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El derecho al olvido oncológico es una nueva medida aprobada en España que permite a las personas que han padecido cáncer no tener que declarar su historial médico al contratar seguros de vida o productos bancarios, una vez transcurridos cinco años desde la finalización del tratamiento sin recaídas. Esta normativa busca evitar la discriminación y proteger los derechos de los pacientes oncológicos, cumpliendo con iniciativas europeas en la lucha contra el cáncer. La ley prohíbe cláusulas que excluyan a personas por haber tenido cáncer y permite la eliminación de datos médicos relacionados bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha anunciado la asignación de cerca de 42 millones de euros para consolidar la carrera de 221 investigadores en España. Esta iniciativa, parte de la convocatoria 'Consolidación Investigadora 2024', busca fomentar la creación de plazas permanentes y fortalecer líneas de investigación en el sistema español de I+D+I. La ministra Diana Morant enfatizó el compromiso del Gobierno con mejorar las oportunidades para científicos en el país. Los fondos también se destinarán a la modernización de laboratorios y equipamiento científico, apoyando proyectos relevantes como el estudio del cambio climático y enfermedades como el cáncer.

El 27 de enero de 2025, en Bruselas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, presentó la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA) al comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen. Este documento establece la posición de España frente a desafíos alimentarios futuros y busca posicionar al país como una potencia agroalimentaria global. La ENA aborda temas críticos como el cambio climático, la seguridad del abastecimiento alimentario y la sostenibilidad, estructurándose en seis ejes clave: seguridad alimentaria, sostenibilidad, revitalización del medio rural, nutrición y salud, innovación y tecnología, e información al consumidor. Esta estrategia es prioritaria para el Gobierno español en su objetivo de construir un sistema alimentario sostenible en Europa.

La cumbre para el impulso de la movilidad eléctrica en España, celebrada en Barcelona, reunió a destacados líderes como el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y presidentes autonómicos. Durante el evento se firmó la "Declaración de Casa Seat", que promueve el desarrollo de instrumentos para facilitar la adquisición de vehículos eléctricos y mejorar la infraestructura de recarga en el país. Aquí se destacó la colaboración público-privada como clave para avanzar hacia una movilidad más sostenible. Además, se reconocieron las inversiones del Grupo Volkswagen y otros fabricantes en el sector.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha subrayado la necesidad de transformar los municipios españoles para hacerlos climáticamente neutros y más resilientes. Durante la clausura del Pleno de la Red Innpulso, un foro que agrupa a 90 municipios, Morant destacó la importancia de recuperar las ciudades afectadas por desastres naturales mediante un nuevo modelo de actuación que combine conocimiento científico y capacidades técnicas locales. Este esfuerzo incluye el lanzamiento del "Programa de Innovación para la Resiliencia Climática", que busca fomentar la cooperación entre municipios y potenciar soluciones innovadoras basadas en ciencia. La Red Innpulso se posiciona como un agente clave en la promoción de políticas locales innovadoras y en el apoyo a iniciativas sostenibles.

El Ministerio de Educación, liderado por Pilar Alegría, está desarrollando nuevas titulaciones de Formación Profesional (FP) enfocadas en la movilidad eléctrica para satisfacer la creciente demanda de profesionales en este sector. Durante una visita a la planta de Stellantis en Figueruelas, se anunció la creación de un nuevo título de FP de Grado Superior relacionado con el almacenamiento energético y un certificado profesional para trabajadores. Esta iniciativa responde a las necesidades del sector automotriz y busca impulsar la formación continua en un contexto de transformación industrial. En los últimos años, se han creado numerosas titulaciones vinculadas a sectores emergentes como vehículos eléctricos, robótica y digitalización. La inversión en FP en Aragón supera los 172 millones de euros, destacando el compromiso del Gobierno con la calidad educativa y la innovación.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo, se reunió con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para discutir el acceso al empleo de personas con discapacidad y la reforma de la Ley de Dependencia. Durante el encuentro, Bustinduy destacó la importancia de implementar cláusulas sociales en contratos públicos que favorezcan la inclusión laboral. Se abordaron iniciativas para fomentar la empleabilidad de este colectivo, incluyendo un protocolo para licitaciones responsables y la necesidad de adaptar la normativa a los nuevos derechos establecidos en la Constitución. Además, se revisó el anteproyecto de ley que reformará las leyes de Dependencia y Discapacidad. Esta reunión refuerza el compromiso del gobierno por una sociedad más inclusiva y equitativa.

