Justicia

El Gobierno de España ha aprobado una reforma significativa para ampliar y fortalecer las Carreras Judicial y Fiscal, con el objetivo de modernizar la Administración de Justicia y adaptarla a las nuevas demandas sociales. Esta reforma, presentada por el ministro Félix Bolaños, incluye medidas para promover la igualdad de oportunidades en el acceso a estas carreras, mejorar la carrera profesional de jueces y fiscales, y garantizar la pluralidad y transparencia en sus estructuras. Entre las novedades destacan la protección legal de las Becas SERÉ, un sistema de acceso más equitativo, y la incorporación del "cuarto turno" para juristas con experiencia. La ley también busca aumentar los recursos humanos en el sector judicial y modernizar los procesos electorales dentro del Poder Judicial.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce importantes avances en la atención a las víctimas de violencia sexual. Esta norma garantiza derechos y accesos a la justicia para estas víctimas, modificando la regulación de los Juzgados de Violencia contra la Mujer y asegurando asistencia jurídica gratuita. Además, se coordinarán criterios en las Fiscalías sobre violencia de género y sexual. La ley también incluye cambios en el Estatuto de los Trabajadores para proteger a empleados con adaptaciones laborales.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a la empresa de seguridad del aeropuerto de Alvedro por vulnerar el derecho a la integridad moral de una trabajadora. La sentencia, que responde a un recurso interpuesto por la afectada, establece que la empresa incumplió el protocolo antiacoso al permitir coincidencias entre la trabajadora y un compañero con quien había activado dicho protocolo. El TSXG ordena el cese del comportamiento lesivo y condena a la empresa a indemnizar a la demandante con 20.000 euros. A pesar de las medidas iniciales adoptadas, se produjeron situaciones que revictimizaron a la trabajadora, lo que llevó al tribunal a considerar grave el incumplimiento del protocolo. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Un juzgado de Jerez de la Frontera, Cádiz, ha condenado al cantaor de flamenco Ramón J.S., conocido como Diego 'El Cigala', a dos años y un mes de cárcel por malos tratos a su exmujer. La sentencia incluye penas por varios delitos de violencia de género, así como medidas de alejamiento. La magistrada ha considerado probados diversos episodios de agresión, destacando una bofetada en un hotel y otros ataques físicos en presencia de sus hijos. Aunque se le absolvió de un cargo relacionado con un incidente en el aeropuerto de Punta Cana, la jueza ha mantenido las medidas cautelares previas para proteger a la víctima. La decisión no es firme y puede ser apelada ante la Audiencia Provincial de Cádiz.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ratificado que la incapacidad temporal de un trabajador dedicado a visionar contenidos extremos es considerada un accidente laboral, no una enfermedad común. La sentencia destaca que la exposición constante a imágenes traumáticas durante su jornada laboral fue la causa directa de su alteración psíquica. El tribunal desestimó los argumentos de la empresa, subrayando que el estrés laboral y las tareas asignadas al trabajador, que incluían visualizar contenido violento, llevaron a su baja médica. Esta decisión resalta la importancia de reconocer el impacto psicológico en profesiones expuestas a situaciones extremas.

Un juzgado de Vitoria-Gasteiz ha decidido el sobreseimiento de las actuaciones relacionadas con las presuntas filtraciones de exámenes en la OPE de Osakidetza 2016-2017. La resolución indica que no se han encontrado indicios suficientes para justificar la implicación de los investigados, salvo en el caso de dos personas vinculadas a la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, quienes enfrentarán un sobreseimiento provisional. Este procedimiento se inició tras una denuncia de la Fiscalía del País Vasco por posibles delitos relacionados con la revelación de secretos.

El exalcalde de Valencina de la Concepción, Antonio Manuel Suárez Sánchez, ha sido condenado a un año y seis meses de prisión por prevaricación omisiva al permitir la actividad sin licencia de un asador en suelo no urbanizable. La Audiencia Provincial de Sevilla destacó su "inacción consciente" y "prolongada conducta omisiva" en el caso, que incluyó la autorización de obras sin licencia desde 2006 hasta 2020. Además de la pena de cárcel, se le impuso una multa de 2.160 euros y nueve años de inhabilitación para cargos públicos. La sentencia no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado que 2024 ha sido un año clave para la transformación del sistema judicial en España. En su balance, subrayó las mejoras en digitalización, modernización y vocación social. Se implementaron medidas como la posibilidad de realizar actos procesales telemáticamente y se aprobó la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Además, se renovó el Consejo General del Poder Judicial y se impulsaron becas para garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia. Para 2025, se prevé una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para actualizar la legislación penal. La mejora de la justicia es una prioridad del Gobierno para reducir desigualdades y fomentar el bienestar ciudadano.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena de 19 años y 3 meses de prisión a un hombre por el asesinato de otro en Palma del Río, Córdoba, en julio de 2019. La sentencia desestima el recurso de apelación presentado por la defensa, que alegaba falta de pruebas suficientes. El jurado popular determinó que el acusado disparó hasta cinco veces contra la víctima desde su vehículo, quien no tuvo oportunidad de defenderse. Además, se le impone una indemnización a la familia de la víctima por un total de 269.419,75 euros. Esta decisión del TSJA no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, clausuró el seminario sobre Justicia y Democracia Contemporánea en la Universidad Carlos III de Madrid. Durante su intervención, destacó la justicia como un valor fundamental del ordenamiento jurídico y su relación con el Poder Judicial y el Estado de Derecho, según lo establecido en la constitución. Bolaños también presentó los ejes de transformación de la Justicia en esta legislatura, que incluyen digitalización y modernización. El evento contó con la participación de expertos y exministros en el ámbito judicial.

El Tribunal Supremo, a través del magistrado Leopoldo Puente, ha impuesto medidas cautelares al exasesor del ministro de Transportes, Koldo García Izaguirre, en el marco de una investigación por la contratación irregular de material sanitario durante la pandemia. Las medidas incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días ante el Juzgado de Benidorm. La Fiscalía y la acusación popular solicitaron mantener estas medidas debido a los indicios de criminalidad que persisten en relación con delitos como integración en organización criminal y tráfico de influencias. El juez advirtió que cualquier incumplimiento podría resultar en prisión provisional para el investigado.

El tercer trimestre de 2024 ha mostrado una disminución en el número de víctimas y denuncias por violencia de género en España, con un total de 53.147 denuncias, un 0,62% menos que el año anterior, y 48.725 víctimas, lo que representa una reducción del 6,57%. El informe del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género indica también un descenso en las órdenes de protección solicitadas y adoptadas. A pesar de la disminución en las denuncias, se observa un aumento en el porcentaje de sentencias condenatorias, alcanzando el 82,80%. Este análisis sugiere que los mecanismos judiciales para proteger a las víctimas están funcionando eficazmente.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha ratificado la condena de cinco años de prisión a un joven de 22 años por agredir y retener a su expareja, incumpliendo una orden de alejamiento. El acusado había sido prohibido de acercarse a la víctima tras un episodio violento en el que la forzó a entrar en su vehículo, le propinó un puñetazo y la mantuvo retenida durante horas. La sentencia también incluye una indemnización de 2.000 euros a la víctima. Esta decisión resalta la gravedad de los delitos relacionados con la violencia de género y el cumplimiento de las medidas cautelares.