La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del instructor Pablo Llarena de no aplicar la Ley de Amnistía a Carles Puigdemont y otros investigados por malversación de caudales públicos. Todos los recursos de apelación presentados han sido desestimados, destacando que la interpretación de la ley no contraviene la voluntad del legislador ni es arbitraria. La Sala argumenta que el concepto de "beneficio personal de carácter patrimonial" incluye tanto el incremento de activos como la protección del patrimonio, dado que los investigados impulsaron un proyecto político ilegal utilizando fondos públicos. Esta decisión refuerza la excepción en la Ley de Amnistía para delitos de malversación y descarta cuestiones de constitucionalidad o prejudiciales ante instancias europeas.
El Ministerio de Igualdad ha subrayado la importancia de que prevalezca el interés superior del menor en el caso del hijo pequeño de Juana Rivas, ante la posibilidad de su regreso a Italia con su padre. La ministra Ana Redondo enfatiza que se debe escuchar al niño y garantizar su seguridad, evitando que conviva con un maltratador. Además, recuerda que los Juzgados de Violencia contra la Mujer y otros tribunales tienen la responsabilidad de proteger al menor, en cumplimiento de las normativas internacionales como el CEDAW y el Convenio de Estambul. Redondo también menciona que es crucial avanzar en la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para abordar eficazmente todos los tipos de violencia, incluida la vicaria.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, clausuró el seminario sobre Justicia y Democracia Contemporánea en la Universidad Carlos III de Madrid. Durante su intervención, destacó la justicia como un valor fundamental del ordenamiento jurídico y su relación con el Poder Judicial y el Estado de Derecho, según lo establecido en la constitución. Bolaños también presentó los ejes de transformación de la Justicia en esta legislatura, que incluyen digitalización y modernización. El evento contó con la participación de expertos y exministros en el ámbito judicial.
LA CONJURA DE LOS NECIOS
Aunque pueda parecer desmesurado, hay muchos interrogantes y la pregunta de si seguimos siendo ciudadanos o súbditos.
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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado dos recursos de súplica relacionados con la inadmisión de querellas y denuncias contra el presidente de la Generalitat por su gestión durante la DANA. En su resolución, el TSJCV sostiene que los indicios presentados son insuficientes para justificar una investigación, destacando la complejidad del caso y la falta de pruebas suficientes para imputar conductas delictivas. Aunque no se descarta completamente el carácter delictivo de los hechos denunciados, el tribunal concluye que no hay fundamentos suficientes para asumir competencia en este asunto.
En el tercer trimestre de 2024, los órganos judiciales españoles procesaron a 22 personas, tanto físicas como jurídicas, en cinco procedimientos por delitos de corrupción. De estas, 18 son individuos y 4 entidades. El Consejo General del Poder Judicial actualizó su repositorio de datos, que refleja la lucha contra la corrupción pública en España, incluyendo 12 sentencias dictadas durante este periodo, de las cuales 7 fueron condenatorias. Esta información es accesible al público y permite un seguimiento detallado de los casos relacionados con la corrupción en el país. Para más detalles, visita el enlace proporcionado.
La vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha intervenido durante la Sesión de Control en el Congreso de los Diputados donde ha reprochado al Partido Popular que “no se puede ser una oposición que perjudica a la mayoría social, para favorecer los intereses de la minoría, bajando los impuestos a los más ricos, a las energéticas o a la banca”.
El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados y diputado por Bizkaia, Patxi López, ha instado al Partido Popular a llegar a un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial porque “el PP lleva cinco años sin cumplir la Constitución y mantiene al CGPJ en un secuestro político que dura más de dos mil días”.
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