El Congreso ha aprobado una iniciativa socialista que busca reducir las trabas administrativas en la Administración Pública, promoviendo una gestión más ágil y digital. La propuesta, defendida por Andrea Canelo, se alinea con el Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, enfatizando la importancia de contar con agentes sociales en este proceso. Además, se ha aprobado otra iniciativa para impulsar la industria ferroviaria, destacando su carácter estratégico y fomentando la producción de trenes eléctricos e híbridos. Estas medidas buscan fortalecer la industria nacional y promover un futuro sostenible en España.
El Congreso de los Diputados ha aprobado la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidados, aumentando el permiso a 17 semanas y añadiendo 2 semanas retribuidas para cuidados. Esto se traduce en un total de 19 semanas retribuidas para cada progenitor y 32 semanas para familias monomarentales. La vicepresidenta Yolanda Díaz destacó que esta medida posiciona a España entre los países más avanzados en términos de permisos parentales en Europa, beneficiando a casi un millón de personas en su primer año. El ministro Pablo Bustinduy calificó la aprobación como un paso histórico hacia el reconocimiento de los derechos de las familias en España.
El Congreso de España ha aprobado la actualización de las entregas a cuenta para Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, garantizando en 2025 los mayores recursos de su historia. La medida, defendida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, busca reforzar políticas públicas en áreas como sanidad y educación. Las Comunidades Autónomas recibirán 158.167 millones de euros, un incremento del 2,5% respecto al año anterior. Además, los Ayuntamientos contarán con una financiación récord de 28.734 millones, lo que representa un aumento significativo en comparación con años anteriores. Esta decisión refuerza el compromiso del Gobierno con la autonomía financiera de las administraciones locales.
Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida, ha declarado que serán "muy exigentes" en la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en el Congreso, donde se abordarán medidas contra la corrupción y el avance de la agenda social. Santiago enfatizó la importancia de atender estas propuestas para garantizar la viabilidad del Gobierno de coalición. Además, destacó la necesidad de crear una Oficina contra la Corrupción y endurecer las sanciones a los corruptores. También abogó por medidas sociales urgentes, como el aumento de ayudas para cuidados y soluciones al problema de vivienda, señalando que sin acciones concretas, la legislatura no tendrá sentido.
Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida, ha manifestado su expectativa de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acepte en su comparecencia del próximo 9 de julio varias medidas concretas para combatir la corrupción. Entre estas propuestas se destaca la creación de una Oficina contra la Corrupción, que ya ha sido registrada en el Congreso. Santiago subrayó la necesidad de implementar medidas más contundentes para responsabilizar a los corruptores y devolver el dinero malversado a la sociedad. Además, criticó la tardanza en abordar estos temas y reafirmó el compromiso de Izquierda Unida con una política transparente y responsable.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió el sistema público de salud pediátrica como un pilar fundamental para garantizar la salud infantil durante su intervención en el Congreso de la Asociación Española de Pediatría en Valencia. Rego destacó la importancia de una concepción integral de la salud que incluya el bienestar físico, mental y social, así como la atención a la salud mental juvenil como una urgencia social. También mencionó iniciativas del ministerio para combatir la pobreza infantil y mejorar las condiciones de vida de la infancia vulnerable. La ministra concluyó subrayando la necesidad de proteger y mejorar el sistema público de salud pediátrica.
Más Madrid ha presentado en el Congreso una Proposición de Ley para establecer el aislamiento comercial y la ruptura de relaciones económicas con Estados que mantengan ocupaciones ilegales, enfocándose en el caso de Israel. La iniciativa se basa en el derecho internacional y busca prohibir cualquier reconocimiento a la soberanía de potencias ocupantes, así como vetar acuerdos con ellas. La ley pretende acabar con la incoherencia entre la condena verbal de las ocupaciones y las relaciones económicas existentes, promoviendo una política exterior coherente y respetuosa con los derechos humanos. Para más información, visita el enlace.
