Más de 50 organizaciones, incluyendo grupos ecologistas y sociales, han exigido al Gobierno de España el cumplimiento del calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz, previsto para 2027 y 2028. Alertan que prorrogar su funcionamiento hasta 2030 podría costar a los ciudadanos más de 3.800 millones de euros y poner en riesgo inversiones en energías renovables por un total de 26.129 millones. El manifiesto destaca la necesidad de avanzar hacia fuentes de energía renovables y critica la gestión actual de residuos radiactivos. Las organizaciones piden el cierre inmediato de los reactores y una transición energética efectiva antes de 2035.
Greenpeace Internacional ha respondido a la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción de petróleo en 206.000 barriles diarios, en medio del conflicto en Oriente Medio y las interrupciones en el estrecho de Ormuz. Mads Christensen, director ejecutivo de Greenpeace, enfatiza que esta medida no resuelve la dependencia global de los combustibles fósiles, que pone en riesgo la paz y la seguridad. Aboga por soluciones sostenibles y diplomáticas, destacando que las energías renovables pueden ofrecer una alternativa local y libre de conflictos geopolíticos. Además, Greenpeace solicita un alto el fuego inmediato y el respeto al derecho internacional para aliviar el sufrimiento de la población civil afectada por la violencia.
Más de 100 organizaciones, incluyendo Greenpeace y Amnistía Internacional, han exigido al Gobierno de España que se sume al Tratado sobre los Combustibles Fósiles durante el evento “Por una Transición Justa de los Combustibles Fósiles” en Madrid. La declaración presentada destaca la necesidad de un mecanismo legal internacional para frenar la extracción de combustibles fósiles, principal causa de la emergencia climática. Las organizaciones piden a España que asuma un liderazgo político en la próxima Conferencia de Santa Marta y promueva un plan vinculante para una transición energética justa y sostenible. Este llamado se produce a dos meses del evento internacional que busca abordar la dependencia de los combustibles fósiles y sus impactos sociales y ambientales.
Las principales organizaciones ambientales de España, incluyendo Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han solicitado a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, que no modifique la Directiva Marco del Agua. Estas entidades expresan su preocupación por la desregularización ambiental y la posible reducción de estándares que podrían comprometer la calidad de los ecosistemas acuáticos y la protección de hábitats y especies. Además, advierten sobre iniciativas legislativas que podrían debilitar normativas clave para la biodiversidad y el medio ambiente. Las organizaciones piden un refuerzo de las regulaciones existentes para asegurar una transición ecológica efectiva.
El Foro Social Más Allá del Crecimiento ha reunido a más de 700 personas y 124 organizaciones para establecer una hoja de ruta hacia una transición ecosocial justa, que desafíe el modelo capitalista de crecimiento infinito. Durante el evento, se presentaron los 11 Pactos Ecosociales, que abordan áreas clave como energía, alimentación, agua, vivienda y democracia. Activistas destacados como Ada Colau y Fernando Valladares participaron en diálogos sobre la creación de un movimiento social más allá del crecimiento. El Foro busca promover un cambio colectivo que priorice el bienestar humano dentro de los límites ecológicos, enfrentando las crisis sociales y ambientales actuales.
Greenpeace ha reaccionado a la comparecencia del Presidente del Gobierno sobre la crisis ferroviaria, valorando positivamente el reconocimiento de los problemas y la preocupación social. La organización destaca la necesidad de elevar los estándares de calidad y recuperar la confianza en el tren mediante una comunicación transparente y un plan de inversión centrado en el mantenimiento y seguridad de la red existente. Greenpeace subraya que es esencial priorizar el mantenimiento preventivo y adaptarse a los riesgos climáticos para garantizar un servicio ferroviario seguro y fiable. Además, insta a la clase política a mantener un debate responsable sobre este medio de transporte vital para millones de personas, advirtiendo que sin un tren de calidad no habrá cohesión social ni transición ecológica.
Un informe de Greenpeace revela que en España, el 10% de los beneficiarios de la Política Agrícola Común (PAC) recibe el 62% del total de las subvenciones, mientras que el 1% más rico acapara el 28%. Este desbalance se refleja en la concentración de ayudas, donde el 20% superior recibe un 79% del dinero. Los agricultores europeos están protestando en Estrasburgo para exigir una distribución más equitativa de las subvenciones. Greenpeace aboga por reformas que prioricen a pequeñas explotaciones y acciones climáticas, sugiriendo que al menos el 50% del presupuesto de la PAC se destine a iniciativas ambientales. La situación actual fomenta la desigualdad y amenaza la viabilidad de pequeñas explotaciones, lo que plantea serias preocupaciones sobre el futuro agrícola en Europa.
