Greenpeace

Un informe de Greenpeace revela que la pobreza energética en verano afecta a una de cada tres familias en España, duplicando la incidencia de invierno. Las altas temperaturas, que alcanzan hasta 48 ºC en viviendas mal aisladas de Málaga, Valencia y Madrid, obligan a muchas familias a elegir entre costosas facturas eléctricas o soportar un calor extremo. Greenpeace exige al Gobierno una rehabilitación masiva de viviendas y la promoción de energías renovables para garantizar el derecho a una vivienda digna y sostenible. La situación es más crítica para las familias vulnerables, especialmente aquellas en régimen de alquiler.

Greenpeace ha lanzado un urgente llamado a la Unión Europea para implementar nuevos impuestos a las empresas fósiles y alcanzar emisiones netas cero para 2040, en respuesta al alarmante aumento de muertes por olas de calor y otros desastres climáticos. En España, se reportan casi 10.000 muertes relacionadas con el calor extremo en los últimos tres años. La organización destaca que el cambio climático está detrás de eventos extremos como incendios, inundaciones y sequías, que agravan la crisis sanitaria y económica. Con la próxima Cumbre del Clima (COP30) en Brasil, Greenpeace enfatiza la necesidad de compromisos internacionales para abordar esta crisis global y proteger a las comunidades vulnerables.

La crisis climática ha provocado un aumento alarmante de las muertes por calor en Europa, triplicándose durante la ola de calor del 23 de junio al 2 de julio, según un estudio del Imperial College London. Greenpeace exige que las empresas de combustibles fósiles asuman su responsabilidad y paguen por los daños causados. En España, se estima que entre 400 y 800 muertes están relacionadas con este fenómeno, además de restricciones laborales y cierres escolares. La organización destaca que una encuesta revela que el 90% de los españoles apoya gravar a estas empresas para mitigar los efectos del cambio climático.

Greenpeace España ha presentado alegaciones al proyecto de orden ministerial que establece una lista de frutas y hortalizas exceptuadas de la obligación de venta a granel, advirtiendo sobre el uso innecesario de plásticos en productos ecológicos. La organización denuncia que la lista es excesiva y carece de justificación científica, instando a limitar las excepciones solo a aquellos casos donde se demuestre un riesgo real. Además, Greenpeace enfatiza la necesidad de priorizar la venta a granel y el uso de envases reutilizables o compostables para combatir la contaminación por plásticos, especialmente en el contexto del Día Mundial sin Bolsas de Plástico.

Izquierda Unida y el Ministro de Transporte, Oscar Puente, han coincidido en la importancia de implementar un billete único para el transporte público colectivo en España, que abarque tanto autobuses como ferrocarriles. Durante un desayuno informativo, Puente anunció que este sistema comenzará a funcionar en 2026. La propuesta busca hacer el transporte más accesible y asequible, especialmente para los hogares con menos recursos económicos, y se alinea con una Proposición No de Ley aprobada en octubre de 2024. Este billete único es parte de una estrategia más amplia para fomentar la movilidad sostenible y combatir la pobreza relacionada con el transporte.

Greenpeace ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que el Ayuntamiento de Carboneras ha presentado información que podría facilitar la legalización de la licencia de obras del hotel Algarrobico. A pesar de una sentencia judicial que obliga a revisar dicha licencia, el consistorio ha utilizado un plano que clasifica la zona como urbanizable, a pesar de que múltiples procedimientos judiciales han declarado nula esta clasificación. Greenpeace considera que esta acción es un intento del ayuntamiento por eludir el cumplimiento de las sentencias y se ha personado en el expediente para supervisar el proceso y asegurar que se respeten las decisiones judiciales previas.

Greenpeace ha exigido que el Reglamento de la UE sobre deforestación (EUDR) se implemente según lo previsto el 30 de diciembre de 2025, tras la aprobación de una moción en el Parlamento Europeo que busca derogar un reglamento clave para la evaluación comparativa de países. La organización advierte que cualquier retraso en la aplicación del EUDR tendría graves consecuencias para la protección de los bosques y la credibilidad de las políticas ambientales europeas. Greenpeace critica además la propuesta de introducir una categoría de "riesgo insignificante", que podría facilitar el blanqueo de productos insostenibles. La transparencia y trazabilidad en las cadenas de suministro son esenciales para combatir la deforestación.

Las organizaciones ecologistas Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife han presentado un recurso de alzada ante la Junta de Andalucía contra la autorización de la mina de Aznalcóllar. Este proyecto, que incluye el vertido de aguas contaminadas al estuario del Guadalquivir, plantea serios riesgos ambientales y legales. Las organizaciones denuncian irregularidades en el procedimiento y falta de evaluación adecuada sobre los impactos en ecosistemas protegidos como Doñana. La mina, que fue responsable de un gran desastre ambiental en 1998, podría comprometer aún más la biodiversidad del área. Se solicitan revisiones exhaustivas del expediente y garantías para proteger el medio ambiente.

Greenpeace ha denunciado que el nuevo objetivo climático de la Unión Europea para 2040, que propone una reducción del 90% de las emisiones netas de carbono, es insuficiente y presenta "trampas" en su implementación. La organización advierte que la propuesta permite compensar emisiones mediante pagos a países fuera de la UE, lo que dilata el necesario abandono de combustibles fósiles. Según Greenpeace, el Consejo Científico Asesor sobre el Clima de la UE recomienda una reducción entre el 90% y el 95%, y destaca que la UE debería alcanzar emisiones netas cero como muy tarde en 2040. A pesar de reconocer algunas medidas positivas en la propuesta, Greenpeace insiste en que se requieren políticas más ambiciosas para enfrentar la crisis climática.