transicion energetica

Greenpeace ha presentado un informe que demuestra que España y Portugal pueden alcanzar emisiones cero en 2040, diez años antes de lo acordado por la Unión Europea. Este estudio se lanza en vísperas de la Cumbre de Santa Marta en Colombia y propone un sistema energético que reduce el uso de energía en un 39% respecto al consumo actual, cubriendo el 100% de la demanda con energías renovables. El informe destaca la importancia de los conceptos de 'suficiencia' y 'eficiencia' para mejorar la calidad de vida y minimizar el impacto ambiental. Además, se estima que esta transición podría ahorrar a España 25 mil millones de euros anuales en inversiones energéticas. Greenpeace insta al gobierno español a liderar el abandono global de combustibles fósiles y a implementar un "Contrato Social Verde" para acelerar la transición energética.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha destacado en el Congreso que el país ha implementado "el mayor escudo social y económico de la UE" para enfrentar las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo. Durante su intervención, anunció un Plan Integral de Respuesta a la Crisis dotado con 5.000 millones de euros en ayudas directas y políticas para proteger a 20 millones de hogares y 3 millones de empresas. Reiteró el compromiso del Gobierno con la paz, rechazando la participación en guerras ilegales y subrayando la importancia de la diplomacia. Además, abordó el impacto económico del conflicto, que ha provocado aumentos significativos en los precios del diésel y gas, así como pérdidas millonarias para las empresas españolas.

Más de 100 organizaciones, incluyendo Greenpeace y Amnistía Internacional, han exigido al Gobierno de España que se sume al Tratado sobre los Combustibles Fósiles durante el evento “Por una Transición Justa de los Combustibles Fósiles” en Madrid. La declaración presentada destaca la necesidad de un mecanismo legal internacional para frenar la extracción de combustibles fósiles, principal causa de la emergencia climática. Las organizaciones piden a España que asuma un liderazgo político en la próxima Conferencia de Santa Marta y promueva un plan vinculante para una transición energética justa y sostenible. Este llamado se produce a dos meses del evento internacional que busca abordar la dependencia de los combustibles fósiles y sus impactos sociales y ambientales.

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, ha reafirmado el compromiso del país con la transición energética, el multilateralismo y la seguridad en el sector marítimo durante su intervención en la 34ª Asamblea General de la Organización Marítima Internacional (OMI) en Londres. Puente destacó la importancia de la cooperación internacional ante desafíos como el cambio climático y las tensiones geopolíticas que afectan al comercio marítimo. Además, subrayó los esfuerzos de España en descarbonización y su candidatura para ser reelegida como miembro del Consejo de la OMI, donde ha ocupado la presidencia en los últimos años. El ministro también presentó el Plan de Acción Nacional para la Descarbonización del Transporte Marítimo y enfatizó la necesidad de proteger los océanos y su biodiversidad.

España enfrenta una grave emergencia climática, evidenciada por las recientes lluvias torrenciales en Tarragona, Castelló y València, que siguen a un verano marcado por olas de calor extremo y devastadores incendios forestales. Greenpeace alerta sobre la creciente frecuencia e intensidad de estos fenómenos, que ya han causado miles de muertes y grandes pérdidas materiales. La organización exige medidas urgentes del Gobierno y la Unión Europea para abandonar los combustibles fósiles, acelerar la transición hacia energías renovables y adoptar soluciones basadas en la naturaleza para mitigar el impacto del cambio climático. La necesidad de un Pacto de Estado por la emergencia climática es crucial para proteger tanto a las generaciones actuales como futuras.

Greenpeace ha exigido al Gobierno español mayor contundencia en la regulación del oligopolio energético, tras valorar positivamente el nuevo decreto antiapagones que limita su poder. La organización ecologista critica la falta de impulso al autoconsumo y denuncia la eliminación de la Evaluación de Impacto Ambiental para baterías hibridadas con energías renovables, considerándola una medida peligrosa. Además, solicita la publicación de los nombres de las centrales nucleares y de gas que no respondieron durante el apagón reciente, abogando por la transparencia y la protección de los ciudadanos frente a los intereses del oligopolio. Greenpeace también pide medidas adicionales para acelerar la transición energética y regular el uso especulativo de las hidroeléctricas, enfatizando la necesidad de un sistema eléctrico 100% renovable para 2040.

Greenpeace ha expresado su descontento por el rechazo del decreto antiapagones en el Congreso, argumentando que contenía medidas esenciales para acelerar la transición energética y fomentar el autoconsumo. La organización ecologista insta a la creación de una nueva propuesta que limite el poder de las grandes compañías eléctricas y aborde temas críticos como la separación de actividades energéticas y la regulación del uso especulativo de centrales hidroeléctricas. Greenpeace también solicita la inclusión de diez medidas clave para un sistema eléctrico sostenible, así como mejoras en el autoconsumo y proyectos de almacenamiento.

