Telecomunicaciones

El Gobierno español ha implementado un Plan contra las estafas telefónicas y por SMS que ha logrado bloquear 48 millones de llamadas fraudulentas y más de 2 millones de mensajes desde su inicio el 7 de marzo. El ministro Óscar López destacó que las medidas incluyen la identificación de llamadas comerciales, restringiendo estas a números específicos para proteger a los ciudadanos de fraudes. La media diaria de bloqueos ha aumentado significativamente tras la entrada en vigor de nuevas medidas en junio. Además, se creará una base de datos oficial para verificar identificadores en SMS, lo que facilitará la detección de intentos de suplantación.

El Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, ha anunciado un cambio normativo para combatir las llamadas spam. Las nuevas enmiendas, registradas en el Congreso tras un acuerdo entre Sumar y PSOE, obligarán a las compañías telefónicas a identificar las llamadas comerciales con códigos específicos y a bloquear aquellas que no los utilicen. Además, se declararán nulos los contratos obtenidos mediante llamadas no consentidas y se exigirá la renovación del consentimiento cada dos años. Estas medidas buscan proteger los derechos de los consumidores y reducir el volumen de quejas sobre llamadas no deseadas.

El Gobierno de España ha implementado un Plan contra las estafas telefónicas y por SMS que ha logrado bloquear 48 millones de llamadas fraudulentas desde su entrada en vigor el 7 de marzo de 2025. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, destacó que este plan ha aumentado la media diaria de bloqueos, pasando de 235,600 llamadas y 10,000 SMS en los primeros meses a más de 434,915 llamadas y 18,666 SMS en junio y julio. Las medidas incluyen el bloqueo de numeraciones no atribuidas y la prohibición de llamadas comerciales desde números móviles. Además, se creará una base de datos oficial para verificar identificadores alfanuméricos utilizados en SMS, con el objetivo de proteger a los ciudadanos de intentos de fraude.

Las multas de 2.000.000 de euros por cada poste ilegal podrían ser acaparadas por los expedientes sancionadores, según fuentes cercanas a la secretaría de Estado para las Telecomunicaciones.