El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la condena de 10 años y medio de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su hija menor de edad entre 2014 y 2016. Los abusos se produjeron en ausencia de la madre, con tocamientos inapropiados que incluyeron penetración digital. La sentencia se basa en el testimonio de la víctima, considerado suficiente para sostener la condena, y el condenado deberá indemnizar a la víctima con 30.000 euros por daños morales. Esta decisión reafirma el compromiso del sistema judicial con la protección de los menores y la justicia ante delitos sexuales.
El documental, que se estrena en exclusiva en la plataforma el 23 de febrero, narra la violenta muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho. 'Receta para un asesinato' cuenta con testimonios de más de 50 colaboradores en Colombia, Tailandia y España.
La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a cuatro años de prisión al patrón de una patera que transportó a 13 personas desde Argelia a España en condiciones de inseguridad. El acusado, sin titulación para gobernar la embarcación, salió el 2 de septiembre y sufrió una avería que prolongó el viaje a cuatro días. Los migrantes pagaron entre 1.800 y 2.500 euros por el trayecto clandestino, que carecía de equipos de seguridad y víveres. La sentencia es firme y no admite recurso.
El Tribunal Supremo, a través del magistrado Ángel Luis Hurtado, ha rechazado la solicitud del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para posponer su declaración como investigado en una causa abierta. La comparecencia se mantiene programada para este miércoles a las 10 horas. El juez desestimó también las diligencias solicitadas por la defensa, que incluían la citación de testigos y documentos adicionales. Se argumenta que estas diligencias no son necesarias y podrían dilatar el proceso. Esta decisión subraya la importancia de avanzar en el caso sin demoras innecesarias.
El Gobierno de España ha aprobado una reforma significativa para ampliar y fortalecer las Carreras Judicial y Fiscal, con el objetivo de modernizar la Administración de Justicia y adaptarla a las nuevas demandas sociales. Esta reforma, presentada por el ministro Félix Bolaños, incluye medidas para promover la igualdad de oportunidades en el acceso a estas carreras, mejorar la carrera profesional de jueces y fiscales, y garantizar la pluralidad y transparencia en sus estructuras. Entre las novedades destacan la protección legal de las Becas SERÉ, un sistema de acceso más equitativo, y la incorporación del "cuarto turno" para juristas con experiencia. La ley también busca aumentar los recursos humanos en el sector judicial y modernizar los procesos electorales dentro del Poder Judicial.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce importantes avances en la atención a las víctimas de violencia sexual. Esta norma garantiza derechos y accesos a la justicia para estas víctimas, modificando la regulación de los Juzgados de Violencia contra la Mujer y asegurando asistencia jurídica gratuita. Además, se coordinarán criterios en las Fiscalías sobre violencia de género y sexual. La ley también incluye cambios en el Estatuto de los Trabajadores para proteger a empleados con adaptaciones laborales.
En el tercer trimestre de 2024, los órganos judiciales españoles procesaron a 22 personas, tanto físicas como jurídicas, en cinco procedimientos por delitos de corrupción. De estas, 18 son individuos y 4 entidades. El Consejo General del Poder Judicial actualizó su repositorio de datos, que refleja la lucha contra la corrupción pública en España, incluyendo 12 sentencias dictadas durante este periodo, de las cuales 7 fueron condenatorias. Esta información es accesible al público y permite un seguimiento detallado de los casos relacionados con la corrupción en el país. Para más detalles, visita el enlace proporcionado.
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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado dos recursos de súplica relacionados con la inadmisión de querellas y denuncias contra el presidente de la Generalitat por su gestión durante la DANA. En su resolución, el TSJCV sostiene que los indicios presentados son insuficientes para justificar una investigación, destacando la complejidad del caso y la falta de pruebas suficientes para imputar conductas delictivas. Aunque no se descarta completamente el carácter delictivo de los hechos denunciados, el tribunal concluye que no hay fundamentos suficientes para asumir competencia en este asunto.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) investiga un caso de fraude fiscal relacionado con importaciones de acero por parte de una empresa de ingeniería mecánica en la región de Rhine-Neckar, Alemania. Se llevaron a cabo registros en las instalaciones de la empresa y en el Reino Unido, donde se sospecha que se falsificó el origen del acero, que era indio, declarando erróneamente que provenía de Gran Bretaña. Este engaño podría haber causado pérdidas significativas a las finanzas públicas europeas, estimadas en cientos de miles de euros. La investigación abarca importaciones realizadas entre marzo de 2021 y marzo de 2022, con un valor superior a 2.9 millones de euros.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha enfatizado la necesidad de adaptar el sistema judicial para garantizar los derechos de niñas y niños. Durante su visita a instalaciones judiciales en La Rioja, Rego destacó la importancia de crear entornos seguros donde los menores puedan expresar sus vivencias. Subrayó que es esencial formar a los profesionales en una perspectiva infantil y erradicar las violencias contra la infancia. Además, se reunió con el presidente del Gobierno de La Rioja para discutir temas relevantes sobre la atención a la infancia.
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra el Real Decreto 35/2023, que revisa los planes hidrológicos de varias demarcaciones, incluyendo Tajo-Segura. La sentencia, a cargo del magistrado Fernando Román, afirma que se cumplió con el proceso de concertación para los caudales ecológicos y que el informe del Consejo Nacional del Agua fue emitido válidamente. Además, se rechazan las alegaciones sobre la jerarquía normativa y la falta de motivación técnica en la fijación de los caudales ecológicos, destacando que la Junta no presentó pruebas suficientes para invalidar estos criterios. Esta decisión refuerza el marco legal vigente en materia de gestión hídrica en España.
El exalcalde de Valencina de la Concepción, Antonio Manuel Suárez Sánchez, ha sido condenado a un año y seis meses de prisión por prevaricación omisiva al permitir la actividad sin licencia de un asador en suelo no urbanizable. La Audiencia Provincial de Sevilla destacó su "inacción consciente" y "prolongada conducta omisiva" en el caso, que incluyó la autorización de obras sin licencia desde 2006 hasta 2020. Además de la pena de cárcel, se le impuso una multa de 2.160 euros y nueve años de inhabilitación para cargos públicos. La sentencia no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado que 2024 ha sido un año clave para la transformación del sistema judicial en España. En su balance, subrayó las mejoras en digitalización, modernización y vocación social. Se implementaron medidas como la posibilidad de realizar actos procesales telemáticamente y se aprobó la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Además, se renovó el Consejo General del Poder Judicial y se impulsaron becas para garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia. Para 2025, se prevé una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para actualizar la legislación penal. La mejora de la justicia es una prioridad del Gobierno para reducir desigualdades y fomentar el bienestar ciudadano.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena de 19 años y 3 meses de prisión a un hombre por el asesinato de otro en Palma del Río, Córdoba, en julio de 2019. La sentencia desestima el recurso de apelación presentado por la defensa, que alegaba falta de pruebas suficientes. El jurado popular determinó que el acusado disparó hasta cinco veces contra la víctima desde su vehículo, quien no tuvo oportunidad de defenderse. Además, se le impone una indemnización a la familia de la víctima por un total de 269.419,75 euros. Esta decisión del TSJA no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
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