La Audiencia de Navarra ha reducido la pena de prisión de 15 a 14 años para dos de los condenados por la violación grupal ocurrida durante las fiestas de San Fermín en 2016. Esta decisión se basa en la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, que modifica las penas mínimas y máximas para delitos sexuales. La rebaja se alinea con la doctrina del Tribunal Supremo, que ya había revisado previamente las sentencias de otros condenados en el mismo caso. A pesar de la oposición de la víctima y acciones populares, el tribunal ha considerado necesario seguir el criterio establecido por instancias superiores. Para más detalles, visita el enlace a la noticia completa.
El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha abierto juicio oral contra Gabriel Le Senne, presidente del Parlament balear, por un delito de odio. La decisión incluye la solicitud de una fianza de 40.000 euros para cubrir posibles responsabilidades económicas. Este caso será juzgado en un tribunal penal, mientras se espera la resolución de la Audiencia Provincial sobre el recurso relacionado con las diligencias previas. La apertura del juicio se basa en indicios suficientes que sugieren la posible responsabilidad penal del acusado.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la condena de 10 años y medio de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su hija menor de edad entre 2014 y 2016. Los abusos se produjeron en ausencia de la madre, con tocamientos inapropiados que incluyeron penetración digital. La sentencia se basa en el testimonio de la víctima, considerado suficiente para sostener la condena, y el condenado deberá indemnizar a la víctima con 30.000 euros por daños morales. Esta decisión reafirma el compromiso del sistema judicial con la protección de los menores y la justicia ante delitos sexuales.
El documental, que se estrena en exclusiva en la plataforma el 23 de febrero, narra la violenta muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho. 'Receta para un asesinato' cuenta con testimonios de más de 50 colaboradores en Colombia, Tailandia y España.
La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a cuatro años de prisión al patrón de una patera que transportó a 13 personas desde Argelia a España en condiciones de inseguridad. El acusado, sin titulación para gobernar la embarcación, salió el 2 de septiembre y sufrió una avería que prolongó el viaje a cuatro días. Los migrantes pagaron entre 1.800 y 2.500 euros por el trayecto clandestino, que carecía de equipos de seguridad y víveres. La sentencia es firme y no admite recurso.
El Tribunal Supremo, a través del magistrado Ángel Luis Hurtado, ha rechazado la solicitud del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para posponer su declaración como investigado en una causa abierta. La comparecencia se mantiene programada para este miércoles a las 10 horas. El juez desestimó también las diligencias solicitadas por la defensa, que incluían la citación de testigos y documentos adicionales. Se argumenta que estas diligencias no son necesarias y podrían dilatar el proceso. Esta decisión subraya la importancia de avanzar en el caso sin demoras innecesarias.
El Gobierno de España ha aprobado una reforma significativa para ampliar y fortalecer las Carreras Judicial y Fiscal, con el objetivo de modernizar la Administración de Justicia y adaptarla a las nuevas demandas sociales. Esta reforma, presentada por el ministro Félix Bolaños, incluye medidas para promover la igualdad de oportunidades en el acceso a estas carreras, mejorar la carrera profesional de jueces y fiscales, y garantizar la pluralidad y transparencia en sus estructuras. Entre las novedades destacan la protección legal de las Becas SERÉ, un sistema de acceso más equitativo, y la incorporación del "cuarto turno" para juristas con experiencia. La ley también busca aumentar los recursos humanos en el sector judicial y modernizar los procesos electorales dentro del Poder Judicial.
|
El Gobierno de España y la Generalitat Valenciana han acordado reforzar la Justicia para gestionar los procesos derivados de la DANA. La consellera Nuria Martínez y el ministro Félix Bolaños se han comprometido a trabajar juntos para evitar la sobrecarga en la Administración de Justicia. Se valorará la solicitud del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para nombrar un juez de refuerzo en Catarroja, y se buscará agilizar refuerzos en otros juzgados de Valencia. Además, se discutirá la implementación de la Ley de Eficiencia que transformará 417 juzgados unipersonales en 36 Tribunales de Instancia en una próxima reunión con comunidades autónomas.
Un juzgado de Granada se ha inhibido en favor de la justicia italiana en un caso de malos tratos a un menor por parte de su padre. La decisión fue tomada por el Juzgado de Instrucción número 9, que considera que los hechos ocurrieron en Cagliari, Italia, donde reside el menor con su progenitor. A pesar de esta inhibición, se mantiene la suspensión provisional del regreso del niño a Italia. La medida cuenta con el apoyo del ministerio fiscal y ha sido recurrida por la parte demandante. El juzgado granadino había asumido inicialmente el caso tras una denuncia presentada por la madre y el hermano del menor. Se espera que la Audiencia Provincial resuelva sobre la apelación antes de enviar el expediente judicial a Italia.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado dos recursos de súplica relacionados con la inadmisión de querellas y denuncias contra el presidente de la Generalitat por su gestión durante la DANA. En su resolución, el TSJCV sostiene que los indicios presentados son insuficientes para justificar una investigación, destacando la complejidad del caso y la falta de pruebas suficientes para imputar conductas delictivas. Aunque no se descarta completamente el carácter delictivo de los hechos denunciados, el tribunal concluye que no hay fundamentos suficientes para asumir competencia en este asunto.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) investiga un caso de fraude fiscal relacionado con importaciones de acero por parte de una empresa de ingeniería mecánica en la región de Rhine-Neckar, Alemania. Se llevaron a cabo registros en las instalaciones de la empresa y en el Reino Unido, donde se sospecha que se falsificó el origen del acero, que era indio, declarando erróneamente que provenía de Gran Bretaña. Este engaño podría haber causado pérdidas significativas a las finanzas públicas europeas, estimadas en cientos de miles de euros. La investigación abarca importaciones realizadas entre marzo de 2021 y marzo de 2022, con un valor superior a 2.9 millones de euros.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha enfatizado la necesidad de adaptar el sistema judicial para garantizar los derechos de niñas y niños. Durante su visita a instalaciones judiciales en La Rioja, Rego destacó la importancia de crear entornos seguros donde los menores puedan expresar sus vivencias. Subrayó que es esencial formar a los profesionales en una perspectiva infantil y erradicar las violencias contra la infancia. Además, se reunió con el presidente del Gobierno de La Rioja para discutir temas relevantes sobre la atención a la infancia.
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra el Real Decreto 35/2023, que revisa los planes hidrológicos de varias demarcaciones, incluyendo Tajo-Segura. La sentencia, a cargo del magistrado Fernando Román, afirma que se cumplió con el proceso de concertación para los caudales ecológicos y que el informe del Consejo Nacional del Agua fue emitido válidamente. Además, se rechazan las alegaciones sobre la jerarquía normativa y la falta de motivación técnica en la fijación de los caudales ecológicos, destacando que la Junta no presentó pruebas suficientes para invalidar estos criterios. Esta decisión refuerza el marco legal vigente en materia de gestión hídrica en España.
El exalcalde de Valencina de la Concepción, Antonio Manuel Suárez Sánchez, ha sido condenado a un año y seis meses de prisión por prevaricación omisiva al permitir la actividad sin licencia de un asador en suelo no urbanizable. La Audiencia Provincial de Sevilla destacó su "inacción consciente" y "prolongada conducta omisiva" en el caso, que incluyó la autorización de obras sin licencia desde 2006 hasta 2020. Además de la pena de cárcel, se le impuso una multa de 2.160 euros y nueve años de inhabilitación para cargos públicos. La sentencia no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
|
