Hay fechas que deberían pesar más de lo que pesan. El 26 de febrero de 1976 España abandonó el Sáhara Occidental y, con él, a decenas de miles de personas que hasta ese momento habían sido, jurídicamente, tan españolas como cualquiera nacido en Madrid o en Cádiz. Tenían DNI español. Estaban censadas. Habían nacido en una provincia del Estado. Y de un día para otro, sin que nadie les preguntara, dejaron de tener un país. Cincuenta años después, el Congreso está a punto de reconocer, a medias, con matices y con demasiada lentitud, lo que nunca debió necesitar reconocimiento: que esa gente es, por derecho, española.
Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, expresó su satisfacción tras la aprobación unánime por parte de todos los grupos del Congreso de una declaración institucional que respalda el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán. Este acuerdo busca poner fin al conflicto militar entre ambos países y se fundamenta en principios del Derecho internacional, como el respeto a la soberanía y la integridad territorial. La declaración también resalta la importancia de medidas humanitarias y la cooperación regional para garantizar una paz duradera y beneficiosa para las generaciones futuras.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha solicitado ante el Congreso un Pacto de Estado contra los discursos de odio, coincidiendo con el Día contra la LGTBIfobia. La presidenta Paula Iglesias destacó que la violencia hacia las personas LGTBI+ ha aumentado alarmantemente en los últimos años. A pesar de que España ocupa el primer lugar en el ranking de ILGA Europa en derechos LGTBI+, se requiere un compromiso urgente para frenar los discursos de odio y garantizar una igualdad real. La FELGTBI+ busca convertir su crítica en un pacto político que promueva un entorno seguro y libre de discriminación.
El PSOE, a través de su secretaria general y ministra Diana Morant, ha exigido la dimisión de Alberto Núñez Feijóo por mentir a las víctimas de la Dana durante 14 meses y por proteger al presidente del PPCV, Carlos Mazón. Morant ha criticado la gestión del PP, acusándolo de ser negligente y de difundir falsedades sobre la respuesta del Gobierno ante la tragedia. También ha señalado que Feijóo podría estar obstaculizando una investigación judicial al cambiar su móvil recientemente. La ministra ha destacado que las comunicaciones reveladas demuestran que Mazón conocía información crucial antes de lo admitido públicamente, lo que evidencia una manipulación en la gestión de la crisis.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y líder del PSOE, criticó a Alberto Núñez Feijóo por su falta de propuestas durante la sesión de control en el Congreso. En respuesta a los ataques del líder del PP, Sánchez defendió la fortaleza económica de España y destacó que el actual Gobierno garantiza estabilidad, diálogo y resultados. Resaltó que España tiene un presupuesto sólido y que se prevé un crecimiento económico superior al promedio europeo para 2025. Además, hizo hincapié en la reducción significativa del déficit público y la deuda desde la pandemia, subrayando la importancia de utilizar los fondos destinados a las comunidades autónomas para mejorar servicios públicos en lugar de privatizarlos.
El Congreso de España ha aprobado una iniciativa del Grupo Socialista en apoyo al Plan de Paz para Gaza, considerado como la solución más realista para lograr una coexistencia pacífica entre israelíes y palestinos. La propuesta incluye garantizar un alto el fuego, facilitar ayuda humanitaria y evitar la escalada del conflicto. Además, se solicita la liberación de las personas secuestradas por Hamás y se condenan los asentamientos ilegales y los ataques indiscriminados contra civiles palestinos. La diputada Adriana Maldonado destacó la grave situación en Gaza, donde más de 65.000 personas han perdido la vida en dos años de conflicto, calificando la situación de genocidio. La propuesta busca enviar un mensaje unánime a la comunidad internacional sobre la necesidad de reconocer dos estados y poner fin a la violencia.
Nahuel González, diputado de Izquierda Unida, criticó duramente al presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante una sesión del Congreso. González calificó de "indecentes" las escasas explicaciones ofrecidas por Mazón sobre su gestión durante la crisis provocada por la Dana. En un intercambio tenso, el diputado acusó a Mazón de falta de empatía y lo instó a pedir perdón por su conducta durante la tragedia. González cuestionó cómo Mazón pudo hablar de fútbol mientras se conocían las muertes en Utiel y le reprochó no haber asumido responsabilidad tras las críticas del pueblo valenciano. La portavoz federal de IU, Eva García Sempere, también exigió al PP que reconozca sus errores y pida disculpas a las víctimas.
