Vivienda

El Gobierno español ha iniciado el proceso para blindar el derecho al aborto en la Constitución, según anunció la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría. Esta medida busca proteger los derechos de las mujeres frente a posibles ataques de la derecha y la ultraderecha. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, enfatizó que esta propuesta reconoce por primera vez la libertad de las mujeres sobre su propio cuerpo y su proyecto de vida. Este avance se produce en un contexto donde los derechos de las mujeres están bajo amenaza, destacando acciones recientes de gobiernos del Partido Popular y Vox que han cuestionado estos derechos. Además, se presentaron iniciativas relacionadas con el acceso a vivienda pública como parte del compromiso del Gobierno para garantizar derechos fundamentales.

El gobierno predica prosperidad mientras crecen la inflación, los desahucios o la deuda.

La Ertzaintza, en colaboración con la Policía Local de Sondika y la Policía Nacional, llevó a cabo un operativo para desalojar un domicilio ocupado en el barrio Zangroiz de Sondika. El desalojo se realizó bajo una orden judicial y culminó sin incidentes, permitiendo que el inmueble fuera restituido a su propietario legítimo. Durante la operación, se identificaron a dos personas dentro de la vivienda ocupada y a tres más en un domicilio contiguo. Cuatro de los identificados fueron trasladados a dependencias policiales para verificar su situación legal en el país.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha anunciado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se enfocará en potenciar la rehabilitación de viviendas en entornos rurales. Durante su visita a Almagro, Ciudad Real, destacó que el plan incluirá ayudas adicionales para la rehabilitación de inmuebles en cascos históricos, lo que contribuirá a mejorar la dignidad y eficiencia energética de las viviendas, así como a preservar el patrimonio cultural. Rodríguez subrayó la importancia de la cohesión territorial para abordar los problemas de vivienda en España y participó en el 48 Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

El Ministerio de Vivienda de España ha alcanzado un acuerdo con Airbnb para la retirada de anuncios de pisos turísticos que no cuenten con un código de registro. Este compromiso incluye el envío mensual de información por parte de Airbnb sobre los anuncios publicados en su plataforma, facilitando así el cumplimiento de la normativa estatal. España se convierte en el primer país de la Unión Europea en implementar esta regulación, que busca combatir el fraude en alquileres turísticos y garantizar el derecho a una vivienda digna. A partir de agosto de 2025, Airbnb deberá proporcionar datos sobre los números de registro correspondientes, y retirará anuncios irregulares tras notificar a los anfitriones, quienes tendrán un plazo para corregir las irregularidades antes de la eliminación definitiva del anuncio.

Más de 215.000 alojamientos de corta duración en España han solicitado su Número de Registro del Alquiler desde el 2 de enero, un requisito obligatorio a partir del 1 de julio para operar en plataformas de alquiler turístico. La ministra Isabel Rodríguez destacó la importancia de esta regulación para combatir el turismo ilegal y el fraude en los alquileres. Hasta ahora, se han registrado 215.438 solicitudes, con un notable aumento del 165,73% en junio. La mayoría de las solicitudes provienen de comunidades costeras como Andalucía, Baleares y Canarias, donde se concentra el 82,22% de los registros activos. Este sistema busca asegurar la legalidad y transparencia en el sector del alquiler turístico en España.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha subrayado la importancia del acuerdo entre administraciones durante la reciente Conferencia Sectorial de Vivienda. Afirmó que «o trabajamos juntas o no conseguiremos sacar proyectos adelante», destacando la necesidad de colaboración para impulsar iniciativas como la construcción de 250 viviendas en alquiler asequible en Gijón. Este proyecto, con una inversión total de 8,97 millones de euros en ayudas directas y un préstamo de 35,1 millones, busca ofrecer opciones de vivienda a precios accesibles, con un alquiler promedio entre 354€ y 663,75€. Además, el Gobierno ha destinado más de 308 millones a políticas de vivienda en Asturias desde 2018, movilizando la construcción y rehabilitación de miles de viviendas.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha presentado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en una reunión con sindicatos y empresarios. Este plan busca establecer un sistema público de acceso a la vivienda mediante políticas efectivas. Durante el encuentro, se abordó la preocupación por el aumento de precios en el sector inmobiliario y se discutieron medidas para fomentar el alquiler asequible y promover la vivienda pública. La ministra destacó la importancia del papel de los sindicatos en la defensa del derecho a la vivienda y de los empresarios en la creación de empleo e inversión en construcción.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y líder del PSOE, ha destacado en una reunión interparlamentaria que las principales prioridades de su administración para este curso político son la defensa de la paz, el crecimiento económico y la vivienda. En su discurso, Sánchez solicitó que Israel sea excluido de competiciones internacionales y enfatizó la importancia de la paz y el derecho internacional. A nivel económico, anunció un aumento en las previsiones de crecimiento para 2025 y subrayó que desde 2018 los españoles han visto mejorar su nivel adquisitivo. En cuanto a vivienda, se comprometió a eliminar miles de viviendas turísticas del mercado y a triplicar inversiones en comunidades que colaboren con el gobierno. También criticó al PP por desviar fondos públicos y no priorizar servicios esenciales.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha logrado la retirada de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb, tras el respaldo judicial a sus acciones. Además, se han identificado otros 55.000 anuncios que carecen del número de registro obligatorio según la legislación vigente. Esta medida refuerza el compromiso del ministerio de garantizar el derecho a la vivienda y hacer cumplir la legalidad frente a los intereses de grandes multinacionales. La Unidad de Análisis de Consumo continuará trabajando para detectar y denunciar más anuncios ilegales en plataformas de alquiler turístico.

Un informe de Greenpeace revela que la pobreza energética en verano afecta a una de cada tres familias en España, duplicando la incidencia de invierno. Las altas temperaturas, que alcanzan hasta 48 ºC en viviendas mal aisladas de Málaga, Valencia y Madrid, obligan a muchas familias a elegir entre costosas facturas eléctricas o soportar un calor extremo. Greenpeace exige al Gobierno una rehabilitación masiva de viviendas y la promoción de energías renovables para garantizar el derecho a una vivienda digna y sostenible. La situación es más crítica para las familias vulnerables, especialmente aquellas en régimen de alquiler.

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida (IU), ha expresado su satisfacción por la inclusión de medidas anticorrupción en el plan anunciado por el presidente Pedro Sánchez. Maíllo considera que este es un paso positivo hacia la lucha contra la corrupción en España, aunque subraya la necesidad de abordar también políticas sociales y de vivienda. Destacó que cinco propuestas prioritarias de IU han sido incorporadas al plan, incluyendo el fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción y la protección de denunciantes. Además, señaló la importancia de centrar los debates presupuestarios en temas de vivienda para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha entregado al Ayuntamiento de Madrid datos postales de 3.565 pisos turísticos ilegales para su inspección y cierre. Esta acción se enmarca en un esfuerzo por regular el sector turístico en la capital, donde se han identificado más de 15.000 alojamientos operando sin licencia, contrastando con solo 1.131 licencias concedidas por el Consistorio. El ministro Pablo Bustinduy busca facilitar la labor del Ayuntamiento para recuperar viviendas para uso residencial y combatir la proliferación de pisos turísticos ilegales. Esta colaboración incluye la entrega de anuncios que demuestran que estos alojamientos están activos, permitiendo al Ayuntamiento tomar medidas inmediatas.