comunidades autonomas

Desde el 1 de enero de 2024, más de 1,5 millones de jóvenes han sido dados de alta en la Seguridad Social por realizar prácticas no remuneradas. Esta medida busca equiparar la protección social para todos los estudiantes en prácticas, independientemente de si son remuneradas o no. Las comunidades con mayor número de alumnos en esta situación son Madrid, Andalucía y Cataluña. La ministra Elma Saiz destaca que estas acciones reconocen los derechos de los estudiantes desde el inicio de su trayectoria laboral.

En junio de 2025, el paro registrado en España disminuyó en 48.920 personas, alcanzando un total de 2.405.963 desempleados, la cifra más baja en 17 años. Este descenso se observa en todos los sectores económicos y comunidades autónomas, con una reducción interanual de 155.104 personas (-6,06%). El desempleo juvenil también ha alcanzado mínimos históricos, mientras que el número de mujeres desempleadas ha caído a su nivel más bajo desde 2008. En términos de contratación, se firmaron 1.496.673 nuevos contratos, un aumento del 8,46% respecto al mes anterior, destacando la tendencia hacia contratos indefinidos tras la reforma laboral.

El 18 de junio de 2025, en la Conferencia Sectorial de Igualdad, se acordó la Estrategia Estatal para la no discriminación de las personas LGTBI. Esta iniciativa busca eliminar y corregir cualquier forma de discriminación, y también se aprobó la creación de un grupo de trabajo para avanzar en la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y No Discriminación. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, lidera estos esfuerzos. Para más información, visita el enlace: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/igualdad/Paginas/2025/180625-estrategia-estatal-no-discriminacion-lgtbi.aspx?qfr=2.

El orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes incluirá propuestas de 13 comunidades autónomas, según anunció el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Este encuentro, programado para el 3 de junio de 2025, marcará un hito al permitir que los presidentes y presidentas utilicen las lenguas oficiales de sus territorios, destacando el esfuerzo del Gobierno por alcanzar un consenso entre las distintas administraciones. Para más información, visita el enlace.

El Gobierno de España ha anunciado la distribución de 142,5 millones de euros a las comunidades autónomas para reducir la brecha de género en el ámbito de los cuidados. Además, se destinarán 311,4 millones de euros para mejorar las competencias matemáticas y lectoras de los estudiantes, fomentar la educación inclusiva y disminuir la tasa de abandono escolar temprano. Esta iniciativa forma parte del compromiso del Ejecutivo por promover la igualdad y mejorar la calidad educativa en el país.

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha acordado con las Comunidades Autónomas extender el programa de formación en competencias digitales hasta junio de 2026. Esta iniciativa busca capacitar a más de 660.000 personas, enfocándose en colectivos vulnerables como mayores y mujeres. El acuerdo, adoptado por unanimidad, modifica un pacto anterior y permite a las CCAA gestionar un presupuesto de 140 millones de euros para este fin. López destacó que el crecimiento económico de España está ligado a los avances en transformación digital y subrayó la importancia de seguir trabajando para no dejar a nadie atrás.

En enero, el paro en España aumentó en 38.725 personas, un incremento del 1,51% respecto al mes anterior, aunque la cifra total de desempleados se mantiene por debajo de los 2,6 millones, alcanzando el nivel más bajo en este mes en 17 años. En comparación con enero de 2024, el desempleo ha disminuido en 168.417 personas (-6,08%). El sector servicios experimentó el mayor aumento del paro, mientras que la construcción e industria vieron descensos. El desempleo femenino creció un 2,08%, mientras que el masculino aumentó un 0,67%. A pesar del aumento mensual, la tasa de cobertura de prestaciones por desempleo alcanzó el 74,51%, la más alta desde 2010.

El Ministerio de Sanidad ha exigido a las comunidades autónomas el cumplimiento de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva, que garantiza el acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema público. A través de una carta, el secretario de Estado de Sanidad ha destacado las barreras que muchas mujeres enfrentan para acceder a este servicio y ha anunciado la elaboración de un informe para evaluar el cumplimiento de la ley. En caso de incumplimientos, se podrán iniciar procedimientos legales contra las autonomías responsables. Esta medida busca asegurar la igualdad en el acceso a los derechos reproductivos en todo el país.

El Gobierno de España ha declarado zonas afectadas por emergencias de protección civil en diez comunidades autónomas, tras la aprobación del Consejo de Ministros. Entre el 25 de marzo y el 22 de junio de 2025, se registraron 26 emergencias que causaron daños personales y materiales en Illes Balears, Castilla y León, Canarias, Cataluña, La Rioja, Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha. Las emergencias incluyen fenómenos meteorológicos adversos, incendios y accidentes relacionados con el transporte de mercancías peligrosas. El acuerdo contempla ayudas directas para mitigar los daños sufridos por particulares y corporaciones locales, así como beneficios fiscales y laborales a través de diferentes ministerios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto a las comunidades autónomas triplicar la financiación para vivienda pública y establecer un Acuerdo Estatal para la Vivienda. En una carta enviada a los líderes autonómicos, sugiere una inversión de 7.000 millones de euros para el periodo 2026-2030, que se debatirá en la próxima Conferencia de Presidentes. Esta iniciativa busca blindar la vivienda pública de por vida y mejorar el acceso a la misma en España.

El Ministerio de Trabajo y las Comunidades Autónomas han acordado la distribución de 2.571 millones de euros para Políticas Activas de Empleo en 2025. Esta medida incluye nuevos criterios para la asignación de fondos que garantizarán la estabilidad en la ejecución de estas políticas hasta 2029. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social presidió la LXXXVI Conferencia Sectorial de Empleo, donde se discutieron estos importantes avances en el ámbito laboral.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha liderado el Consejo Interterritorial de Internacionalización para coordinar la respuesta ante el aumento de aranceles por parte de Estados Unidos. En la reunión, se discutió el impacto en las Comunidades Autónomas y la necesidad de mantener una comunicación fluida entre instituciones. Se acordaron reuniones mensuales y grupos de seguimiento semanal para evaluar la situación. Además, se presentará el Plan ICEX Relanzamiento para promover la internacionalización de las empresas españolas. Esta iniciativa busca asegurar apoyo y liquidez a las empresas afectadas.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha instado a las Comunidades Autónomas a actualizar los datos sobre niños, niñas y adolescentes migrantes en situación de desamparo en sus sistemas de acogida. Esta solicitud tiene como objetivo elaborar una propuesta de acogida solidaria en todo el país. Las comunidades tienen hasta el 31 de marzo para enviar esta información al Gobierno central, lo que permitirá definir la acogida en territorios como las Islas Canarias y Ceuta. La ministra Sira Rego destacó la importancia de estos datos para realizar un diagnóstico adecuado y acceder a un fondo de financiación de 100 millones de euros destinado a la acogida de menores migrantes.

El Consejo de Ministros de España ha autorizado la compra de medicamentos de Factor VIII de coagulación recombinante por un valor estimado de 114,6 millones de euros. Esta decisión, tomada el 14 de enero de 2025, permitirá al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) seleccionar proveedores para el suministro sostenible de estos fármacos en 11 comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla. El acuerdo marco tendrá una duración inicial de 24 meses, con posibilidad de prórroga por un año más, y responde a la necesidad urgente de garantizar el acceso a tratamientos esenciales para pacientes con hemofilia A.