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El Gobierno de España ha decidido invertir 44 millones de euros en el fondo Culture CAP7, con el objetivo de financiar producciones audiovisuales. Esta medida forma parte del plan Spain Audiovisual Hub, que busca fortalecer el sector audiovisual y fomentar la creación de nuevas empresas, especialmente pymes, generando empleo y promoviendo un entorno empresarial innovador. Desde su lanzamiento en 2021, el plan ha movilizado un total de 1.600 millones de euros y se espera que esta nueva inversión contribuya a mejorar la resiliencia del sector y su capacidad para competir en el mercado global. La operación se canalizará a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), que gestiona este fondo especializado en cultura y audiovisual.

El Gobierno de España ha abierto un proceso excepcional para incluir en la declaración de zonas afectadas por emergencias de protección civil aquellos incendios no comunicados por las comunidades autónomas entre el 23 de junio y el 25 de agosto. Esta medida busca garantizar que los damnificados reciban las ayudas estipuladas en el Real Decreto 307/2005, evitando que la falta de comunicación perjudique a ciudadanos y territorios afectados. La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha instado a las comunidades a informar sobre estas emergencias para que puedan beneficiarse de la declaración correspondiente.

El Gobierno de España ha habilitado un procedimiento para que los damnificados por los 114 incendios forestales graves ocurridos en las últimas semanas soliciten ayudas y subvenciones. El Consejo de Ministros ha declarado zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil, lo que permite a los afectados acceder a diversas ayudas según la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Desde el 24 de junio, se han registrado 121 emergencias, incluyendo riadas e inundaciones en varias comunidades autónomas. Las ayudas incluyen compensaciones por daños personales y materiales, así como exenciones fiscales y laborales para facilitar la recuperación de las áreas afectadas.

Izquierda Unida ha llevado al Congreso la preocupación por el reciente incendio en la Mezquita de Córdoba, solicitando información sobre si se descarta que el siniestro sea resultado de una gestión inadecuada del Cabildo. La iniciativa, respaldada por todos sus diputados, cuestiona las prácticas actuales y exige medidas para evitar que la Mezquita se utilice como almacén de materiales inflamables. IU critica la gestión del patrimonio cultural y destaca que el incendio afectó zonas de gran valor histórico. Además, reclama al Gobierno que garantice la rehabilitación de los daños y un reconocimiento jurídico de la titularidad pública del monumento.

El Gobierno de España ha aprobado en su último Consejo de Ministros una ampliación de tres semanas en los permisos de nacimiento y cuidado de menores, elevando el total a 19 semanas. Esta medida se alinea con la Directiva (UE) 2019/1158 y permite que dos de estas semanas se disfruten hasta que el menor cumpla ocho años. Las familias monoparentales podrán acceder a un total de 32 semanas, con cuatro semanas disponibles hasta que el niño alcance esa edad. La nueva normativa busca promover la conciliación laboral y familiar, garantizando una tasa de reemplazo del 100% para ambos progenitores durante el permiso. Esta iniciativa refuerza el compromiso del Gobierno por fomentar una sociedad más corresponsable y mejorar las condiciones laborales en torno a la crianza.

El Congreso de España ha aprobado la actualización de las entregas a cuenta para Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, garantizando en 2025 los mayores recursos de su historia. La medida, defendida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, busca reforzar políticas públicas en áreas como sanidad y educación. Las Comunidades Autónomas recibirán 158.167 millones de euros, un incremento del 2,5% respecto al año anterior. Además, los Ayuntamientos contarán con una financiación récord de 28.734 millones, lo que representa un aumento significativo en comparación con años anteriores. Esta decisión refuerza el compromiso del Gobierno con la autonomía financiera de las administraciones locales.

El Gobierno de España ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) 2025, que incluye 1.241 plazas para personal de los Organismos Públicos de Investigación. Esta convocatoria contempla 602 plazas de ingreso libre y 639 por promoción interna, representando un aumento significativo del 38,4% en las plazas de acceso libre y del 112,3% en las de promoción interna respecto a 2018. La ministra Diana Morant destacó que esta medida busca fortalecer el empleo estable en el sistema público de ciencia y atraer talento investigador. Además, se implementarán mejoras en los procesos selectivos para hacerlos más ágiles y accesibles, incluyendo medidas para fomentar la inclusión de personas con discapacidad.

