09/06/2025@13:07:49
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Múnich ha logrado una nueva condena en un caso de fraude fiscal organizado que involucra monedas de platino, resultando en una defraudación de más de 23 millones de euros. El tribunal regional de Múnich sentenció a un líder de la organización criminal a seis años y tres meses de prisión, además de confiscar 4.9 millones de euros. La investigación reveló un esquema conocido como "carousel VAT", donde las monedas se movían repetidamente entre empresas que no cumplían con sus obligaciones fiscales. Las actividades delictivas estaban centradas en ciudades alemanas como Hamburgo, Chemnitz y Múnich, con operaciones de blanqueo de capitales en Chequia y Eslovaquia. Esta acción subraya el compromiso del EPPO para proteger los intereses financieros de la Unión Europea. Para más detalles, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/germany-eppo-secures-another-conviction-in-e23-million-vat-fraud-involving-platinum-coins/
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo múltiples registros en Bragança, Portugal, el 5 de junio de 2025, como parte de una investigación sobre sospechas de fraude en la construcción de una zona industrial financiada por la UE. Los registros incluyeron el ayuntamiento y varias propiedades y empresas relacionadas con el proyecto, que recibió 3.4 millones de euros en fondos europeos. Se investigan posibles delitos como fraude en la obtención de subvenciones, corrupción y violaciones de normativas urbanísticas. La EPPO es responsable de proteger los intereses financieros de la UE.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación en Zagreb, Croacia, contra seis personas, incluidas cuatro individuos y dos empresas, por fraude en subsidios agrícolas, lavado de dinero y falsificación de documentos. La investigación revela que entre enero de 2015 y octubre de 2023, los acusados presentaron solicitudes fraudulentas para obtener más de 2.5 millones de euros en fondos europeos destinados a la agricultura. Utilizaron documentos falsificados para recibir aproximadamente 1.5 millones de euros y realizaron transacciones encubiertas para ocultar el flujo ilegal de dinero. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión por fraude y multas significativas para las empresas involucradas.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) y la Oficina para la Supresión de la Corrupción y el Crimen Organizado (USKOK) de Croacia están llevando a cabo medidas de investigación urgentes en relación con un posible abuso de posición y autoridad en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos. Esta investigación se centra en el uso ilegal de fondos del Fondo de Seguridad Interna y del presupuesto estatal croata. Tras interrogar a los sospechosos, el EPPO decidirá sobre los siguientes pasos. Se recuerda que todos los implicados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal competente.
Dos líderes de un grupo criminal internacional fueron condenados por fraude fiscal multimillonario en el Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemania, tras la investigación Goliath de la Oficina del Fiscal Público Europeo. Utilizando un esquema de fraude conocido como "carousel VAT", los acusados causaron daños por aproximadamente 26 millones de euros al establecer empresas en varios países para comerciar con productos electrónicos. El director formal recibió una condena de cinco años y dos meses, mientras que el gerente "de facto" fue sentenciado a cinco años y nueve meses. La investigación continúa con otros sospechosos bajo examen.
El Informe Anual 2024 de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) revela un aumento significativo en la actividad de investigación contra el fraude en la UE, con 2,666 investigaciones activas y daños estimados de €24.8 mil millones. Este incremento del 38% respecto al año anterior se debe a una mejor cooperación entre la EPPO y las autoridades nacionales, enfocándose principalmente en el fraude del IVA y en la gestión de fondos de NextGenerationEU. En 2024, se procesaron 6,547 informes de delitos, un 56% más que en 2023, y se congelaron activos por valor de €849 millones. El informe destaca la necesidad de fortalecer la arquitectura antifraude de la UE para abordar eficazmente estos delitos financieros. Para más detalles, consulte el informe completo en el enlace proporcionado.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha ejecutado una orden de congelación de €950,000 contra una empresa involucrada en la importación de bobinas de acero inoxidable, sospechosa de evadir aranceles aduaneros. Esta acción se suma a una congelación previa de aproximadamente €2.4 millones, elevando el total congelado a más de €3.3 millones. Dos empresas están bajo investigación por realizar declaraciones falsas sobre el origen de sus productos, beneficiándose indebidamente de exenciones arancelarias y causando un daño estimado en casi €2.4 millones debido a regulaciones antidumping de la UE. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) investiga un caso de fraude fiscal relacionado con importaciones de acero por parte de una empresa de ingeniería mecánica en la región de Rhine-Neckar, Alemania. Se llevaron a cabo registros en las instalaciones de la empresa y en el Reino Unido, donde se sospecha que se falsificó el origen del acero, que era indio, declarando erróneamente que provenía de Gran Bretaña. Este engaño podría haber causado pérdidas significativas a las finanzas públicas europeas, estimadas en cientos de miles de euros. La investigación abarca importaciones realizadas entre marzo de 2021 y marzo de 2022, con un valor superior a 2.9 millones de euros.
