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gobierno de espana

13/02/2025@13:51:29

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado los notables resultados del sector primario en 2024, destacando un Valor Añadido Bruto (VAB) histórico de 68.340 millones de euros y un incremento del 14,2% en la renta agraria. Además, las exportaciones agroalimentarias alcanzaron más de 74.400 millones de euros, con un saldo positivo en la balanza comercial de casi 20.000 millones. Planas también mencionó las medidas gubernamentales para apoyar a agricultores y ganaderos frente a desafíos como la guerra en Ucrania y la sequía.

La Seguridad Social ha finalizado con éxito la primera fase de regularización de autónomos, permitiendo la devolución de importes a aquellos que cotizaron por encima de su base correspondiente durante 2023. Este proceso, que comenzará en marzo, es resultado de una reforma aprobada por el 75% del Congreso y busca equiparar las cotizaciones de los autónomos con las de los trabajadores asalariados. El secretario de Estado de la Seguridad Social destacó la importancia de esta reforma para mejorar las pensiones futuras de los autónomos, quienes actualmente reciben pensiones significativamente más bajas que sus contrapartes en el Régimen General. La regularización se realizó automáticamente, sin necesidad de solicitudes por parte de los trabajadores.

El Gobierno de España y los sindicatos CC.OO. y UGT han firmado un acuerdo que establece el nuevo Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI) para 2025 en 1.184 euros mensuales, distribuidos en 14 pagas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, destacó la importancia de este acuerdo para equilibrar los beneficios empresariales con salarios justos, buscando mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Además, se abrirá una Mesa de Diálogo Social para abordar la modernización de la normativa del SMI y garantizar su actualización automática. Este acuerdo es un paso clave hacia una remuneración equitativa y suficiente en el contexto laboral español.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado que la clave del éxito económico y social de España radica en la inversión histórica en I+D+I, alcanzando más de 22.000 millones de euros en 2023. Durante su comparecencia en el Congreso, subrayó que esta inversión representa el 1,49% del PIB y es más del doble que la media de la UE. Además, anunció una nueva convocatoria de ayudas de 31 millones de euros para proyectos de investigación en Inteligencia Artificial y resaltó la creación de más de 5.700 empleos para investigadores desde 2021. Morant también mencionó la resolución récord de expedientes de homologaciones y equivalencias en 2024, destacando el compromiso del Gobierno con la ciencia y la innovación como pilares fundamentales para el desarrollo del país.

El derecho al olvido oncológico es una nueva medida aprobada en España que permite a las personas que han padecido cáncer no tener que declarar su historial médico al contratar seguros de vida o productos bancarios, una vez transcurridos cinco años desde la finalización del tratamiento sin recaídas. Esta normativa busca evitar la discriminación y proteger los derechos de los pacientes oncológicos, cumpliendo con iniciativas europeas en la lucha contra el cáncer. La ley prohíbe cláusulas que excluyan a personas por haber tenido cáncer y permite la eliminación de datos médicos relacionados bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha anunciado la asignación de cerca de 42 millones de euros para consolidar la carrera de 221 investigadores en España. Esta iniciativa, parte de la convocatoria 'Consolidación Investigadora 2024', busca fomentar la creación de plazas permanentes y fortalecer líneas de investigación en el sistema español de I+D+I. La ministra Diana Morant enfatizó el compromiso del Gobierno con mejorar las oportunidades para científicos en el país. Los fondos también se destinarán a la modernización de laboratorios y equipamiento científico, apoyando proyectos relevantes como el estudio del cambio climático y enfermedades como el cáncer.

El 27 de enero de 2025, en Bruselas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, presentó la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA) al comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen. Este documento establece la posición de España frente a desafíos alimentarios futuros y busca posicionar al país como una potencia agroalimentaria global. La ENA aborda temas críticos como el cambio climático, la seguridad del abastecimiento alimentario y la sostenibilidad, estructurándose en seis ejes clave: seguridad alimentaria, sostenibilidad, revitalización del medio rural, nutrición y salud, innovación y tecnología, e información al consumidor. Esta estrategia es prioritaria para el Gobierno español en su objetivo de construir un sistema alimentario sostenible en Europa.