Greenpeace ha subrayado la necesidad urgente de abandonar los combustibles fósiles como una estrategia clave para enfrentar tanto las guerras como el cambio climático. En el contexto del conflicto en Irán, las grandes petroleras han visto un incremento significativo en su valor de mercado, lo que resalta la relación entre la industria fósil y la especulación bélica. La organización ambientalista exige al Gobierno español un liderazgo claro en la próxima Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que se llevará a cabo en Colombia. Greenpeace propone un plan integral que incluya un sistema energético 100% renovable, transporte público sostenible y un modelo agroalimentario ecológico. Estas medidas son fundamentales para garantizar una vida más justa y reducir la dependencia de fuentes de energía contaminantes que perpetúan conflictos y desigualdades.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, para fortalecer las relaciones bilaterales y abordar temas de interés común. Durante el encuentro, se destacó la cooperación en transición energética y se acordó impulsar una estrategia bilateral hispano-irlandesa. Además, Sánchez enfatizó la necesidad de un Marco Financiero Plurianual robusto en el contexto de la próxima Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea. Ambos líderes también discutieron cuestiones internacionales, reafirmando el apoyo a Ucrania y la defensa de los intereses europeos.

Greenpeace ha denunciado el negacionismo climático de Donald Trump, afirmando que su apoyo a los combustibles fósiles pone en riesgo la salud pública y profundiza la dependencia energética de la Unión Europea (UE) hacia Estados Unidos. La organización exige que la UE rompa esta dependencia, especialmente tras firmar contratos de gas estadounidense por entre 190.000 y 210.000 millones de euros desde 2022, extendiéndose más allá de 2035, cuando se espera eliminar el gas fósil. Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, activistas de Greenpeace realizaron una protesta simbólica para resaltar el peligro que representa esta relación con líderes autoritarios. En España, las importaciones de gas estadounidense han alcanzado récords, lo que agrava la situación climática y económica del país. Greenpeace advierte que mantener estos contratos perjudica la transición hacia un sistema energético renovable y aumenta la vulnerabilidad geopolítica.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, destacó en la cumbre sobre transición energética en Belém, Brasil, que España es un ejemplo de que el crecimiento económico puede ir de la mano con la reducción de emisiones. Subrayó que las políticas climáticas no solo son necesarias, sino también beneficiosas para el desarrollo económico, generando empleo e inversión. Además, enfatizó la urgencia de un pacto estatal contra la emergencia climática y reafirmó el compromiso de España con la financiación climática internacional. Sánchez también mencionó la importancia de avanzar en energías renovables y en tecnologías como el hidrógeno verde para fortalecer la competitividad y modernizar la industria.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) han firmado un convenio para desarrollar un barómetro sobre la transición energética en España, que se llevará a cabo entre 2025 y 2026. Este estudio incluirá encuestas y grupos de debate para evaluar la percepción social sobre temas como las energías renovables, la movilidad eléctrica y el autoconsumo. Con un presupuesto total de 355.000 euros, los resultados del barómetro servirán para guiar nuevas políticas públicas que fomenten una transición energética justa y aprovechen el potencial renovable del país. El barómetro concluirá en noviembre de 2026, con el objetivo de mejorar el diseño de instrumentos de apoyo a la ciudadanía en este proceso transformador.

Greenpeace y la red Gas No es Solución han exigido una evaluación ambiental estratégica para los proyectos de hidrógeno en España, tras la presentación por parte de Enagás de 15 iniciativas fragmentadas. Estas organizaciones denuncian que este fraccionamiento es inaceptable y podría vulnerar la legislación vigente. Solicitan al Gobierno que se realice un informe que contemple todas las infraestructuras relacionadas, argumentando que el desarrollo actual del mercado de hidrógeno es insuficiente y que la planificación carece de una visión global. Además, advierten sobre los riesgos de financiar infraestructuras privadas con fondos públicos sin demostrar su viabilidad o contribución a la descarbonización. La red aboga por una transición energética democrática y justa, con participación ciudadana y evaluación ambiental rigurosa.

Pedro Sánchez ha resaltado el potencial de inversión de las empresas españolas en Uruguay durante el Encuentro Empresarial España-Uruguay. Este evento busca fortalecer la cooperación económica entre ambos países y explorar nuevas oportunidades de colaboración público-privada. Con más de 100 empresas españolas y una inversión acumulada de 7.600 millones de dólares, España se posiciona como el principal inversor en Uruguay. Sánchez destacó sectores clave como la transición energética, hidrógeno verde, infraestructuras y digitalización, subrayando que estas inversiones buscan complementar el talento local y generar empleo. Además, instó a ratificar el Acuerdo Unión Europea-Mercosur para fomentar el comercio e inversión entre ambas regiones.