España y California han firmado un Memorando de Entendimiento en Nueva York para colaborar en la lucha contra el cambio climático. La vicepresidenta Sara Aagesen y el gobernador Gavin Newsom acordaron priorizar el despliegue de energías renovables, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la gestión de incendios forestales. Este acuerdo, que establece un marco de cooperación inicial de cinco años, busca fortalecer la resiliencia climática y promover una gobernanza inclusiva. Ambas regiones comparten retos climáticos similares y se posicionan como líderes en sostenibilidad y energías limpias a nivel global.
La Comisión Europea ha presentado una nueva estrategia para las Regiones Ultraperiféricas (RUP), reconociéndolas como zonas estratégicas en la geopolítica europea. Esta estrategia, impulsada por el Gobierno de España, busca fortalecer la competitividad de estas regiones, mejorar su resiliencia ante desafíos medioambientales y sociales, y promover la justicia social. Se plantean medidas específicas para apoyar sectores clave como el turismo, la pesca y las energías renovables. Además, se compromete a incluir las particularidades de las RUP en los procesos regulatorios y a mantener un diálogo activo con estas regiones durante la elaboración de políticas que les afecten.
España ha enviado a la Comisión Europea su proyecto de Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Este plan establece medidas para restaurar ecosistemas terrestres, marinos y urbanos, así como para recuperar poblaciones de polinizadores. El documento se basa en un proceso de participación pública que recibió más de 26,500 aportaciones y busca cumplir con los objetivos del Reglamento europeo sobre restauración de la naturaleza. Las acciones propuestas incluyen la mejora de hábitats, la recuperación de ríos y ecosistemas agrarios, y el aumento de espacios verdes en áreas urbanas. Con esta iniciativa, España reafirma su compromiso con la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental.
El Gobierno de España ha aprobado la asignación final gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2026-2030, afectando a más de 650 instalaciones industriales que recibirán un total de 38,1 millones de derechos anuales. Esta medida, que representa un valor económico aproximado de 3.000 millones de euros al año, implica una reducción del 1,6% en comparación con el periodo anterior, alineándose con los objetivos más ambiciosos en la lucha contra el cambio climático. La generación eléctrica no recibirá derechos gratuitos desde 2013, y se han establecido regímenes especiales para pequeños emisores. Desde su implementación en 2005, las emisiones bajo este régimen han disminuido un 62% en España.
Las organizaciones ecologistas, incluyendo Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han hecho un llamado urgente para establecer un gran acuerdo político y social en respuesta a la creciente emergencia climática y los devastadores incendios forestales en España. Este año, más de 170.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego, afectando a más de 100.000 personas en regiones como Madrid, Ávila y Castellón. Las agrupaciones destacan la necesidad de una acción coordinada que trascienda diferencias políticas y ofrezca soluciones sostenibles frente al cambio climático. Además, enfatizan la importancia de políticas integradas que promuevan la restauración ecológica y reduzcan la dependencia de combustibles fósiles para mitigar futuros desastres naturales.
Pedro Sánchez ha anunciado una inversión de 19 millones de euros para la creación de refugios climáticos y el desarrollo de infraestructuras verdes en las ciudades. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno de España para combatir el cambio climático, que incluye la creación de un Panel Científico de Acción frente a este desafío. La medida busca mejorar la resiliencia urbana ante los efectos del cambio climático y promover un entorno más sostenible en las áreas urbanas.
En junio de 2026, España experimentó una ola de calor histórica, con los días 22 y 23 marcando temperaturas récord desde 1950. La anomalía media peninsular alcanzó +7.1 °C, superando las temperaturas del 30 de junio de 2025. El día 23 se registró una temperatura máxima de 41.3 °C, estableciendo un nuevo récord para junio en el aeropuerto de Bilbao, donde también se alcanzaron otros máximos históricos en Cantabria. Esta ola de calor no solo destacó por su intensidad, sino también por su duración, siendo la primera vez que se superaron los 40 °C en tres ocasiones dentro del mismo mes. Los datos indican un aumento significativo en la frecuencia y la intensidad de las olas de calor en España, atribuible al cambio climático y a factores urbanos que intensifican el efecto isla de calor.
