Greenpeace demanda al Gobierno más acción contra el oligopolio energético y transparencia sobre el apagón

La organización ecologista Greenpeace ha manifestado su apoyo a las recientes iniciativas del Gobierno destinadas a limitar el poder del oligopolio eléctrico. Sin embargo, también ha expresado su descontento por la ausencia de un impulso significativo al autoconsumo en el nuevo decreto antiapagones. Además, Greenpeace ha denunciado la eliminación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para las baterías que se hibridan con energías renovables, considerándola una medida innecesaria y peligrosa.

El nuevo decreto antiapagones rescata algunas medidas clave del Real Decreto Ley que fue rechazado en el Congreso en julio. A pesar de ello, Greenpeace exige al Gobierno que divulgue los nombres de las centrales nucleares y de gas que no estuvieron disponibles durante el apagón reciente. La organización subraya que la transparencia es esencial para responsabilizar a quienes fallaron en su deber durante esta crisis energética.

Críticas al oligopolio energético

José Luis García Ortega, responsable del Área de Clima, Energía y Movilidad de Greenpeace, ha señalado que, aunque el decreto representa un avance necesario, es crucial adoptar medidas más contundentes para evitar que el sistema eléctrico continúe bajo el control del oligopolio. Según García Ortega, la investigación sobre las causas del apagón reveló que los problemas en las centrales de gas fueron ocultados tras un debate sobre energía nuclear y ataques a las renovables.

"El Gobierno debe proteger a la ciudadanía y no al oligopolio", afirmó García Ortega, quien insistió en la necesidad de hacer públicos los nombres de las centrales inoperativas durante el apagón para garantizar la rendición de cuentas.

Aceleración hacia energías renovables

Greenpeace celebra algunas disposiciones del nuevo decreto, que buscan acelerar la transición energética limitando el poder del oligopolio y reduciendo el papel de las centrales de gas. La organización valora positivamente los esfuerzos por establecer controles más estrictos por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y por imponer plazos máximos para tramitaciones relacionadas con infraestructuras necesarias para cargadores eléctricos.

No obstante, Greenpeace advierte que no basta con limitar el poder del oligopolio; es imperativo erradicarlo completamente para prevenir su boicot al consumo colectivo y a las comunidades energéticas. Por ello, demanda medidas adicionales para separar efectivamente a las empresas involucradas en actividades energéticas reguladas y liberalizadas.

Preocupaciones sobre la Evaluación Ambiental

La organización también ha destacado como positivo el enfoque del Gobierno en activar inversiones en almacenamiento energético, especialmente en plantas renovables existentes. Sin embargo, considera preocupante la decisión de eliminar la EIA para instalaciones hibridadas con renovables. Esta eliminación podría restringir la participación pública durante todo el proceso administrativo.

"Si bien apoyamos la necesidad de agilizar trámites para avanzar en la transición energética, hacerlo a expensas de garantías ambientales o participación ciudadana es un error", advirtió Sara Pizzinato, coordinadora de la Campaña de Energías Renovables de Greenpeace.

Llamados a una transición justa

Greenpeace lamenta que el nuevo Real Decreto no incluya medidas largamente esperadas para acelerar la transición energética y fomentar el autoconsumo. Entre sus demandas se encuentran:

• Aumento del radio para autoconsumo: Ampliar hasta 5 km este radio es fundamental para facilitar el autoconsumo y las comunidades energéticas.
• Creador del gestor del autoconsumo: Esta figura es necesaria pero requiere reformas legislativas superiores.
• Desgravaciones fiscales</strong: Incentivar instalaciones como bombas de calor para reducir dependencia del gas.
• Puesta en marcha rápida de la Comisión Nacional de Energía: Para regular un sistema energético 100% renovable hacia 2040.
• Estandarización de carga bidireccional: Minimizar necesidades de baterías fijas y normalizar tecnologías innovadoras.
• Límites al uso especulativo en hidroeléctricas: Asegurar operaciones enfocadas en estabilidad y flexibilidad del sistema energético.
• Regulación adecuada sobre pagos por capacidad: Evitar subsidios que prolonguen operaciones contaminantes.
• Cierre definitivo del oligopolio: Iniciar procesos legislativos para separar empresas dentro del sector energético.

Finalmente, Greenpeace hace un llamado al Gobierno para mantener firme su compromiso con el calendario acordado para cerrar centrales nucleares, argumentando que estas son incompatibles con un futuro basado en energías renovables flexibles. La organización enfatiza que es esencial proporcionar claridad sobre cómo se llevará a cabo esta transición justa para todos los trabajadores afectados.

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