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Greenpeace ha alertado sobre el riesgo de que el plan del Parlamento Europeo para abordar la crisis de la vivienda favorezca a promotores inmobiliarios y especuladores, comprometiendo la calidad de las viviendas y la protección ambiental. A pesar de que se han aprobado medidas para financiar vivienda asequible y limitar los alquileres de corta duración, se han rechazado propuestas que consagran la vivienda como un derecho humano. Greenpeace enfatiza la necesidad de priorizar estándares de construcción y eficiencia energética para garantizar viviendas dignas y sostenibles, instando a la UE a proteger a las personas frente a intereses empresariales. Además, se solicita una transición hacia sistemas de calefacción renovables para reducir el consumo de gas fósil en el sector residencial.
Greenpeace Internacional ha expresado su profunda preocupación por los recientes ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, instando a la protección de la población civil y las infraestructuras críticas. Mads Christensen, director ejecutivo de Greenpeace, destacó que estos ataques solo agravan el sufrimiento del pueblo iraní, que ya enfrenta una severa represión. La organización enfatiza que tales acciones no traerán estabilidad ni seguridad, y llama a todas las partes a detener cualquier acción militar y retomar negociaciones bajo supervisión internacional. Además, Greenpeace advierte sobre los daños ambientales a largo plazo que conllevan los conflictos bélicos y hace un llamado urgente a priorizar la diplomacia para evitar una escalada mayor.
Greenpeace ha alertado sobre los peligros de los recipientes de plástico etiquetados como "aptos para microondas", que pueden liberar millones de micro y nanoplásticos, así como sustancias químicas tóxicas en los alimentos. Un informe revela que calentar estos envases puede incrementar la contaminación química, exponiendo a los consumidores a riesgos graves para la salud, incluyendo cáncer y trastornos hormonales. Greenpeace insta a los gobiernos a actuar con urgencia ante esta crisis de plásticos, advirtiendo que las etiquetas engañosas ofrecen una falsa sensación de seguridad. La producción de platos preparados envasados en plástico está en aumento, lo que agrava el problema del uso excesivo de plásticos en el sistema alimentario global.
Greenpeace ha expresado su preocupación respecto al nuevo fondo "España crece", que movilizará 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para la construcción de viviendas. María Prado, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, señala que este enfoque ignora el verdadero problema del déficit habitacional, ya que existe una burbuja especulativa y un 14% de viviendas vacías en el país. La organización aboga por rehabilitar las viviendas existentes y garantizar su acceso, destacando que se pueden rehabilitar hasta 10 millones de viviendas para 2040, lo que mejoraría el bienestar colectivo y reduciría la pobreza energética. Greenpeace pide al Gobierno que priorice una economía más justa y sostenible, enfocándose en soluciones a largo plazo que beneficien a la ciudadanía en lugar de favorecer a grandes corporaciones.
Greenpeace ha denunciado el negacionismo climático de Donald Trump, afirmando que su apoyo a los combustibles fósiles pone en riesgo la salud pública y profundiza la dependencia energética de la Unión Europea (UE) hacia Estados Unidos. La organización exige que la UE rompa esta dependencia, especialmente tras firmar contratos de gas estadounidense por entre 190.000 y 210.000 millones de euros desde 2022, extendiéndose más allá de 2035, cuando se espera eliminar el gas fósil. Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, activistas de Greenpeace realizaron una protesta simbólica para resaltar el peligro que representa esta relación con líderes autoritarios. En España, las importaciones de gas estadounidense han alcanzado récords, lo que agrava la situación climática y económica del país. Greenpeace advierte que mantener estos contratos perjudica la transición hacia un sistema energético renovable y aumenta la vulnerabilidad geopolítica.
Greenpeace ha alertado sobre el agotamiento de la vida útil de los embalses españoles, que están bajo una presión climática creciente y no diseñada para las condiciones actuales. Muchas presas han superado su vida útil teórica de 50 a 75 años, lo que afecta su eficiencia operativa debido a la acumulación de sedimentos. La organización enfatiza que el enfoque debe cambiar hacia la mejora y mantenimiento de estas infraestructuras en lugar de construir nuevas. Además, destaca la importancia de invertir en restauración hidrológico-forestal para mitigar la erosión y mejorar la gestión del agua. Sin una acción decidida, la "garantía de agua" en España podría volverse insostenible ante futuros desafíos hídricos.
Greenpeace Nordic expresa su profunda preocupación por las amenazas y la hostilidad del presidente Donald Trump hacia Groenlandia. La organización defiende el derecho del pueblo groenlandés a determinar su futuro sin coerción ni violencia, criticando las erróneas preocupaciones de seguridad internacional del régimen de Trump. Además, llama a la comunidad internacional a actuar para proteger el derecho internacional y evitar más daños, recordando la reciente intervención militar en Venezuela.
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