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El Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono se celebra el 16 de septiembre, conmemorando la firma del Protocolo de Montreal en 1987. En 2026, se celebra el décimo aniversario de la Enmienda de Kigali, que promueve un enfriamiento sostenible y la reducción gradual de hidrofluorocarbonos (HFC), contribuyendo a mitigar el cambio climático. La capa de ozono es crucial para proteger a los ecosistemas y la salud humana de la radiación ultravioleta. AEMET juega un papel activo en la vigilancia de esta capa, gestionando redes de observación y calibración para asegurar la calidad de las mediciones. La recuperación del ozono avanza, aunque enfrenta nuevos desafíos como el aumento de sustancias no reguladas y cambios climáticos.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado una consulta pública para establecer las bases reguladoras de nuevas ayudas destinadas a fomentar prácticas agrarias sostenibles en España. Estas subvenciones, que suman un total de 8,5 millones de euros, se enfocarán en apoyar cultivos de secano y agricultura ecológica en el área de Doñana. La consulta estará abierta hasta el 16 de septiembre de 2026, buscando recoger aportaciones de interesados antes de elaborar la orden ministerial correspondiente. Las ayudas se alinean con los objetivos de adaptación al cambio climático y conservación del medio ambiente, promoviendo modelos productivos que reduzcan la presión sobre los recursos naturales.
El Gobierno de España ha anunciado la duplicación de las ayudas a entidades locales para combatir la despoblación, aumentando el presupuesto hasta 80 millones de euros. Esta convocatoria, que se desarrollará entre 2026 y 2029, está destinada a financiar proyectos que fomenten la innovación territorial y la reactivación socioeconómica. Las subvenciones se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva y están orientadas a iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible, la adaptación al cambio climático y la recuperación de áreas afectadas por desastres naturales. Con esta medida, se busca fortalecer el papel de las entidades locales como motores de nuevas oportunidades económicas y sociales en territorios con desafíos demográficos.
Llega el final de un verano convulso y duro, tanto en lo noticiable como en lo climático.
El Gobierno de España ha aprobado la creación de un Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático, impulsado por los ministerios de Ciencia e Innovación y para la Transición Ecológica. Este panel ofrecerá análisis independientes y multidisciplinares para informar sobre políticas públicas relacionadas con el cambio climático. Entre sus funciones destacan la elaboración de informes científicos, propuestas de actuación y escenarios futuros del impacto climático. La selección del personal científico comenzará este verano, con la expectativa de que el panel esté operativo en otoño. Esta iniciativa forma parte del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, presentado en 2025.
Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han exigido al Gobierno español que respete el calendario de cierre acordado para la central nuclear de Almaraz, programado para 2028. Estas organizaciones argumentan que la prórroga solicitada por la central es incompatible con la política energética del gobierno y podría frenar la transición hacia energías renovables, aumentando las emisiones de CO2 y generando un sobrecoste significativo en las facturas eléctricas. Además, advierten que mantener Almaraz operativa hasta 2030 reduciría la disponibilidad de nuevas generaciones renovables y aumentaría la dependencia del gas, agravando el cambio climático. Las organizaciones reclaman una decisión coherente con los objetivos climáticos y el interés general.
Un informe revela que el 60 % de la población en diez ciudades españolas carece de acceso suficiente a zonas verdes, un problema que se agrava en áreas de menores ingresos. Ciudades como Ourense y Valencia muestran cifras alarmantes, con hasta el 80 % de sus habitantes sin acceso a grandes espacios naturales. Este estudio, realizado por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, destaca la necesidad urgente de renaturalizar estas áreas para mejorar la adaptación al cambio climático y el bienestar social. Se proponen acciones concretas para transformar estos espacios y asegurar un derecho equitativo a la naturaleza para todos los ciudadanos.
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