El Gobierno español ha enviado al Congreso el Proyecto de Ley de Información Clasificada, que reemplaza a la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esta nueva normativa, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, busca equilibrar la clasificación de información sensible con el derecho a la transparencia y acceso a la información. La ley introduce plazos claros para la desclasificación automática, estableciendo categorías como "Alto Secreto", "Secreto", "Confidencial" y "Restringido", con límites temporales específicos. También se crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada y se implementa un régimen sancionador más proporcional. Con esta iniciativa, España se alinea con las legislaciones avanzadas de la UE y OTAN en materia de información clasificada.
Entre el 16 de mayo y el 13 de julio de 2025, se han registrado 1.180 muertes atribuibles a altas temperaturas en España, un aumento del 1.300% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento se ha correlacionado con 76 activaciones del nivel rojo por calor extremo, una cifra sin precedentes frente a ninguna activación en 2024. El mes de junio alcanzó una temperatura media de 23,6ºC, superando el récord histórico anterior. La mayoría de las víctimas eran mayores de 65 años, siendo las comunidades más afectadas Galicia, La Rioja, Asturias y Cantabria. Estos datos reflejan un cambio significativo en la severidad del clima y su impacto en la salud pública.
Arcópoli ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio de Madrid contra Carla Toscano, concejala del Ayuntamiento de Madrid por VOX, debido a sus declaraciones LGTBIfóbicas durante un pleno el 24 de junio de 2025. Toscano utilizó un lenguaje cargado de odio y prejuicios hacia el colectivo LGTBI+, afirmando que la bandera LGTBI representa ideologías destructivas y acusando a Arcópoli de promover la sexualidad entre menores. La organización considera que sus comentarios cruzan los límites de la libertad de expresión y buscan criminalizar al colectivo. Arcópoli ha solicitado una investigación sobre la vulneración de derechos fundamentales y cuenta con el respaldo de varias organizaciones en su denuncia.
El Consejo de Ministros de España ha aprobado un Real Decreto que permite a las policías locales de grandes ciudades acceder a las bases de datos del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). Esta medida busca agilizar la gestión judicial y mejorar la colaboración entre cuerpos policiales y el sistema judicial, especialmente en casos de multirreincidencia. Con este acceso, las fuerzas locales podrán conocer antecedentes penales desde el primer momento, facilitando así la detención y procesamiento de delincuentes. Además, se adapta el SIRAJ al sistema europeo ECRIS, mejorando el control internacional sobre antecedentes penales. Esta reforma forma parte del Plan de choque contra la multirreincidencia en Barcelona, que incluye otras iniciativas para optimizar la justicia y aumentar la seguridad ciudadana.
Arcópoli, la entidad LGTBI+ en España, ha presentado su lema para el Orgullo 2025: "El odio nos señala, pero no nos borra. Somos orgullo, memoria y resistencia LGTBI+". Este mensaje surge como respuesta a un contexto de retrocesos en derechos y aumento de discursos de odio tanto a nivel nacional como internacional. La organización destaca la importancia de recordar la historia del movimiento LGTBI+, que se originó en la lucha contra la represión y la violencia. Arcópoli enfatiza que vivir con libertad es un derecho fundamental y hace un llamado a la comunidad para resistir ante cualquier intento de deshumanización o borrado. El Orgullo 2025 será una manifestación política que reivindica visibilidad y lucha por los derechos LGTBI+.
RTVE ha recibido 270 candidaturas para Eurovisión Junior 2025, cerrando el plazo de inscripciones el 30 de junio. Niños y niñas de entre 9 y 14 años han enviado vídeos para demostrar sus habilidades vocales e interpretativas con el objetivo de representar a España en este certamen infantil europeo. Tras un proceso de selección, los elegidos participarán en un casting presencial en Madrid a mediados de julio. El festival se llevará a cabo el 13 de diciembre en Tiflis, Georgia.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha entregado al Ayuntamiento de Madrid datos postales de 3.565 pisos turísticos ilegales para su inspección y cierre. Esta acción se enmarca en un esfuerzo por regular el sector turístico en la capital, donde se han identificado más de 15.000 alojamientos operando sin licencia, contrastando con solo 1.131 licencias concedidas por el Consistorio. El ministro Pablo Bustinduy busca facilitar la labor del Ayuntamiento para recuperar viviendas para uso residencial y combatir la proliferación de pisos turísticos ilegales. Esta colaboración incluye la entrega de anuncios que demuestran que estos alojamientos están activos, permitiendo al Ayuntamiento tomar medidas inmediatas.