Organizaciones como ECODES, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Fundación Renovables y Mighty Earth han presentado una propuesta al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para incluir un plan de reducción de emisiones de metano en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Este gas es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero en España, representando el 18,62 % de las emisiones totales en 2023. Se requiere un compromiso interministerial para abordar esta problemática, ya que el metano tiene un potencial de calentamiento global significativamente mayor que el dióxido de carbono. Las organizaciones destacan la urgencia de implementar medidas eficaces para mitigar el cambio climático y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

El Gobierno de España ha habilitado un procedimiento para que los damnificados por los 114 incendios forestales graves ocurridos en las últimas semanas soliciten ayudas y subvenciones. El Consejo de Ministros ha declarado zonas afectadas por una emergencia de protección civil, permitiendo a los afectados acceder a diversas ayudas según la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Desde el 24 de junio, se han registrado 121 emergencias, incluyendo también inundaciones debido a fuertes lluvias. Las ayudas abarcan daños personales y materiales, así como beneficios fiscales y laborales para las comunidades impactadas.

El Gobierno de España ha aprobado destinar cerca de 13 millones de euros para financiar los programas de empleo y formación TándEM en administraciones públicas, según lo anunciado el 26 de agosto de 2025. Esta iniciativa, gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de personas desempleadas a través de proyectos que combinan formación y experiencia laboral. Los participantes podrán obtener certificados de profesionalidad que acrediten su formación. El plazo de ejecución abarca los años 2025 y 2026, continuando con la colaboración entre el SEPE y otros organismos del Estado. En la convocatoria anterior, se beneficiaron 836 personas a través de 52 proyectos en diversas localidades españolas.

Greenpeace ha exigido al Gobierno español mayor contundencia en la regulación del oligopolio energético, tras valorar positivamente el nuevo decreto antiapagones que limita su poder. La organización ecologista critica la falta de impulso al autoconsumo y denuncia la eliminación de la Evaluación de Impacto Ambiental para baterías hibridadas con energías renovables, considerándola una medida peligrosa. Además, solicita la publicación de los nombres de las centrales nucleares y de gas que no respondieron durante el apagón reciente, abogando por la transparencia y la protección de los ciudadanos frente a los intereses del oligopolio. Greenpeace también pide medidas adicionales para acelerar la transición energética y regular el uso especulativo de las hidroeléctricas, enfatizando la necesidad de un sistema eléctrico 100% renovable para 2040.

El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha autorizado una inversión de 125 millones de euros en los fondos Axon Innovation Growth y Big Sur Ventures. Esta iniciativa busca fomentar el desarrollo de startups y scale-ups enfocadas en tecnologías transformadoras como computación en la nube, big data, inteligencia artificial, Internet de las Cosas y ciberseguridad. La inversión se realiza mediante la facilidad Next Tech, que tiene como objetivo impulsar la financiación en el sector tecnológico. Además, SETT gestiona otros instrumentos financieros para fortalecer el ecosistema empresarial tecnológico en áreas como microelectrónica y digitalización audiovisual.

El Gobierno español ha enviado al Congreso el Proyecto de Ley de Información Clasificada, que reemplaza a la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esta nueva normativa, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, busca equilibrar la clasificación de información sensible con el derecho a la transparencia y acceso a la información. La ley introduce plazos claros para la desclasificación automática, estableciendo categorías como "Alto Secreto", "Secreto", "Confidencial" y "Restringido", con límites temporales específicos. También se crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada y se implementa un régimen sancionador más proporcional. Con esta iniciativa, España se alinea con las legislaciones avanzadas de la UE y OTAN en materia de información clasificada.

Se afanan, de un lado y otro, en extender el mantra del "todos son iguales", algo que puede suponer un combustible muy eficaz para quienes pretenden que todo arda. Los de la derecha posesiva porque nunca aceptaron ni aceptarán las reglas de una democracia madura como la nuestra. Los de aquel momento de “el cambio”, desde la nostalgia, se sienten dueños de un pasado marcado por un bipartidismo imperfecto y conveniente, que acomodaba casos de corrupción y "tranquilidad" entre los poderosos.