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Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha expresado en Sevilla su firme apoyo a la reforma de reducción de jornada laboral, criticando el rechazo de las fuerzas de derecha en el Congreso. Durante un acto organizado por CCOO y UGT, Maíllo destacó que esta medida beneficiaría a 12 millones de trabajadores y podría mejorar salarios en sectores precarizados. Además, subrayó la unidad de la derecha en su oposición a los derechos laborales, independientemente de sus diferencias ideológicas. Maíllo instó a abrir un debate social sobre la ley y propuso que se retome su discusión en el Congreso.
El Congreso de los Diputados ha aprobado un Real Decreto que amplía los permisos por nacimiento a 17 semanas y añade 2 semanas de permisos retribuidos para cuidados, beneficiando a progenitores con hijos nacidos a partir del 2 de agosto de 2024. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, establece un total de 19 semanas retribuidas y 32 para familias monomarentales. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha destacado que esta normativa sitúa a España entre los países con mejores permisos parentales en Europa, beneficiando a casi un millón de personas en su primer año. El ministro Pablo Bustinduy ha calificado la aprobación como un "paso histórico" hacia el reconocimiento de los derechos familiares.
El Gobierno español ha enviado al Congreso el Proyecto de Ley de Información Clasificada, que reemplaza a la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esta nueva normativa, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, busca equilibrar la clasificación de información sensible con el derecho a la transparencia y acceso a la información. La ley introduce plazos claros para la desclasificación automática, estableciendo categorías como "Alto Secreto", "Secreto", "Confidencial" y "Restringido", con límites temporales específicos. También se crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada y se implementa un régimen sancionador más proporcional. Con esta iniciativa, España se alinea con las legislaciones avanzadas de la UE y OTAN en materia de información clasificada.
Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha declarado que el Partido Popular (PP) y Vox se han vuelto indistinguibles tras el reciente congreso del PP, donde Alberto Núñez Feijóo asumió la dirección. Maíllo señala que esta unión no solo es electoral, sino también ideológica, lo que abre la puerta a una mayor cohesión entre ambas formaciones. Además, critica las medidas laborales propuestas por el PP, que podrían debilitar los derechos de los trabajadores y favorecer a Vox. Resalta la preocupación por un retroceso en los avances laborales y la falta de atención al salario mínimo.
El Congreso de España ha aprobado un informe de la Comisión de Sanidad que propone establecer un modelo de salud mental con enfoque en derechos humanos, prevención del suicidio y aumento de recursos humanos. La iniciativa, respaldada por todos los grupos políticos excepto VOX, busca mejorar la atención integral en salud mental y combatir el estigma asociado a estos problemas. Las recomendaciones incluyen humanizar los procesos de atención, aumentar las plantillas mediante formación especializada y abordar determinantes sociales como vivienda y empleo. La diputada Carmen Andrés destacó la importancia de visibilizar estos temas en la agenda política.
El Gobierno ha bloqueado más de 14 millones de llamadas fraudulentas en los primeros meses del Plan contra las estafas de suplantación de identidad y SMS, presentado por el ministro Óscar López. Esta iniciativa, en vigor desde marzo de 2025, busca proteger a los ciudadanos de fraudes telefónicos y mejorar la seguridad digital.
Izquierda Unida ha solicitado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que verifique y garantice que el reciente pirateo informático en el Senado no ha afectado a los equipos del Congreso. A través de un escrito firmado por su portavoz, Enrique Santiago, y otros diputados del Grupo Plurinacional Sumar, IU exige información sobre el alcance del incidente y la implementación de mecanismos de comprobación para asegurar la integridad de la infraestructura informática del Congreso. Este pedido surge tras contradicciones en las versiones oficiales del Senado sobre los accesos indebidos realizados por informáticos despedidos, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles vulneraciones de derechos y espionaje parlamentario. La situación destaca la gravedad del incidente y la necesidad de una investigación exhaustiva.
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