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Asilo

20/06/2025@20:57:28

El Gobierno de España ha aumentado en 32.000 plazas el sistema de acogida para solicitantes de asilo en los últimos diez años, destacando su compromiso con la solidaridad internacional. Esta ampliación asegura la cobertura de necesidades básicas y un trato digno a quienes buscan protección, facilitando su integración en la sociedad. Para más información, se puede consultar el informe completo sobre el sistema de protección internacional en España.

La Federación Estatal LGTBI+ denuncia las barreras de acceso al asilo que enfrentan las personas del colectivo en España, especialmente en el contexto del Día Internacional de las Personas Refugiadas. Alertan sobre los graves retrasos en el inicio del procedimiento de asilo, que pueden dejar a los solicitantes sin protección durante meses. Además, destacan una creciente ola de retrocesos en derechos humanos a nivel mundial, impulsada por gobiernos autoritarios que utilizan el odio hacia la comunidad LGTBI+ como herramienta política. La organización exige una respuesta firme para garantizar el derecho de asilo y la protección efectiva de quienes huyen de la violencia y persecución.

Arcópoli, la asociación que defiende los derechos del colectivo LGTBI+, ha vuelto a denunciar la alarmante situación que enfrentan las personas LGTBI+ migrantes y con necesidad de solicitar protección internacional al intentar acceder al sistema de asilo en España.
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Izquierda Unida (IU) establece que la delegación de competencias en materia de inmigración debe respetar los derechos humanos y los tratados internacionales. Esta posición surge tras la propuesta de ley que permite a Catalunya gestionar ciertos aspectos migratorios, acordada entre el PSOE y Junts. IU enfatiza que la autoridad estatal debe homologar los permisos de residencia para quienes se establezcan en Catalunya y subraya que las políticas sobre asilo son competencia exclusiva del Estado. La formación política considera fundamental garantizar los derechos de las personas extranjeras y evitar la doble tramitación administrativa. Este acuerdo, aún pendiente de tramitación parlamentaria, busca consolidar un nuevo marco para la gestión de las migraciones en España.