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El Ministerio de Vivienda de España ha alcanzado un acuerdo con Airbnb para la retirada de anuncios de pisos turísticos que no cuenten con un código de registro. Este compromiso incluye el envío mensual de información por parte de Airbnb sobre los anuncios publicados en su plataforma, facilitando así el cumplimiento de la normativa estatal. España se convierte en el primer país de la Unión Europea en implementar esta regulación, que busca combatir el fraude en alquileres turísticos y garantizar el derecho a una vivienda digna. A partir de agosto de 2025, Airbnb deberá proporcionar datos sobre los números de registro correspondientes, y retirará anuncios irregulares tras notificar a los anfitriones, quienes tendrán un plazo para corregir las irregularidades antes de la eliminación definitiva del anuncio.
Pedro Sánchez ha presidido una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en La Moncloa, donde se han aprobado la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025, así como la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional. El encuentro también incluyó un análisis de los conflictos en Oriente Próximo y Ucrania, y se presentó el Plan Nacional contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para su aprobación por el Consejo de Ministros. Entre los asistentes se encontraban varios ministros y altos cargos del Gobierno español.
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo itinerante en Madrid, especializado en asaltos a viviendas, con la detención de once personas que han ingresado en prisión provisional. Se les atribuyen tres robos con violencia, realizados tras una cuidadosa planificación y vigilancia de los objetivos, utilizando información de antiguas empleadas del hogar. El grupo, que operaba bajo una jerarquía estricta y se comunicaba en guaraní, utilizaba disfraces de trabajadores de construcción y repartidores para evitar ser detectados. Durante su último asalto, fueron arrestados in fraganti y se recuperaron 48.000 euros en efectivo, así como herramientas para forzar cerraduras. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.
El Ministerio de Consumo y la ACB han firmado un convenio para combatir las apuestas deportivas ilegales en España. La ACB, la principal liga de baloncesto del país, se une al Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA), una red que promueve la cooperación para prevenir el fraude y la manipulación en competiciones deportivas. Este acuerdo, firmado por Mikel Arana y José Miguel Calleja, refuerza el compromiso de ambas entidades con la transparencia y la integridad del deporte. La DGOJ ya ha colaborado previamente con otras federaciones deportivas, destacando su intención de seguir incorporando nuevos actores para mejorar la eficacia en la detección de fraudes.
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha denunciado un ataque por delito de odio tras el robo y daño de dos pancartas en apoyo a los derechos LGTBIQ+. Las pancartas, que llevaban el lema "Orgullo también con canas" y estaban ubicadas en la verja del edificio del Imserso en Madrid, fueron objeto de un intento de incendio y posterior desmantelamiento por un grupo de personas. El Imserso considera este acto como un ataque motivado por prejuicios hacia la comunidad LGTBIQ+, lo que genera un clima de hostilidad y temor. La denuncia solicita la investigación y identificación de los autores del ataque, en el contexto del Día del Orgullo.
Se conmemoran 20 años de la aprobación del matrimonio igualitario en España, un avance significativo para la comunidad LGTBI+. Un informe de la Federación Estatal LGTBI+ revela que el 74% de las personas LGTBI+ teme perder sus derechos ante una posible llegada al poder de un gobierno ultraconservador. Este estudio destaca el impacto emocional y simbólico del matrimonio igualitario, considerado un símbolo de dignidad y protección. A pesar del amplio apoyo transversal a esta conquista, el temor a retrocesos en derechos fundamentales es palpable, especialmente entre quienes han sufrido discriminación. La campaña "Con Orgullo, sí quiero" busca visibilizar estos logros y defender los derechos adquiridos.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha proporcionado al Ayuntamiento de Madrid un archivo digital con las direcciones de 3.565 pisos turísticos ilegales en la ciudad. Esta información, obtenida por la Unidad de Análisis de Consumo, busca facilitar la inspección y sanción por parte del Consistorio, que enfrenta más de 15.000 alojamientos turísticos sin licencia. La acción se enmarca en los esfuerzos del Ministerio para abordar la proliferación de estos pisos y contribuir a recuperar vivienda para uso residencial. Además, se han tomado medidas contra plataformas como Booking y Airbnb por anuncios ilegales.
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