Por Alejandro A. Tagliavini
Desde niños nos han hecho creer que la máxima autoridad en una nación es el Estado, los políticos. Nos lo han inculcado desde que tenemos cuatro o cinco años en la escuela, esa escuela que, precisamente, responde a “programas de estudio” impuestos por los políticos y burócratas. Y, por si esto no fuera suficiente, luego utilizan los medios, recursos e influencias del Estado para intentar tapar las voces que los contradicen, como ocurre en la España de Pedro Sánchez
Pocos años atrás, mi madre estaba de turista por Vietnam. Le envié un email: "Si ves algún prisionero yanqui, intenta liberarlo". “Desde este McDonald’s solo veo mi Coca Cola delante” me contestó.
La LGBTIQAfobia se define como el rechazo, miedo o discriminación hacia las personas del colectivo LGBTIQA+. Este fenómeno no es una forma aislada de violencia, sino un sistema que abarca diversas discriminaciones como la homofobia, transfobia y bifobia. En España, los delitos de odio relacionados con la orientación sexual e identidad de género son recurrentes, aunque muchos casos no se denuncian, lo que sugiere que el problema es más amplio. Además, las personas LGBTI+ enfrentan discriminación en áreas como educación y empleo. La LGBTIQA*fobia también se manifiesta en actitudes cotidianas que perpetúan el rechazo a la diversidad afectiva y de género. Combatir esta forma de discriminación es esencial para construir una sociedad más justa.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha solicitado ante el Congreso un Pacto de Estado contra los discursos de odio, coincidiendo con el Día contra la LGTBIfobia. La presidenta Paula Iglesias destacó que la violencia hacia las personas LGTBI+ ha aumentado alarmantemente en los últimos años. A pesar de que España ocupa el primer lugar en el ranking de ILGA Europa en derechos LGTBI+, se requiere un compromiso urgente para frenar los discursos de odio y garantizar una igualdad real. La FELGTBI+ busca convertir su crítica en un pacto político que promueva un entorno seguro y libre de discriminación.
Cuando se opina sobre comportamientos sociales o individuales se suele mezclar ciencia con ideología. Se suelen mezclar datos “objetivos”, reales, con deseos, imaginación, expectativas.
La percepción del odio hacia la población LGTBI+ ha aumentado significativamente, según el informe "Estado del Odio 2026". Este estudio revela un incremento de al menos 8 puntos porcentuales en la percepción de acoso y discursos de odio desde 2024, alcanzando hasta 13 puntos en algunos casos. La investigación, que incluye 800 entrevistas, muestra que el 54% de las personas LGTBI+ ha experimentado algún acto de odio en el último año. Además, se destaca que el acoso ha pasado del 20% al 36%, y las agresiones físicas han aumentado del 7% al 22%. La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, enfatiza la urgencia de un Pacto de Estado contra los discursos de odio para garantizar una protección efectiva y duradera para este colectivo vulnerable.
Comencemos por estudiar qué es la ciencia. Según Jacques Maritain (cfr. 'Les degrés du savoir'), la ley científica no hace otra cosa que extraer la propiedad o la exigencia de un cierto indivisible ontológico, o sea, su naturaleza o esencia. Es decir, la ciencia es el estudio de la naturaleza y sus leyes (e. g. la ley de gravedad) que luego aplica la tecnología (e. g. para construir aviones).
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Por Alejandro A. Tagliavini
La cultura occidental ha hecho un culto de la “gratuidad” y, consecuentemente, condena lo que no es gratis como pecaminoso lo mismo que al comercio y el afán de lucro. Y todo esto se da contra la naturaleza -humana-, contra el orden del cosmos de modo que no tiene solución, el hombre no tiene solución dirían los “humanistas” que pretenden que todo sea gratis cuando lo que no tiene solución es la hipótesis que plantean porque es contraria a la verdad, ergo, al bien.
Un personaje, parásito del Estado, al que evidentemente le molestaba que estuviera -casualmente- registrando una situación peculiar, pretendió insultarme gritándome “mogólico” que, en un lunfardo poco agraciado, hace referencia a las personas con síndrome de down. Y no es el único que suele tener este tipo de actitudes, entonces me pareció importante darles una respuesta seria.
El Gobierno de España reafirma su compromiso con la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ en una declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministras y Ministros. Esta declaración, presentada en el contexto del Día Internacional contra la LGTBIfobia, destaca los avances en derechos LGTBI en España y la necesidad de continuar luchando contra la violencia y discriminación que enfrenta este colectivo. Se mencionan datos preocupantes sobre el aumento de prejuicios y delitos de odio hacia personas LGTBI+, así como la importancia de políticas públicas como la Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación. El Gobierno también subraya su papel internacional en la defensa de estos derechos, especialmente en un contexto donde más de 60 países vulneran los derechos LGTBI+.
La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, realizó una visita a Irak donde advirtió sobre el riesgo de una nueva escalada militar en Oriente Medio, que podría amenazar los avances logrados en la región. Durante su estancia, se reunió con altos funcionarios iraquíes y destacó la necesidad de acciones internacionales continuas para proteger a millones de personas afectadas por conflictos. Spoljaric también abordó la situación de los detenidos en Irak, incluyendo a niños que han vivido en campamentos durante años, subrayando que la responsabilidad de encontrar soluciones no debe recaer únicamente en Irak.
El informe "Estado del Odio 2026" revela que las personas LGTBI+ con ingresos inferiores a 1.000€ al mes enfrentan el doble de exposición al odio en comparación con aquellas con mayores recursos. El estudio, realizado por la Federación Estatal LGTBI+ y 40dB, indica que el 50% de las personas de bajos ingresos sufren acoso por LGTBIfobia, frente al 20% de quienes tienen mejores condiciones económicas. Además, se destaca que el entorno laboral es un lugar crítico para la violencia hacia este colectivo, con un aumento significativo de agresiones y discriminación. La presidenta de la Federación, Paula Iglesias, subraya la importancia de implementar el Real Decreto para garantizar la igualdad LGTBI+ en los espacios de trabajo, lo que podría reducir la violencia y mejorar la seguridad laboral para este grupo vulnerable.
En 2025, el Ministerio de Sanidad de España registró más de 18.500 agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), lo que equivale a 24,37 agresiones por cada 1.000 trabajadores. Este número representa un aumento del 8,74% respecto al año anterior. La mayoría de las agresiones fueron no físicas, como insultos y amenazas, y afectaron principalmente a mujeres (80%). La Atención Primaria fue el ámbito con más incidentes, seguido de la Atención Hospitalaria. Las causas más comunes de las agresiones están relacionadas con la atención recibida y las demandas de los pacientes. El informe destaca la necesidad de fortalecer la protección del personal sanitario y mejorar la respuesta institucional ante estos incidentes.
La ONU ha alertado sobre un aumento alarmante en el reclutamiento de niños por bandas en Haití, donde la violencia pandillera ha desplazado a familias y restringido el acceso a educación y servicios básicos. Los menores, especialmente vulnerables debido a la pobreza y la falta de oportunidades, son cada vez más susceptibles a unirse a estas organizaciones delictivas. Alrededor del 45% de la población haitiana es menor de 18 años, lo que agrava la situación. Los niños reclutados enfrentan graves riesgos, incluyendo violencia, abuso y explotación sexual. La respuesta internacional se centra en fortalecer los sistemas de protección infantil y restablecer el acceso a la educación para prevenir el reclutamiento.
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