energia renovable

Greenpeace y la red Gas No es Solución han exigido una evaluación ambiental estratégica para los proyectos de hidrógeno en España, tras la presentación por parte de Enagás de 15 iniciativas fragmentadas. Estas organizaciones denuncian que este fraccionamiento es inaceptable y podría vulnerar la legislación vigente. Solicitan al Gobierno que se realice un informe que contemple todas las infraestructuras relacionadas, argumentando que el desarrollo actual del mercado de hidrógeno es insuficiente y que la planificación carece de una visión global. Además, advierten sobre los riesgos de financiar infraestructuras privadas con fondos públicos sin demostrar su viabilidad o contribución a la descarbonización. La red aboga por una transición energética democrática y justa, con participación ciudadana y evaluación ambiental rigurosa.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha visitado la central hidroeléctrica reversible Salto de Chira-Soria en Gran Canaria, destacando su importancia como un ejemplo del compromiso de España con la agenda verde. Con una potencia de 200 MW y 3,5 GWh de almacenamiento, esta infraestructura es clave para garantizar la seguridad del suministro energético en el archipiélago y avanzar en la transición ecológica. Aagesen subrayó que el proyecto avanza a buen ritmo y se espera que esté completo en 2027, reafirmando así el impulso hacia una energía sostenible en tiempos complejos. Para más información, visita el enlace.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abierto a consulta pública un proyecto de Real Decreto que promueve el uso de combustibles renovables en el transporte. Esta normativa busca cumplir con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, estableciendo una reducción del 16,3% en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Se introducirá un sistema de incentivos llamado e-credits para fomentar la electrificación del transporte y se priorizarán combustibles con menor impacto ambiental. Además, se duplicarán los objetivos de penetración de energías renovables en el transporte por carretera y se establecerán subobjetivos específicos para diferentes modos de transporte. La propuesta también incluye medidas para aumentar la trazabilidad y supervisión en la cadena de valor, así como un régimen sancionador para quienes no cumplan con las metas establecidas. Los interesados pueden presentar alegaciones hasta el 8 de septiembre.