, que prevé una inversión total de 745,3 millones hasta 2028 para garantizar un desarrollo sostenible en la región.

España enfrenta 141 riesgos climáticos que impactan la salud, la economía y la biodiversidad, según la Evaluación de Riesgos e Impactos del Cambio Climático (ERICC-2025) presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica. De estos riesgos, 51 son considerados clave por su gravedad y 17 tienen baja reversibilidad, lo que podría resultar en pérdidas permanentes si no se toman medidas urgentes. El informe destaca el aumento de fenómenos extremos como olas de calor, sequías y lluvias torrenciales, afectando especialmente a comunidades vulnerables. Se prevé un aumento significativo de las temperaturas y del nivel del mar, así como un incremento en el riesgo de incendios forestales en la cuenca mediterránea.

España ha enviado a la Comisión Europea su proyecto de Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Este plan establece medidas para restaurar ecosistemas terrestres, marinos y urbanos, así como para recuperar poblaciones de polinizadores. El documento se basa en un proceso de participación pública que recibió más de 26,500 aportaciones y busca cumplir con los objetivos del Reglamento europeo sobre restauración de la naturaleza. Las acciones propuestas incluyen la mejora de hábitats, la recuperación de ríos y ecosistemas agrarios, y el aumento de espacios verdes en áreas urbanas. Con esta iniciativa, España reafirma su compromiso con la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental.

Una treintena de organizaciones sociales y ecologistas han creado la Alianza por la Restauración de la Naturaleza en España, con el objetivo de situar la recuperación ecológica en el centro de las políticas públicas. Esta iniciativa responde a la crisis ecológica y climática actual y busca promover un Plan Nacional de Restauración que cumpla con el Reglamento Europeo, que exige recuperar al menos el 20% de los ecosistemas degradados antes de 2030. La alianza ha presentado un decálogo con prioridades para transformar la restauración en una política estructural del Estado, enfatizando la necesidad de actuar sobre las causas profundas de la degradación ambiental y fomentar una cultura de restauración ecológica. Además, se propone garantizar una transición justa para las comunidades afectadas por la degradación ambiental.

España ha lanzado el mayor proyecto en la historia de los fondos LIFE de la Unión Europea, denominado LIFE Humedales, con un presupuesto inicial de 160,5 millones de euros. Este ambicioso programa tiene como objetivo restaurar más de 26.100 hectáreas de humedales en 107 espacios de la Red Natura 2000 a lo largo de diez años. La vicepresidenta del Gobierno, Sara Aagesen, presentó el proyecto en Irún, destacando su importancia para la protección del medio ambiente y la acción climática. Se llevarán a cabo 284 actuaciones que integrarán políticas sectoriales y promoverán la sensibilización sobre la conservación de estos ecosistemas vitales. Con una colaboración entre diversas comunidades autónomas y organizaciones, el proyecto busca mejorar la gestión y planificación de los humedales, contribuyendo así a la biodiversidad y al bienestar social.

El Gobierno de España ha presentado una nueva propuesta de Pacto de Estado frente a la emergencia climática, resultado de un proceso participativo que involucró a más de 1.300 actores y casi 4.000 aportaciones. La vicepresidenta Sara Aagesen destacó que este pacto refleja el compromiso de la sociedad española ante el desafío climático. La propuesta abarca áreas como salud, ciencia, biodiversidad y gobernanza, e incluye ejes de actuación para mejorar la resiliencia hídrica, restaurar la biodiversidad y proteger los sistemas costeros. Ante el aumento de fenómenos climáticos extremos en España, este pacto se presenta como una respuesta urgente y necesaria para construir un país más resiliente y justo frente al cambio climático.

La ONU advierte sobre la devastación de ecosistemas a nivel global debido a conflictos armados, un fenómeno que afecta a 2000 millones de personas. Durante un debate del Consejo de Seguridad, se destacó cómo guerras en regiones como Gaza y Ucrania han destruido recursos naturales vitales, impactando la seguridad alimentaria y el bienestar humano. La directora del PNUMA, Inger Andersen, subrayó que los daños ambientales provocan hambre y desplazamientos, mientras el cambio climático agrava estas tensiones. Se están realizando esfuerzos para fortalecer el marco legal internacional que proteja el medio ambiente en tiempos de guerra, aunque aún no existe un tratado vinculante. La comunidad internacional debe aumentar inversiones en adaptación climática para promover la paz y la estabilidad duradera.

La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación 'Atrax', resultando en la detención o investigación de 62 personas por el uso de veneno y métodos de caza ilegales, que amenazan la biodiversidad en España. Durante la campaña se realizaron más de 500 inspecciones, detectando 91 infracciones penales y 351 administrativas. Se intervinieron 100 cebos envenenados, 669 medios de caza prohibidos y 230 kg de fitosanitarios no autorizados. Las prácticas ilegales han causado la muerte de 665 animales, principalmente aves protegidas. Esta iniciativa busca combatir las amenazas al ecosistema y promover la conservación de la fauna.

España ha fortalecido la capacitación de fuerzas policiales ambientales de países iberoamericanos en la lucha contra el tráfico ilegal de especies silvestres. El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) organizó jornadas formativas en el Parque Nacional de Doñana, enfocándose en mejorar las capacidades operativas y fomentar la cooperación internacional entre miembros de la Red Jaguar, impulsada por INTERPOL. Estas actividades se inscriben en el Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan TIFIES), financiadas con fondos europeos Next Generation. La formación reunió a representantes de Panamá, Costa Rica, Perú, Uruguay, Argentina, Portugal y España, reafirmando el compromiso de España con la protección de la biodiversidad y la lucha contra delitos medioambientales.