El Gobierno de España ha anunciado la financiación anticipada de más de 370 obras de reparación y reconstrucción de infraestructuras municipales afectadas por la DANA, con un presupuesto total de 1.745 millones de euros. Esta medida, liderada por el ministro Ángel Víctor Torres, busca acelerar la recuperación de los municipios afectados en la provincia de València, Albacete, Cuenca y Málaga. La nueva orden ministerial establece que se cubrirá el 100% de los costos, permitiendo a los ayuntamientos firmar acuerdos para la ejecución de las obras. Además, se ha creado un Comité de Expertos para asesorar en la reconstrucción y garantizar una respuesta efectiva ante futuras crisis climáticas.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, ha entregado al comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA). Este documento es clave para posicionar a España como una potencia agroalimentaria en el contexto europeo y aborda desafíos actuales como el cambio climático y la seguridad alimentaria. La ENA se centra en seis ejes estratégicos: seguridad alimentaria, sostenibilidad, revitalización del medio rural, nutrición y salud, innovación y tecnología, e información al consumidor. Esta iniciativa es prioritaria para el Gobierno español y busca construir un sistema alimentario sostenible que garantice el abastecimiento a precios asequibles.

El Gobierno de España ha reafirmado su condena al antisemitismo y a todas las formas de odio y discriminación en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto y el 80º aniversario de la liberación de Auschwitz. En este contexto, se rinde homenaje a los seis millones de judíos y otros cuatro millones de víctimas del Holocausto, incluyendo a 10.000 españoles. El comunicado destaca la importancia de fomentar una sociedad europea tolerante y rechazar la negación y trivialización del Holocausto, mientras España continúa su lucha activa contra el antisemitismo.

El Ministerio de Hacienda de España ha enviado a la Comisión Europea la documentación necesaria para acceder al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea tras las recientes inundaciones. Este fondo es clave para apoyar la recuperación de desastres naturales y refleja la solidaridad entre los Estados miembros. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ya había manifestado la intención de España de acogerse a este recurso el 4 de noviembre. La documentación presentada detalla gastos por un total de 4.404 millones de euros, que cumplen con los requisitos establecidos por el reglamento del fondo. Se espera que la Comisión evalúe esta información y asigne una ayuda que será inferior al monto solicitado, dado que el presupuesto total disponible es de 1.500 millones. El proceso puede tardar varios meses antes de que se firme un acuerdo y se liberen los fondos.

El Gobierno de España ha recibido el permiso de la Junta de Andalucía para construir un centro de investigación y fabricación de semiconductores en Málaga, impulsando así un proyecto clave para la soberanía tecnológica de España y Europa. Este centro, liderado por la empresa Imec, se convertirá en un referente europeo en nanoelectrónica y tecnologías digitales. La inversión total asciende a 615 millones de euros, con una aportación inicial del Gobierno de 105 millones. Se espera que este desarrollo genere hasta 250 empleos directos en sus primeros años y posicione a Málaga como la capital tecnológica del sur de Europa. El acuerdo incluye también la adquisición futura de maquinaria y un compromiso conjunto entre diversas instituciones para fomentar la innovación y atraer empresas tecnológicas.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado el desarrollo de una nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que se espera esté lista antes de finalizar el año. Durante una reunión con la Plataforma del Tercer Sector y asociaciones de consumidores, Aagesen destacó la necesidad de implementar medidas estructurales en lugar de soluciones temporales, tras los altos precios energéticos de los últimos años. La estrategia buscará mejorar la equidad energética y garantizar que todos los hogares con derecho al bono social accedan efectivamente a él. Además, se propone incluir la pobreza energética como variable en programas de ayudas y utilizar financiación del Plan Social para el Clima para mejorar la eficiencia energética de las viviendas. Esta iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio por asegurar una transición energética centrada en el bienestar del ciudadano.

El Consejo de Ministros ha aprobado la revalorización de las pensiones en España para 2025, aumentando las pensiones contributivas un 3,8% y las no contributivas un 6,9%. Esto beneficiará a 12 millones de pensionistas. Las pensiones contributivas incluyen jubilación, incapacidad y viudedad, mientras que las no contributivas están destinadas a quienes carecen de recursos suficientes. Para solicitar estas pensiones, se deben cumplir ciertos requisitos relacionados con la edad, cotización y situación económica. La gestión de ambas categorías de pensiones recae en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y organismos autonómicos.