El Gobierno español ha enviado al Congreso el Proyecto de Ley de Información Clasificada, que reemplaza a la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esta nueva normativa, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, busca equilibrar la clasificación de información sensible con el derecho a la transparencia y acceso a la información. La ley introduce plazos claros para la desclasificación automática, estableciendo categorías como "Alto Secreto", "Secreto", "Confidencial" y "Restringido", con límites temporales específicos. También se crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada y se implementa un régimen sancionador más proporcional. Con esta iniciativa, España se alinea con las legislaciones avanzadas de la UE y OTAN en materia de información clasificada.
