Mientras las dos relatoras hablan de lo que está sucediendo en Gaza, el Ejército de Israel y los colonos judíos siguen atacando palestinos en Cisjordania. Ambas piden a los Estados miembros de la ONU a aplicar todas las medidas diplomáticas, políticas y económicas posibles, así como los procesos judiciales, para poner fin “a este horror”.
La experta de la ONU en derechos humanos en el territorio palestino ocupado pide a los Estados que cumplan sus obligaciones e impongan un embargo de armas y sanciones a Israel.
La resolución de EE.UU. no pedía un alto el fuego inmediato y sostenido, sino que afirmaba su imperiosa necesidad. La representante de Washington dijo que la resolución ayudaría a presionar a Hamás para que acepte un acuerdo sobre el fin de los combates y la liberación de los rehenes. El representante ruso aseguró que el texto presentado era “insuficiente para salvar la vida de los civiles palestinos inocentes” y su “único propósito es engañar deliberadamente a la comunidad internacional”.
La falta de voluntad política, el cierre regular de los dos pasos fronterizos de entrada al enclave, la inseguridad debida a las operaciones militares y el colapso del orden civil son los principales obstáculos a la entrega de ayuda a los millones de palestinos necesitados.
Las agencias de la ONU temen un desastre humanitario "inimaginable" si se produce una incursión a gran escala del ejército israelí en Rafah, en el sur de Gaza. Señalan que las instalaciones hospitalarias del enclave están sobrecargadas y al borde del colapso y los trabajadore humanitarios siguen corriendo peligro ante la falta de garantías de seguridad y los continuos ataques.
Mientras crece la preocupación por cualquier nueva escalada de los combates en la superpoblada Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, la ONU advierte que cualquier intento de Israel de crear una zona de amortiguación, que implica la destrucción de infraestructura civil, podría constituir un crimen de guerra.
En una carta, 20 organizaciones no gubernamentales que trabajan en la Franja de Gaza han mostrado su “indignación” por el hecho de que algunos de los más grandes donantes de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, creada en 1949, hayan decidido suspender su financiación en este momento.
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La destrucción económica de Gaza supera los 18.500 millones de dólares. Esto equivale al 97% del PIB combinado de Cisjordania y Gaza en 2022, según un informe del Banco Mundial. Los sistemáticos bombardeos de Israel han dañado todos los sectores de la economía, especialmente la vivienda.
El comisionado general de la agencia para los refugiados palestinos califica la decisión como “indignante” y señala que con ella se obstruye de forma "intencional" la entrega de ayuda vital durante una hambruna provocada por el hombre.
El responsable de velar por los derechos humanos en el mundo asegura que el bloqueo israelí de Gaza, que dura ya 16 años, ha tenido graves consecuencias para la población y devastado la economía local. Como prueba, las agencias humanitarias dijeron que cada vez más niños están al borde de la muerte por inanición y que la hambruna puede ser ya una realidad en el norte de la Franja.
El texto rechazaba, además, el desplazamiento forzoso de la población civil palestina, incluidos mujeres y niños, en violación del derecho internacional, exigía la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y reclamaba un acceso humanitario sin trabas. Recibió 13 votos a favor, uno en contra (Estados Unidos) y una abstención (Reino Unido).
El responsable de derechos humanos de la ONU advierte sobre la probabilidad de que un número elevado de civiles, en su mayoría niños y mujeres, resulten muertos y heridos si Israel lleva a cabo una incursión militar a gran escala en Rafah, donde 1,5 millones de palestinos están hacinados. La agencia sanitaria señala que los suministros médicos que entran en Gaza son una gota en un océano de necesidades.
La población de Rafah se ha quintuplicado desde que estalló la guerra en el enclave el 7 de octubre. La intensificación de las hostilidades en esa ciudad podría conducir a la pérdida a gran escala de vidas civiles.
El titular de la ONU señala que cualquier empleado de la agencia para los refugiados palestinos implicado en los ataques del 7 de octubre tendrá que rendir cuentas, incluso mediante acciones penales. Sin embargo, pide a los gobiernos que garanticen la continuidad de unas operaciones humanitarias de las que dependen dos millones de personas en Gaza, brindando refugio, alimentos y asistencia sanitaria.
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