Las organizaciones ecologistas Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife han presentado un recurso de alzada ante la Junta de Andalucía contra la autorización de la mina de Aznalcóllar. Este proyecto, que incluye el vertido de aguas contaminadas al estuario del Guadalquivir, plantea serios riesgos ambientales y legales. Las organizaciones denuncian irregularidades en el procedimiento y falta de evaluación adecuada sobre los impactos en ecosistemas protegidos como Doñana. La mina, que fue responsable de un gran desastre ambiental en 1998, podría comprometer aún más la biodiversidad del área. Se solicitan revisiones exhaustivas del expediente y garantías para proteger el medio ambiente.
Greenpeace ha denunciado que el nuevo objetivo climático de la Unión Europea para 2040, que propone una reducción del 90% de las emisiones netas de carbono, es insuficiente y presenta "trampas" en su implementación. La organización advierte que la propuesta permite compensar emisiones mediante pagos a países fuera de la UE, lo que dilata el necesario abandono de combustibles fósiles. Según Greenpeace, el Consejo Científico Asesor sobre el Clima de la UE recomienda una reducción entre el 90% y el 95%, y destaca que la UE debería alcanzar emisiones netas cero como muy tarde en 2040. A pesar de reconocer algunas medidas positivas en la propuesta, Greenpeace insiste en que se requieren políticas más ambiciosas para enfrentar la crisis climática.
Greenpeace investiga la ropa de segunda mano: cada prenda analizada recorre una media de 9.000 km y buena parte termina desechada en África o Asia. La Unión Europea estima que España sólo recoge selectivamente un 4 % de la ropa desechada. A partir de 2025 la responsabilidad de las empresas textiles sobre la gestión de los residuos será obligatoria.
El huracán ya ha dejado a casi tres millones de hogares sin suministro eléctrico y un número aún indeterminado de fallecidos en EEUU.
El pasado mes de febrero, la organización pidió amparo a Estrasburgo tras la última sentencia del Tribunal Supremo, que otorga competencias judiciales al Ayuntamiento de Carboneras (Almería). Es la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite una demanda presentada por Greenpeace España.
Las olas de calor son el evento meteorológico extremo más mortal en España: 8000 muertes atribuibles al calor extremo entre 2022 y 2023. En la conocida Puerta del Sol de Madrid las cámaras de Greenpeace midieron esta semana una temperatura de 54,8 ºC, mientras que en la cercana Plaza Mayor se alcanzaron los 63,5 ºC y en la plaza de Callao, se midieron más de 65 ºC.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF se oponen a que, con la excusa de acelerar el despliegue en la energía renovable, se modifiquen las directivas claves para la conservación de la naturaleza.
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Greenpeace España ha presentado alegaciones al proyecto de orden ministerial que establece una lista de frutas y hortalizas exceptuadas de la obligación de venta a granel, advirtiendo sobre el uso innecesario de plásticos en productos ecológicos. La organización denuncia que la lista es excesiva y carece de justificación científica, instando a limitar las excepciones solo a aquellos casos donde se demuestre un riesgo real. Además, Greenpeace enfatiza la necesidad de priorizar la venta a granel y el uso de envases reutilizables o compostables para combatir la contaminación por plásticos, especialmente en el contexto del Día Mundial sin Bolsas de Plástico.
Izquierda Unida y el Ministro de Transporte, Oscar Puente, han coincidido en la importancia de implementar un billete único para el transporte público colectivo en España, que abarque tanto autobuses como ferrocarriles. Durante un desayuno informativo, Puente anunció que este sistema comenzará a funcionar en 2026. La propuesta busca hacer el transporte más accesible y asequible, especialmente para los hogares con menos recursos económicos, y se alinea con una Proposición No de Ley aprobada en octubre de 2024. Este billete único es parte de una estrategia más amplia para fomentar la movilidad sostenible y combatir la pobreza relacionada con el transporte.
La proliferación de noticias falsas en momentos de crisis puede suponer graves riesgos para la integridad de las personas. Greenpeace desmonta algunos de los bulos que han surgido estos días a raíz de la DANA.
La Ley de Contratos del Sector Público exige incorporar criterios medioambientales en las contrataciones públicas pero, de facto, priman los criterios económicos sobre el fomento del producto ecológico o local. Greenpeace recuerda que, desde 1997, los usuarios de comedores escolares han aumentado un 76 %. Más de un millón de menores comen diariamente en comedores públicos.
Greenpeace ha enviado, dentro del plazo establecido por la Consejería de Vivienda, Territorio y Movilidad de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el proceso de información pública, sendas alegaciones al proyecto de macrogranja de gallinas ponedoras y recría Son Vanrell, promovida por Avícola Son Perot, en el término municipal de Sineu (Malllorca).
Escaladores de Greenpeace han desplegado una pancarta de 14 metros en la puerta de Alcalá, en el centro de Madrid, en la que se puede ver a Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo quemados y sudorosos, sufriendo los efectos del cambio climático en su piel.
Ante la entrada en vigor del embargo de la UE al crudo ruso, Greenpeace ha hecho un llamamiento a la Comisión Europea, los Estados miembros de la UE y especialmente al Gobierno español y los autonómicos y locales para que introduzcan medidas que reduzcan el consumo de petróleo de forma rápida.
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