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El Congreso de España ha aprobado una nueva Ley Orgánica que modifica el Código Penal, tipificando como delito las pseudoterapias de conversión que buscan eliminar o modificar la orientación sexual, identidad de género o expresión de género. La Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) celebra esta medida, que establece penas de prisión de 6 meses a 2 años y busca proteger la dignidad e integridad del colectivo LGTBI+. La presidenta de FELGTBI+, Paula Iglesias, destaca que esta ley es un paso hacia la erradicación de prácticas consideradas tortura por la ONU y subraya la necesidad de continuar luchando contra la LGTBIfobia. A pesar de los avances legales, Iglesias advierte que las agresiones al colectivo han aumentado y llama a la movilización social para lograr una igualdad real.
Izquierda Unida, en colaboración con Movimiento Sumar, ha presentado una proposición de ley en el Congreso para establecer un Impuesto a las Grandes Herencias y Donaciones que supere el millón de euros. Este nuevo gravamen se enfocará en los grandes patrimonios, excluyendo herencias ordinarias, y busca mitigar el 'dumping fiscal' entre comunidades autónomas, especialmente en regiones como Madrid donde se aplican bonificaciones a favor de los más ricos. La recaudación del impuesto se destinaría a políticas públicas para apoyar a las personas más vulnerables. La iniciativa también propone deducciones para evitar la doble imposición y garantizar una justicia tributaria equitativa.
Izquierda Unida (IU) presenta una iniciativa en el Congreso para crear un Comisionado para la Migración Temporera en Huelva, con el objetivo de coordinar acciones entre administraciones y abordar la grave situación de los trabajadores migrantes. La propuesta incluye soluciones habitacionales sostenibles, regularización laboral, atención a colectivos vulnerables y campañas de sensibilización. Se busca garantizar servicios esenciales como agua potable y mejorar las condiciones de vida en asentamientos informales donde residen aproximadamente 5.000 personas. IU destaca la necesidad de colaboración entre diversas instituciones para resolver esta problemática que afecta a la agroindustria en Huelva, clave para la economía española.
El Congreso de los Diputados ha convalidado por unanimidad un Real Decreto que moviliza 500 millones de euros para el desarrollo de la Ley ELA, destinada a mejorar la atención a personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades complejas. Este decreto crea un nuevo grado de dependencia extrema, el Grado III+, que garantiza atención personalizada 24 horas y una prestación económica de hasta 10.000 euros al mes por paciente. Con esta medida, el Gobierno busca adaptar el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia a las necesidades específicas de estos pacientes, asegurando una inversión significativa en cuidados y apoyos esenciales. La financiación total en Dependencia alcanzará este año un récord de 3.729 millones de euros.
Patxi López, portavoz socialista en el Congreso y diputado por Bizkaia, ha criticado duramente la comparecencia de Carlos Mazón, presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, en la comisión de investigación sobre la DANA. López lo calificó como "la indignidad hecha persona", acusándolo de difundir mentiras y bulos sin vergüenza. Además, responsabilizó a Alberto Núñez Feijóo por permitir que Mazón continuara en su cargo, señalando su incapacidad para gestionar adecuadamente la situación. En otro tema, López destacó la convalidación del Real Decreto Ley sobre ELA, que ampliará la cobertura a otras enfermedades irreversibles y fortalecerá el sistema de atención a la dependencia. También resaltó que España lidera el crecimiento mundial y defendió los logros del gobierno de Pedro Sánchez en estos dos años de legislatura.
Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Senado, ha criticado al PP por plantear un nuevo conflicto de atribuciones con el Congreso, acusándolo de utilizar la Cámara Alta de manera partidista y sin rigor. Espadas sostiene que el PP intenta engañar a los ciudadanos al afirmar que el Gobierno y el Congreso obstaculizan la función legislativa del Senado, lo cual contradice la opinión del Tribunal Constitucional. Además, ha señalado la hipocresía del PP, recordando que actuaron de manera similar en el pasado cuando tenían mayoría. La actual legislatura se caracteriza por múltiples conflictos de atribuciones y una constante confrontación política, lo que perjudica la credibilidad de las instituciones ante los ciudadanos.
La Ley de Movilidad Sostenible ha sido aprobada definitivamente tras la votación en el Senado, marcando un avance significativo en la modernización del transporte en España. Esta legislación busca impulsar la descarbonización y garantizar el acceso a fondos europeos por valor de cerca de 10.000 millones de euros. La diputada Cristina López Zamora destacó que esta ley establece un nuevo derecho a un transporte más justo, seguro y sostenible, enfatizando que desplazarse no debe implicar contaminar. Además, se eleva a rango de ley el objetivo de descarbonización del transporte, alineándose con los requisitos del Pacto Verde para alcanzar la neutralidad climática en 2050. La ley promueve la cooperación entre administraciones para diseñar ciudades y áreas que favorezcan el transporte público y la movilidad compartida.
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