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Un hombre ha sido condenado por fraude de IVA en los Países Bajos, marcando el primer veredicto en un tribunal holandés sobre este tipo de delitos. La sentencia fue emitida por un tribunal en Rotterdam, que impuso 197 días de prisión y 240 horas de servicio comunitario al acusado, quien desempeñó un papel clave en un caso internacional de fraude relacionado con la compra y venta de productos electrónicos. Este esquema de fraude, que involucró a varios países europeos, causó daños estimados superiores a 40 millones de euros. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo la investigación y destacó la importancia de su labor en la protección de los intereses financieros de la UE.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha logrado una nueva condena en el caso de fraude fiscal por IVA conocido como "Midas", que abarca 17 países y afecta a un total estimado de €195 millones. El pasado 20 de mayo, el Tribunal Regional de Landshut sentenció a un individuo implicado en la venta fraudulenta de mascarillas, quien evadió impuestos por aproximadamente €600,000. Se le impuso una pena de un año y diez meses de prisión en suspensión y se ordenó la confiscación del monto defraudado. La investigación, liderada por las oficinas de la EPPO en Múnich y Colonia, ha desvelado una red criminal transnacional detrás de este esquema de fraude fiscal.
Una investigación sobre un fraude de subvenciones en Chequia ha llevado a la imputación de cuatro individuos y al embargo de activos valorados en aproximadamente 2.6 millones de euros. La trama, que involucró la manipulación de procedimientos de contratación pública para obtener fraudulentamente fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se estima en 4.4 millones de euros. Las autoridades realizaron múltiples registros y se beneficiaron de la cooperación internacional para reunir pruebas. Si son condenados, los acusados podrían enfrentar penas de prisión de entre cinco y diez años.
Dos sospechosos fueron arrestados en Italia por su presunta participación en un fraude fiscal de IVA relacionado con servicios de Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP), con un daño estimado de 64 millones de euros. La operación, solicitada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), reveló que ocho empresas italianas actuaban como "comerciantes desaparecidos" para evadir el pago del IVA entre 2017 y 2021. Las autoridades congelaron activos por el monto total del fraude y realizaron incautaciones adicionales. Esta investigación destaca la lucha contra delitos financieros en la Unión Europea.
La Fiscalía Europea (EPPO) ha arrestado al presunto cabecilla de un esquema de fraude de 100 millones de euros en Rumanía, vinculado a la mafia. La detención se produjo en el Aeropuerto Internacional Henri Coanda mientras el sospechoso intentaba huir del país. La investigación reveló que este ciudadano italiano lideraba un grupo criminal que utilizaba empresas italianas para obtener fondos de la UE mediante licitaciones fraudulentas relacionadas con la construcción y rehabilitación de infraestructuras de agua. Se descubrió que presentaron documentos falsos para demostrar su capacidad financiera y ganaron contratos por más de 100 millones de euros, aunque no realizaron ninguna obra. La EPPO, apoyada por las autoridades rumanas y OLAF, investiga el caso tras alertas sobre irregularidades graves.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha arrestado a dos personas y una institución educativa bajo sospecha de fraude por subsidios y falsificación de documentos. La investigación se centra en un jardín de infancia que recibió más de 255,000 euros en fondos cofinanciados por el Fondo Social Europeo y el presupuesto croata, destinados a mejorar servicios para niños. Se alega que los sospechosos presentaron informes falsos para justificar pagos y que la dueña del jardín exigió a su personal devolver parte de sus salarios. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha logrado cuatro condenas en Lituania relacionadas con un esquema de contrabando de tabaco que evadió casi 10 millones de euros en impuestos. Entre los condenados se encuentran dos ex funcionarios de aduanas y dos ciudadanos bielorrusos, quienes fueron hallados culpables de contrabando y abuso de poder. El tribunal impuso multas significativas y confiscó bienes utilizados en el delito. Esta operación involucró el transporte ilegal de más de tres millones de paquetes de cigarrillos desde Bielorrusia a la UE sin control aduanero. Los condenados tienen derecho a apelar la decisión ante el Tribunal de Apelación lituano.
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