El inmueble, ocupado ilegalmente, se utilizaba para alojar a alrededor de 60 trabajadores procedentes del norte de África, quienes sufrían explotación laboral debido a su situación de vulnerabilidad. El chalet, que le costaba a cada trabajador hasta 140 euros mensuales, carecía de ventilación adecuada y presentaba condiciones insalubres. Uno de los trabajadores, procedente de Senegal, fue agredido y atropellado por negarse a trabajar por seis euros diarios.
