transicion energetica

España enfrenta una grave emergencia climática, evidenciada por las recientes lluvias torrenciales en Tarragona, Castelló y València, que siguen a un verano marcado por olas de calor extremo y devastadores incendios forestales. Greenpeace alerta sobre la creciente frecuencia e intensidad de estos fenómenos, que ya han causado miles de muertes y grandes pérdidas materiales. La organización exige medidas urgentes del Gobierno y la Unión Europea para abandonar los combustibles fósiles, acelerar la transición hacia energías renovables y adoptar soluciones basadas en la naturaleza para mitigar el impacto del cambio climático. La necesidad de un Pacto de Estado por la emergencia climática es crucial para proteger tanto a las generaciones actuales como futuras.

Greenpeace ha exigido al Gobierno español mayor contundencia en la regulación del oligopolio energético, tras valorar positivamente el nuevo decreto antiapagones que limita su poder. La organización ecologista critica la falta de impulso al autoconsumo y denuncia la eliminación de la Evaluación de Impacto Ambiental para baterías hibridadas con energías renovables, considerándola una medida peligrosa. Además, solicita la publicación de los nombres de las centrales nucleares y de gas que no respondieron durante el apagón reciente, abogando por la transparencia y la protección de los ciudadanos frente a los intereses del oligopolio. Greenpeace también pide medidas adicionales para acelerar la transición energética y regular el uso especulativo de las hidroeléctricas, enfatizando la necesidad de un sistema eléctrico 100% renovable para 2040.

Greenpeace ha expresado su descontento por el rechazo del decreto antiapagones en el Congreso, argumentando que contenía medidas esenciales para acelerar la transición energética y fomentar el autoconsumo. La organización ecologista insta a la creación de una nueva propuesta que limite el poder de las grandes compañías eléctricas y aborde temas críticos como la separación de actividades energéticas y la regulación del uso especulativo de centrales hidroeléctricas. Greenpeace también solicita la inclusión de diez medidas clave para un sistema eléctrico sostenible, así como mejoras en el autoconsumo y proyectos de almacenamiento.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reafirmado el compromiso de España con los objetivos climáticos en el Consejo de Competitividad de la Unión Europea. En su intervención, destacó la importancia de definir instrumentos comunitarios que fomenten inversiones en energías renovables y limpias, esenciales para avanzar en la transición energética del sector industrial. Esta postura subraya la necesidad de impulsar la competitividad industrial en el contexto europeo.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) han firmado un convenio para desarrollar un barómetro sobre la transición energética en España, que se llevará a cabo entre 2025 y 2026. Este estudio incluirá encuestas y grupos de debate para evaluar la percepción social sobre temas como las energías renovables, la movilidad eléctrica y el autoconsumo. Con un presupuesto total de 355.000 euros, los resultados del barómetro servirán para guiar nuevas políticas públicas que fomenten una transición energética justa y aprovechen el potencial renovable del país. El barómetro concluirá en noviembre de 2026, con el objetivo de mejorar el diseño de instrumentos de apoyo a la ciudadanía en este proceso transformador.

Greenpeace y la red Gas No es Solución han exigido una evaluación ambiental estratégica para los proyectos de hidrógeno en España, tras la presentación por parte de Enagás de 15 iniciativas fragmentadas. Estas organizaciones denuncian que este fraccionamiento es inaceptable y podría vulnerar la legislación vigente. Solicitan al Gobierno que se realice un informe que contemple todas las infraestructuras relacionadas, argumentando que el desarrollo actual del mercado de hidrógeno es insuficiente y que la planificación carece de una visión global. Además, advierten sobre los riesgos de financiar infraestructuras privadas con fondos públicos sin demostrar su viabilidad o contribución a la descarbonización. La red aboga por una transición energética democrática y justa, con participación ciudadana y evaluación ambiental rigurosa.

Pedro Sánchez ha resaltado el potencial de inversión de las empresas españolas en Uruguay durante el Encuentro Empresarial España-Uruguay. Este evento busca fortalecer la cooperación económica entre ambos países y explorar nuevas oportunidades de colaboración público-privada. Con más de 100 empresas españolas y una inversión acumulada de 7.600 millones de dólares, España se posiciona como el principal inversor en Uruguay. Sánchez destacó sectores clave como la transición energética, hidrógeno verde, infraestructuras y digitalización, subrayando que estas inversiones buscan complementar el talento local y generar empleo. Además, instó a ratificar el Acuerdo Unión Europea-Mercosur para fomentar el comercio e inversión entre ambas regiones.