La cumbre para el impulso de la movilidad eléctrica en España, celebrada en Barcelona, reunió a destacados líderes como el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y presidentes autonómicos. Durante el evento se firmó la "Declaración de Casa Seat", que promueve el desarrollo de instrumentos para facilitar la adquisición de vehículos eléctricos y mejorar la infraestructura de recarga en el país. Aquí se destacó la colaboración público-privada como clave para avanzar hacia una movilidad más sostenible. Además, se reconocieron las inversiones del Grupo Volkswagen y otros fabricantes en el sector.

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se incrementará un 4,4% en 2025, alcanzando los 1.184 euros mensuales en 14 pagas, lo que representa un aumento de 700 euros anuales respecto a años anteriores. Este salario mínimo es la retribución básica que debe recibir un trabajador por su jornada laboral y se aplica de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2025. Además, las empleadas del hogar recibirán al menos 9,26 euros por hora trabajada. Desde 2018, el SMI ha aumentado un 61%, beneficiando a millones de trabajadores en España.

El Gobierno de España, a través de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado un nuevo Reglamento para actualizar el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. Este reglamento, que se comenzará a tramitar el 10 de febrero, busca atender las necesidades actuales de los españoles en el extranjero y facilitar su retorno. Se enfocará en la protección de ciudadanos vulnerables, atraer talento científico y establecer un Centro de Memoria de la Emigración Española. Además, incluirá un Plan Estatal de Retorno Voluntario para ayudar a los españoles que deseen regresar al país. La normativa está prevista para entrar en vigor en 2025 y responde a los cambios demográficos y sociales experimentados por la comunidad española en el exterior.

Los derechos digitales son la extensión de los derechos ciudadanos al entorno digital, asegurando la protección de principios fundamentales como la privacidad, libertad de expresión y acceso a internet. Cada país desarrolla su propia Carta de Derechos Digitales, adaptándose a sus necesidades y marco legal. El Gobierno de España ha creado el Observatorio de Derechos Digitales para promover la implementación y difusión de estos derechos, financiado por los Fondos Next Generation EU. Además, se busca garantizar que los derechos existentes se adapten a los desafíos tecnológicos actuales, fortaleciendo así la democracia en la era digital.

El Gobierno de España ha anunciado la financiación anticipada de más de 370 obras de reparación y reconstrucción de infraestructuras municipales afectadas por la DANA, con un presupuesto total de 1.745 millones de euros. Esta medida, liderada por el ministro Ángel Víctor Torres, busca acelerar la recuperación de los municipios afectados en la provincia de València, Albacete, Cuenca y Málaga. La nueva orden ministerial establece que se cubrirá el 100% de los costos, permitiendo a los ayuntamientos firmar acuerdos para la ejecución de las obras. Además, se ha creado un Comité de Expertos para asesorar en la reconstrucción y garantizar una respuesta efectiva ante futuras crisis climáticas.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, ha entregado al comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA). Este documento es clave para posicionar a España como una potencia agroalimentaria en el contexto europeo y aborda desafíos actuales como el cambio climático y la seguridad alimentaria. La ENA se centra en seis ejes estratégicos: seguridad alimentaria, sostenibilidad, revitalización del medio rural, nutrición y salud, innovación y tecnología, e información al consumidor. Esta iniciativa es prioritaria para el Gobierno español y busca construir un sistema alimentario sostenible que garantice el abastecimiento a precios asequibles.

El Gobierno de España ha reafirmado su condena al antisemitismo y a todas las formas de odio y discriminación en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto y el 80º aniversario de la liberación de Auschwitz. En este contexto, se rinde homenaje a los seis millones de judíos y otros cuatro millones de víctimas del Holocausto, incluyendo a 10.000 españoles. El comunicado destaca la importancia de fomentar una sociedad europea tolerante y rechazar la negación y trivialización del Holocausto, mientras España continúa su lucha activa contra el antisemitismo.

El Ministerio de Hacienda de España ha enviado a la Comisión Europea la documentación necesaria para acceder al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea tras las recientes inundaciones. Este fondo es clave para apoyar la recuperación de desastres naturales y refleja la solidaridad entre los Estados miembros. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ya había manifestado la intención de España de acogerse a este recurso el 4 de noviembre. La documentación presentada detalla gastos por un total de 4.404 millones de euros, que cumplen con los requisitos establecidos por el reglamento del fondo. Se espera que la Comisión evalúe esta información y asigne una ayuda que será inferior al monto solicitado, dado que el presupuesto total disponible es de 1.500 millones. El proceso puede tardar varios meses antes de que se firme un acuerdo y se liberen los fondos.