Izquierda Unida ha alzado la voz en el ámbito parlamentario, exigiendo a los líderes del Ministerio de Educación una respuesta firme y decidida para asegurar el acceso universal a la educación superior. Enrique Santiago, portavoz de la formación, junto con el diputado Francisco Sierra, han registrado una iniciativa que subraya la necesidad de proteger la igualdad en el acceso a la educación.
La propuesta destaca que el derecho a la educación, consagrado en la Constitución, exige no solo acceso sino también calidad en los servicios públicos. Para ello, es imprescindible implementar políticas públicas activas que fortalezcan las universidades públicas en todo el país, tanto en términos de organización como de financiación sostenible.
Desigualdades en el sistema educativo
Sierra, quien también se desempeña como catedrático en la Universidad de Sevilla, ha señalado que España ha experimentado un crecimiento desmedido de universidades privadas durante las últimas dos décadas. Este fenómeno no ha estado acompañado por un aumento proporcional de la población o de la demanda real, lo que ha generado desequilibrios que amenazan el principio de una educación de calidad.
Un ejemplo claro es el convenio entre el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y la Universidad Complutense, respaldado por el Gobierno del Partido Popular. Este acuerdo podría llevar a situaciones discriminatorias basadas en criterios económicos para aquellos estudiantes que buscan cursar Derecho y acceder a la abogacía. Según Izquierda Unida, esto normaliza un modelo que se aparta del marco normativo existente.
Cuestionamiento del derecho a la educación
La iniciativa parlamentaria pone de manifiesto que hasta ahora los centros adscritos se habían establecido principalmente por criterios territoriales. Sin embargo, Izquierda Unida denuncia un proceso reciente que pone en entredicho el reconocimiento constitucional del derecho a una educación de calidad y desafía las normativas vigentes.
Santiago y Sierra apuntan directamente a múltiples gobiernos autonómicos del Partido Popular por violar los requisitos establecidos en el Real Decreto 640/2021, que regula la creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios. En su iniciativa, recuerdan que este decreto forma parte del conjunto normativo obligatorio para regular las universidades privadas en todo el Estado.
Demandas concretas al Ministerio
A raíz de estas preocupaciones, los diputados han interpelado al Ministerio de Educación sobre las medidas específicas que se adoptarán para garantizar un acceso universal a la educación superior. También cuestionan qué mecanismos se implementarán para controlar y evaluar posibles violaciones del derecho a la igualdad.
Asimismo, plantean si existe un plan para desarrollar herramientas que fiscalicen situaciones evidentes de abuso en las competencias ejercidas por gobiernos autonómicos que incumplen sus obligaciones hacia las universidades públicas.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué reclama Izquierda Unida al Ministerio de Educación?
Izquierda Unida, a través de sus portavoces, reclama una “actuación contundente y decidida” para garantizar el acceso universal a la educación superior y evitar que se socave la igualdad en el acceso a la misma.
¿Cuáles son las preocupaciones sobre las universidades privadas en España?
Se señala que en las últimas dos décadas ha habido un crecimiento desmesurado de universidades privadas sin un aumento proporcional de la población ni de la demanda real, lo que ha generado desequilibrios que afectan el principio de educación de calidad.
¿Qué ejemplos se mencionan sobre el apoyo del PP a universidades privadas?
Se menciona un convenio entre el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y la Universidad Complutense que podría discriminar a estudiantes por razones económicas, normalizando un modelo ajeno al marco normativo español.
¿Qué medidas piden los diputados de IU para garantizar el acceso a la educación superior?
Piden al Ministerio de Educación que explique qué medidas adoptará para garantizar el acceso universal a la educación superior y qué instrumentos implementará para controlar y evaluar situaciones que socavan el derecho a la igualdad.
Si (
No(
